“La parapolítica no ha muerto”

Las investigaciones de León Valencia relacionadas con los nexos de políticos con grupos ilegales históricamente han sido polémicas. En el pasado muchas de ellas sirvieron como soporte para que la Corte Suprema de Justicia abriera uno de los expedientes más escalofriantes, el de la parapolítica, el proceso como se conoció la alianza entre dirigentes políticos con grupos paramilitares, con el propósito, en su mayoría, de ganar elecciones,  o en algunos casos particulares para llevar acabo masacres y desplazamientos a campesinos especialmente en el norte del país.

El proceso de la parapolítica ha tenido resultados impactantes. 61 parlamentarios han sido condenados y otros 67 han sido objeto de investigación judicial. Es decir, 128 congresistas han estado bajo la lupa de la justicia por haberse aliado con grupos ilegales.

Ahora, una semana antes de las elecciones legislativas, Valencia reveló una investigación que adelantó durante más de tres meses con el equipo de investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación con el propósito de identificar a los candidatos que heredaron las estructuras de la parapolítica y de aquellos que tendrían nexos con otras expresiones ilegales.

La investigación, que se focalizó en diez departamentos del país y arrojó como resultado que 131 candidatos, 83 a la Cámara y 48 al Senado, estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales.

En una primera categoría, Valencia identificó 97 candidatos como herederos de la ‘Parapolítica’, familiares, amigos cercanos o aliados políticos de quienes han sido investigados o fueron condenados por este escándalo  y un segundo grupo de  34 candidatos que tendrían presuntos apoyos de actores armados como las Bacrim, narcotraficantes, guerrilla y contratistas corruptos.

La investigación se concentró en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, La Guajira, Bolívar, Magdalena y Córdoba.

El departamento de Bolívar, según la investigación, es el que agrupa a 16 políticos con la mayor posibilidad de resultar elegidos con posibles vínculos con fuerzas ilegales. Le siguen Magdalena con 13, Cesar con 11, Córdoba con 10, además de Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca con 9.

Los candidatos cuestionados pertenecen a las listas de ocho partidos políticos. En esta especie de lista negra se advierte que el Partido Liberal es el de mayor número de candidatos cuestionados, 28 en total.

Seguido del Partido Conservador con y el Partido de La U, ambos con 27, Cambio Radical con 19, Opción Ciudadana (antiguo PIN) con 17, Centro Democrático con 8, Fundación Ébano y Cien Por Ciento Colombia, del polémico Yahír Acuña, con dos candidatos.

León Valencia cuestionó a los partidos políticos por no hacer correctamente la tarea de depurar las listas, por lo que asegura que dejan en manos de la justicia esta depuración. “Los directores de los partidos dicen que no hay delitos de sangre y que las personas no tienen antecedentes judiciales, pero lo que no reconocen es que muchos de sus candidatos utilizan la red de la parapolítica”.

El investigador es consciente de que será cuestionado por su indagación, pero recuerda que en el pasado ha salido airoso de 17 demandas en su contra por injuria. Dice que la investigación es de corte académico y ha sido meticulosa, pues solo se han incorporado aquellos candidatos donde mínimo ha habido tres fuentes testimoniales que han descrito su respectiva organización de poder local.

Ariel Ávila, otro de los investigadores, cuestionó al Partido Conservador al señalar que ha sido la colectividad que decidió avalar a candidatos que salieron de otros partidos políticos. Antes, los candidatos cuestionados optaban por presentarse con firmas, pero ahora están recibiendo el aval de partidos tradicionales, el caso más dramático es el del Conservador”.

Hace tres años, en las elecciones del 2011, estas investigaciones fueron realizadas para el gobierno y los partidos políticos, pero los investigadores dicen que no tuvieron eco. Por eso han decidido revelarlas a la opinión pública con un propósito en específico, que no haya impunidad social frente a estos candidatos.

Sin embargo, los investigadores son escépticos, y creen que de estos candidatos cuestionados no menos del 40% de estos candidatos alcanzaran curules en el Congreso.