Investigación por falso diploma de bachiller de Mario Alcocer, primo de la primera dama, sigue viva. Tribunal negó preclusión que pidió la Fiscalía

Muchas dudas sobre el diploma de bachiller que presentó el excongresista Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, surgieron en la misma universidad que lo graduó de abogado. El diploma que llegó a la universidad estaba firmado, supuestamente, por las directivas del colegio Liceo Panamericano de Sincelejo, pero esas mismas directivas negaron tener en sus archivos un egresado con ese nombre.

Con ese diploma, de acuerdo con la investigación, Mario Fernández Alcocer engañó a la Corporación Universitaria del Caribe, la misma que le entregó en 2008 un diploma como abogado. Sin embargo, seis años después aparece otro diploma de bachiller en un colegio de Bogotá. En otras palabras, se graduó primero de abogado que de bachiller.

Así quedó en el expediente que arrancó primero en la Corte Suprema de Justicia, pero que por competencia pasó a la Fiscalía y en la seccional de Sucre, donde las decisiones de un fiscal, cuatro años después de recibir el proceso, llevaron a una solicitud de preclusión en favor del excongresista, a partir de unos argumentos que incluyeron la prescripción de los delitos y una supuesta atipicidad.

La solicitud de preclusión de la Fiscalía y la defensa de Mario Fernández Alcocer le correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo, que les frenó el impulso, la ilusión de precluir el proceso. Sin embargo, ni el abogado defensor ni la Fiscalía se quedaron quietos con la decisión y la apelaron, insistiendo en que la juez de primera instancia incurrió en varios errores y que la investigación debería ser sepultada.

El caso aterrizó en el Tribunal Administrativo de Sincelejo, que no solo confirmó la decisión del juzgado, sino que hizo varios llamados de atención a la Fiscalía por lo que consideró actos de deslealtad del ente acusador y una falta de rigor en las actividades de investigación, además de la lectura de sentencias y normas jurídicas que se acoplaron a la solicitud de preclusión.

“Lo que si se observa es la deslealtad con la que actuaron el fiscal y el defensor, pues conscientes de la omisión de la juez sobre la petición que hizo este último, lo correcto era advertirle a esta la situación para que se pronunciara previo a correr el traslado para la formulación del recurso; deber que así se impone en el artículo 12 del Código Penal, según el cual”, señaló el Tribunal.

El Tribunal de Sincelejo dejó en claro que la investigación no solo debe continuar, sino que, al contrario, algunos funcionarios de la Fiscalía deberían ser investigados por hechos que quedaron incompletos, o que se omitieron en provecho del procesado, de ahí la necesidad de establecer eventuales responsabilidades. En últimas, la necesidad de continuar con la investigación contra el excongresista por la falsedad en su diploma de bachiller.

“Han transcurrido más de 4 años, lo que excede el término de dos años otorgado en el parágrafo 1.° del artículo 175 del CPP, para que se lleve a cabo este acto, pero la consecuencia no es la preclusión de la investigación como quiere dar a entender el fiscal, sino acciones disciplinarias en contra del funcionario que no ha realizado esa labor dentro del trámite previsto”, advirtieron los magistrados.

Los magistrados devolvieron el expediente con varias advertencias a la Fiscalía y la defensa tras insistir que no se cumplieron los requisitos mínimos para precluir la investigación, principal propósito de las dos partes y a la que se opuso la Procuraduría desde el primer momento en que el fiscal del caso, en Sincelejo, escogió ese camino para terminar con el proceso en favor del primo de la primera dama y que además fue candidato a la Gobernación de Sucre.