HRW no cree en la reforma a la justicia penal militar

Mientras más poder tenga la justicia penal militar, habrá menos justicia en los casos en los que la fuerza pública esté implicada en violaciones al derecho internacional humanitario y derechos humanos. 

Así por lo menos lo piensa José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Él ha seguido la reforma de justicia militar colombiana con detenimiento y ahora, cuando el proyecto superó dos de los cuatro debates en el Senado, vuelve a encender las alarmas sobre lo que podría ocurrir con las víctimas y con el sistema judicial del país si finalmente se aprueba.

“Considerando la impunidad que ha prevalecido en la actuación del sistema de justicia militar, remitir estos delitos a esa jurisdicción implicaría menoscabar sustancialmente cualquier posibilidad de justicia”, asegura Vivanco en la carta que le envió este martes al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 

La razón por la que Vivanco piensa de esa manera es que, de ser aprobado, el proyecto permitiría que la justicia penal militar fuera la única en investigar las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por militares. Es decir que la justicia ordinaria, dentro de la que está la Fiscalía, no podría investigar casos como los ‘falsos positivos’.

La defensa del Gobierno ha sido que eso sólo ocurriría con las violaciones futuras, pero no afectaría los procesos que ahora están en manos de la justicia ordinaria. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. 

Entre diciembre del 2012 y octubre del 2013 funcionó una enmienda constitucional similar al proyecto que está a mitad de camino, pues también le daba a la justicia militar la exclusividad de investigar violaciones al DIH. En ese tiempo, 48 casos de ‘falsos positivos’ se quitaron de la justicia ordinaria y pasaron a la militar, según datos de HRW. 

Pero lo más grave para Vivanco es que el actual proyecto quiere tener más poder que el que la Corte Constitucional tumbó el año pasado. El defensor de derechos humanos explica que antes, Colombia se regía en el tema con la Ley 522 de 1999. Esta decía que los únicos casos en los que la justicia militar no podía operar eran en tortura, genocidio y desaparición forzosa. 

Luego, en el 2010, surgió la Ley 1407, que le otorgaba a la justicia ordinaria investigar los casos anteriores además de delitos de lesa humanidad, violaciones al DIH y las conductas que rompen con el nexo funcional del agente con el servicio. 

Lo peligroso de la actual reforma, según Vivanco, es que la justicia militar entraría a operar de nuevo con la legislación de 1999.

Incluso tendría mucho más poder, pues el proyecto dice que la justicia militar es la encargada de investigar también casos de militares imputados por interceptación ilegal, concierto para delinquir (que cubriría nexos con grupos ilegales) y el concierto para cometer delitos como tortura, desaparición forzosa y narcotráfico.

“Este proyecto de ley no sólo atentaría contra los derechos de las víctimas, sino que también tendría consecuencias para Colombia frente a sus obligaciones jurídicas ante la CPI y el sistema interamericano de derechos humanos”, afirmó Vivanco en la misiva. 

La manera como el Gobierno ha querido blindar el proyecto es diciendo que sólo siete delitos no podrían ser tratados por la justicia militar, dentro de los que se cuentan las “ejecuciones extrajudiciales” y la “violencia sexual”. 

Pero para Vivanco,  en el Código Penal colombiano esos delitos no existen como tales sino que se llaman homicidio en persona protegida, homicidio agravado u homicidio, en el caso de ‘falsos positivos’, y acceso carnal violento en vez de violencia sexual. “Todos esos delitos son alcanzados por la jurisdicción militar, según el artículo 8 del proyecto”, explica la carta. 

Por estas razones, Vivanco es vehemente al enfatizar que “la ampliación del sistema de justicia militar a violaciones de DD.HH.. y DIH contraviene de manera flagrante reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y por ello le pide al ministro de Defensa que retire el proyecto.