El fallido sistema de adopción del país

Un bebé de apenas 3 meses quedó enyesado desde las piernas hasta los hombros por cuenta del maltrato que le propinaron sus padres biológicos. Tras recibir la atención médica necesaria, el pequeño fue trasladado del hospital a una institución de protección. Y de inmediato se ganó el corazón de todos cuando llegó forrado en yeso y sonriente. Era más que conmovedor ver en él tanta desgracia y al mismo tiempo su risa aún sin dientes. Con el pasar del tiempo se recuperó plenamente, y de su infortunio de hace casi tres años solo conserva la alegría. Pero el niño sigue en la institución de protección, atado a complejos trámites judiciales: aunque está claro frente a la ley que no volverá con sus padres agresores, su situación legal no se ha resuelto lo que impide entregarlo en adopción a una nueva familia.

El limbo en el que está este pequeño no es un caso aislado. El drama se repite por miles. Cada mes cerca de 2.000 menores engrosan el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene 112.504 niños actualmente. El ICBF es la autoridad, pero en el país también ocho instituciones privadas están acreditadas para desarrollar el programa de adopción. Entre las más reconocidas están Los Pisingos, Cran, Fama y Casa de la Madre y el Niño.

Los menores de edad cuyos derechos son gravemente vulnerados ingresan al sistema de protección. Bien puede ser en una sede del ICBF o en una institución autorizada, donde les proveen lo básico. Según la ley, los infantes allí deberían permanecer máximo seis meses, tiempo en el que los defensores de familia tienen que surtir un proceso administrativo de restitución de derechos. Según cada caso, el defensor debe determinar si devuelve al niño a su familia original o si lo declara ‘en adoptabilidad’.

El gran lío del sistema es que de 25.056 niños y adolescentes institucionalizados un 60 por ciento está en el limbo: ni se les retorna a sus hogares de origen, ni reciben la declaración legal con que se da apertura al proceso de adopción. De acuerdo con el ICBF hay 14.914 menores declarados en vulneración de derechos y a la espera de definir su situación social y legal. Algo que puede tardar años, lustros, y en no pocos casos la niñez entera.

Los defensores de familia, funcionarios del ICBF, tienen la potestad de tomar la determinación, pero se abstienen de ello por temor a incurrir en faltas disciplinarias, pues deben cumplir el Código de la Infancia y la Adolescencia y a su vez los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Y el tribunal ha emitido una serie de decisiones en las que profundiza los procedimientos con miras a garantizar los derechos de los menores. En la sentencia más controvertida, la T-844 de 2011, la corte exige que antes de que un menor sea declarado en adoptabilidad se agote la búsqueda de hogar entre sus parientes hasta el sexto grado de consanguineidad. El resultado es que los defensores no pueden definir con prontitud sin exponerse a una sanción de la Procuraduría, y mientras tanto los menores crecen sin hogar en las instituciones con un gravísimo impacto en su desarrollo emocional.

A esos casi 15.000 menores en el limbo hay que sumar otros 6.367, quienes aunque ya son adoptables tienen muy pocas posibilidades reales de dar con un nuevo hogar. Integran este grupo los niños mayores de 10 años, grupos de tres o más hermanos, y menores con problemas de salud que requieren un tratamiento especial.

Así que el panorama es abrumador: más de 21.000 menores cuya infancia se extingue día a día en el sistema de protección, ya sea porque están en el limbo jurídico o porque crecen en medio de la llamada lista de “difícil adopción”. El año pasado hubo 1.082 adopciones en toda Colombia. “Realmente hay una sola oportunidad, cuando uno es pequeño, porque después se pasa a ser un muchacho y es más difícil. Toca entonces crecer en el sistema y luego a los 18 años para afuera, mire a ver cómo se defiende en la vida”, dice Kael Sánchez, un joven de 22 años que se hizo adulto en el sistema.

“Indudablemente, buscar la familia extensa de un niño hasta el sexto grado de consanguinidad impuso una mayor complejidad pues extendió los tiempos de la búsqueda. Sin embargo, logramos subsanarlo con la reforma a un artículo del Código de la Infancia y la Adolescencia. A partir de su vigencia la búsqueda de parientes para la ubicación en medio familiar se realiza en el marco de la actuación administrativa, esto es, durante los cuatro meses que dura la misma, o de la prórroga si fuere concedida”, dice Cristina Plazas, directora del Icbf.

Crecer en una institución y no dentro de una familia produce múltiples efectos en el desarrollo de los menores. “Los niños que crecen en instituciones lo hacen con una falta de referencia, de seguridad. Les falta saberse y sentirse importantes para alguien. Para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él y eso es lo que falta en las situaciones de cuidado colectivo”, explica el doctor Jesús Palacios, experto en psicología y protección infantil.

Un agravante adicional es que a muy pocos adultos con posibilidad de incidir en esta grave problemática les preocupa el asunto. En el Congreso el año pasado hubo una discusión al respecto, convocada por la representante Esperanza Pinzón, pero lastimosamente no logró tener mayor trascendencia. “Los niños no dan votos”, dice alguien que participó en el lánguido debate. En un nuevo intento por lograr que todas las partes implicadas discutan y se planteen alternativas, una alianza de instituciones autorizadas para operar el programa de adopción está convocando al Primer Congreso Latinoamericano de Adopciones que se realizará en Bogotá (27 y 28 de octubre). Al encuentro vendrán expertos internacionales a discutir la situación de los miles de niños que crecen atrapados en un sistema que por pretender ser muy garantista los está haciendo prisioneros. Al fin y al cabo, les está negando, así sea con las mejores intenciones, las posibilidades de crecer en un hogar donde sean la alegría de la casa.