Asesinatos de líderes sociales, la impunidad contraataca

Defender los derechos humanos es una profesión de alto riesgo en Colombia. Así lo confirman las continuas noticias sobre la muerte de líderes sociales y los estudios llevados a cabo por entidades gubernamentales y ONG. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de marzo de este año, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 se registraron al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales, una cifra muy alta si se tiene en cuenta que el país llegaba a la recta final de las negociaciones con las Farc.

Pero detrás de esas terribles cifras se esconde otra realidad igualmente preocupante. Se trata de la elevada impunidad que afecta estos casos, por la que no ha sido posible saber quiénes son los actores materiales e intelectuales. Esa conclusión se desprende del estudio Crímenes contra Defensores y Defensoras: la Impunidad Contrataca, llevado a cabo por el Programa Somos Defensores.

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Además de constatar que entre enero de 2009 y diciembre de 2016 fueron asesinados 458 defensores de derechos humanos, el trabajo indaga por el estado de las investigaciones y concluye que en el 87 por ciento de los casos reina la impunidad. De acuerdo con el informe, la impunidad comienza desde el momento en que ocurre el asesinato. En el 66 por ciento de los 458 casos se desconoce al victimario y en el 14 por ciento ni siquiera aparece el modus operandi ni datos como la hora de la muerte, la zona y las circunstancias. Eso significa que en más de la mitad “sigue imperando la ley del silencio y la inoperancia de los órganos de investigación en el país”.

En cuanto al estado de las investigaciones de los 458 homicidios, el informe señala que el 87 por ciento se encuentra en etapa de investigación, indagación, no tienen información o se han archivado; mientras que el 13 por ciento está en estado de imputación, juicio, condena, ejecución de pena o terminación anticipada. Sorprende que tan solo 22 de los casos han llegado a la ejecución de pena.

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La Fiscalía afirma que en ese 87 por ciento no hay impunidad, pues se encuentran en las etapas primarias de investigación o indagación. Somos Defensores considera lo contrario, ya que el tiempo juega un papel fundamental en la resolución de los crímenes. Según ellos, las 36 horas después del homicidio son fundamentales para evitar la impunidad, ya que si en ese lapso no se recogen las pruebas, pasados varios meses o años será casi imposible hacerlo, como ha sucedido en 198 casos que llevan entre dos y ocho años en estado de indagación. A la falta de efectividad se suma otro dato preocupante. En el 12 por ciento de los homicidios contra defensores de derechos humanos la Fiscalía no tiene registros. En otras palabras, están embolatados.

El informe también se cuestiona si existe o no la sistematicidad de los asesinatos, un tema que ha enfrentado al gobierno con las ONG y asociaciones de derechos humanos, y que la Fiscalía ha negado tajantemente. Por su parte, Somos Defensores afirma que debido al elevado grado de impunidad de los 458 asesinatos es imposible determinar si hay o no una actividad sistemática.

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Los preocupantes datos suministrados por Somos Defensores sirven de campanazo para el gobierno, que en esta etapa de posconflicto tiene que adoptar medidas para evitar la persecución contra los defensores de derechos humanos, porque los antecedentes en este tema constituyen uno de los capítulos más oscuros en la historia del país.