NACIÓN

Investigan a magistrados por matrimonio gay

Comisión de Acusaciones investigará magistrados de la C. Constitucional por supuesto prevaricato por acción.

25 de octubre de 2013
Siete de los nueve magistrados de la Corte y dos exmagistrados, fueron denunciados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. | Foto: Guillermo Torres

A la polémica decisión de ’tumbar’ el fuero penal militar que desencadenó un choque en el Alto Tribunal, ahora se suma otro ingrediente. Siete de los nueve magistrados de la Corte y dos exmagistrados fueron denunciados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

En el documento radicado el miércoles de la semana pasada y conocido por Semana.com los integrantes de la Comisión citan a los togados dentro de la investigación preliminar que se adelanta para que expliquen su actuación respecto a distintas sentencias de orden constitucional en las cuales, según las pruebas, ha existido un presunto prevaricato por acción.

Según el auto, el exmagistrado Juan Carlos Henao y la actual magistrada María Victoria Calle Correa serán los primeros en pasar al banquillo el próximo miércoles 30 de octubre para que rindan su versión. Los magistrados Mauricio González Cuervo y Gabriel Mendoza fueron citados para el 6 de noviembre. Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio fueron llamados el próximo 13 de noviembre.

De la misma forma, el magistrado Jorge Pretelt y el exmagistrado Humberto Sierra Porto fueron citados para el 20 de noviembre y, por último, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva fue llamado a versión libre el próximo 27 de noviembre.

Esta investigación se deriva de una denuncia del estudiante universitario Javier Armando Suárez, quien asegura que algunas de las decisiones de la Corte, entre ellas la de la unión de parejas del mismo sexo, la de la eutanasia  y la del aborto son contrarias a la ley y la Constitución.

Para el denunciante, “la Corte Constitucional se ha arrogado funciones legislativas, usando la figura de interpretar la norma. Está legislando sobre temas y aspectos fundamentales de la vida social de un país, función que ni la Constitución Política de Colombia” precisa el texto de la demanda.

Suárez asegura que “es preocupante, grave y altamente nocivo para el ordenamiento jurídico de Colombia y de nuestras instituciones que la Corte Constitucional este fungiendo como legislador al aprobar y establecer mediante fallos, decisiones, como las sentencias C- 577 de 2011 (aprobaciones de uniones entre parejas del mismo sexo), C- 355 de 2009 (despenaliza el aborto en tres casos)”, precisa el texto.

Cabe aclarar que el llamado a versión libre por parte de los investigadores no es de manera obligatoria, simplemente es una de las pruebas que se solicitaron por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara para avanzar en el proceso.