El factor indígena irrumpe en las movilizaciones por la paz

Uno de los primeros actos de Juan Manuel Santos como presidente, el mismo día de su primera posesión, el 7 de agosto del 2010, fue viajar hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para un ritual ante mamos, una recordada “aseguranza” con el propósito de ahuyentar los malos espíritus, un acto simbólico para abrir los caminos del buen gobierno al que asistió vestido de blanco.

Ahora, en el momento más crítico de su mandato, cuando el triunfo del No en el plebiscito llenó de incertidumbre su principal legado y la movilización social se antoja como una de las claves para destrabar las negociaciones simultáneas con las FARC y con la oposición, el Gobierno vuelve a encomendarse al apoyo de los indígenas para ahuyentar los malos espíritus.

La llamada ‘marcha del silencio’ del 6 de octubre, encabezada por universitarios, convirtió la carrera séptima en una marea humana y encendió una mecha que otros sectores, como víctimas y campesinos, han llegado a respaldar. En medio del activo movimiento de manifestaciones colectivas en defensa de la paz, en las marchas convocadas para este miércoles se destacan los indígenas, históricamente golpeados por el conflicto y olvidados a su suerte por el resto del país.

Unos 2.000 ya habían colmado este lunes la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para pedirle a Santos persistir en su empeño de finalizar el acuerdo de paz. Ese acto fue apenas la antesala. Más de 5.000 indígenas están en Bogotá, convocados bajo la sombrilla de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), listos a sumarse a la “gran movilización para que la paz florezca”, bajo el lema “¡Acuerdo ya!”

Representan a 55 organizaciones y 102 pueblos indígenas, que van desde los wayúu de La Guajira hasta los murui de Tarapacá, en la Amazonia. Hay una enorme diversidad, con representantes que han tenido que viajar miles de kilómetros y sortear obstáculos para poder sumergirse este miércoles en la marea de universitarios, campesinos y víctimas que llegará hasta la Plaza de Bolívar, el corazón de la capital.

Algunos vienen de sitios remotos como Caño Mochuelo, en Casanare, donde se tardan uno o dos días para salir al puerto desde sus comunidades, y después tienen que ir en lancha hasta El Yopal. Otros tuvieron que recorrer un par de días en caminos y ríos para arribar a Tarapacá, de donde sólo sale un avión cada ocho días a Leticia. Los más de mil mizak (también conocidos como guambianos), que hicieron parte de la manifestación del lunes en la Plaza de Bolívar, para citar otro ejemplo, viajaron más de 15 horas desde Silvia, en Cauca. A ellos se sumaron en la Casa de Nariño un centenar de arahuacos, que no son parte de la ONIC.

“El movimiento indígena ha sido muy independiente del Gobierno”, explica el académico César Rodríguez, de Dejusticia. “Cuando el Gobierno ha abierto un compás de diálogo han sido dialogantes, pero también han organizado mingas y movilizaciones alegando que el Gobierno no ha cumplido acuerdos sobre el gobierno propio y la titulación de tierras”, recuerda.

Las comunidades étnicas han sostenido históricamente una posición a favor de la solución pacífica del conflicto, si bien lamentaron en su momento la falta de voces de indígenas y afrodescendientes en las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Tuvieron que reclamar hasta la víspera del cierre de las negociaciones, cuando los representantes de las comunidades étnicas finalmente fueron convocados por las partes en La Habana, para que se incluyera el capítulo étnico.

Entre lo que se acordó está, por ejemplo, el respeto a la consulta previa y la garantía de la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz.

El acuerdo, en efecto, se firmó con cuatro páginas dedicadas al capítulo étnico. Líderes indígenas entienden que ese, al igual que otros puntos como la participación política y el reconocimiento de las víctimas (192.638 indígenas han sido golpeados por la violencia, según la Unidad de Víctimas), son avances que se podrían echar para atrás en medio del limbo que provocó el resultado del plebiscito, dado que asuntos como los territorios étnicos o la consulta previa son resistidos por sectores que promovieron el No, explica Rodríguez.

Líderes de las comunidades también saben que la opción de una Constituyente, que se ha ventilado desde algunos sectores, es un escenario riesgoso pues varios avances que se lograron en 1991 han sido objeto de intentos de reversión.

En pocas palabras, el de los indígenas ha sido un apoyo independiente y crítico, pues no han estado sistemáticamente en contra de Santos, ni tampoco han sido parte de la coalición de gobierno. Pero ahora están dispuestos a dejarse sentir como parte de la movilización social a favor de la paz.

“Creemos en el proceso, tenemos confianza en el proceso y fe en la paz. En Toribío, en Antioqui; en Chocó, y en todos los lugares donde ganó el Sí, los pueblos indígenas merecen vivir en paz”, señala Armando Valbuena, expresidente de la ONIC y comisionado de paz de los pueblos de la región Caribe.

“El Gobierno necesita un respaldo amplio, un frente amplio por la paz, que haga una presión que en este momento el presidente no puede hacer -opina Rodríguez-. Presión ciudadana y presión internacional, desde arriba y desde abajo”. Y la de los indígenas le imprime un considerable valor tanto numérico como simbólico al clamor ciudadano para salvar la negociación de La Habana.

“Esto se rescata con movilizaciones, con diálogos, con conversaciones… el Nobel de la Paz es un respaldo internacional -coincide Valbuena-. Tenemos que persistir”.