De las basuras de Petro al Bronx de Peñalosa

Si a Gustavo Petro lo investigaron y lo destituyeron por el cambio del modelo de recolección de basuras en Bogotá, en el año 2012, el actual alcalde Enrique Peñalosa debería correr la misma suerte por la intervención del Bronx en el centro de la ciudad.

Esa parece ser la tesis del representante a la Cámara Alirio Uribe, del Polo Democrático, quien denunció al mandatario capitalino por haber ordenado dicha intervención. Además, le anunció a Semana.com, que este lunes presentará una queja disciplinaria por los mismos motivos.

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Según Uribe, la intervención del Bronx del pasado 28 de mayo, ordenada por el alcalde Peñalosa, provocó una “evidente crisis humanitaria”, no solo en la zona intervenida (ubicada en la localidad de Los Mártires), sino en toda la ciudad. Especialmente en La Estanzuela (Centro), Chapinero (Calle 63), Paloquemao, el barrio San Bernardo (localidad de Santa Fe) y el sector de ‘Cinco Huecos y la L‘ (próximo a la plaza España), por cuenta del desplazamiento de habitantes de calle, en su mayoría adictos a las drogas.

La semana pasada, concretamente los días 17 y 18 de agosto, numerosas personas en condición de habitantes de calle deambularon por la ciudad en busca de refugio. Unos 200 se ubicaron en el área correspondiente al caño ubicado en la Carrera 30 con Calle 6, tras haber sido “correteados” por agentes de Policía. Lo grave de la situación es que decenas fueron arrastrados por una creciente de aguas lluvias que arrasó con los cambuches que habían instalado, y los habitantes del sector se han quejado de la inseguridad que han provocado.

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Para Alirio Uribe la intervención en el Bronx fue “improvisada”, pues no se tomaron las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de calle y de la comunidad. “Es evidente que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó intervenir este sector exclusivamente con un despliegue policial y militar, sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.

En criterio del congresista, el alcalde Peñalosa, al haber provocado una “crisis humanitaria que vulnera los derechos fundamentales de los habitantes de calle”, estaría incurriendo en delitos contra la vida, tratos crueles e inhumanos, desplazamiento forzado, pánico, abuso de autoridad, y omisión de socorro. Uribe también está documentando posibles casos de desaparición forzada.

Lo particular de la denuncia de Uribe es que utiliza argumentos, tesis y términos muy similares a los que utilizó el procurador Alejandro Ordóñez, en el año 2013, para sancionar y destituir a Gustavo Petro.

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Según el controvertido fallo disciplinario del 9 de diciembre de ese año, Ordóñez aseguró que el cambio en el modelo de recolección de basuras generó una “evidente crisis ambiental” que “puso en riesgo la salud humana” de los habitantes de la ciudad, por cuenta de una decisión “libre, consciente y voluntaria” del burgomaestre, que ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades “sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.

Para Alirio Uribe, el alcalde Peñalosa “de manera libre consciente y voluntaria” ordenó la intervención del Bronx “sin tener una política pública social para habitantes de la calle, dirigida a garantizar los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación social e inclusión social, vulnerando principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, y la solidaridad”, tal como se lee en la denuncia.

Uribe ha liderado dos debates en la Cámara de Representantes sobre la situación del Bronx, y en ellos ha podido concluir que, hasta la fecha, “no ha presentado el plan integral de acompañamiento a los habitantes de calle, solo hizo públicos los resultados del operativo policivo”.

También considera que tras la “improvisada intervención” ordenada por Peñalosa en el Bronx “se deben iniciar las investigaciones penales y disciplinarias para determinar la responsabilidad de la primera autoridad del Distrito y de sus funcionarios al no planear de manera adecuada su intervención”.

Por ejemplo, Uribe considera que el secretario de seguridad del Distrito, Daniel Mejía, “debe renunciar”, pues lo que está ocurriendo tras la intervención del Bronx “demuestra que no es capaz de formular políticas de seguridad, justicia, protección y promoción de derechos y libertades públicas”.

La Fiscalía y la Procuraduría son las encargadas de determinar si el alcalde Peñalosa tiene alguna responsabilidad penal y disciplinaria. En todo caso, así como el modelo de basuras fue un karma para Petro, la intervención del Bronx le podría generar más de un dolor de cabeza al actual alcalde.