¿Jefes de las FARC con nacionalidad nicaragüense?

Este miércoles la versión América del portal especializado español El Economista reveló una información que ha causado algún revuelo: Nicaragua habría concedido la nacionalidad o el asilo político a los máximos jefes de las FARC.

Según ese medio digital, que todavía no confirma la información que atribuye a “fuentes oficiales”, ello se habría concretado hace tres meses.

De ser cierto, la noticia tendría hondas implicaciones puesto que precisamente Nicaragua es uno de los países que no han ratificado el estatuto de Roma, que obliga a acogerse a los mandatos de la Corte Penal Internacional (CPI).

Es precisamente ese tribunal internacional, con mandato de la ONU, el que investigaría y juzgaría los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto colombiano, en caso de que la justicia del país no los procese conforme la legislación interna y tampoco aplique los castigos previstos en ella.

De ahí que, tal como lo ha advertido ya en un par de ocasiones la Fiscalía de la CPI, no se admitirían amnistías o soluciones de perdón y olvido en lo ateniente al DIH.

Semana.com consultó con miembros de las FARC en La Habana, que rechazaron conocer solicitud o gestión alguna en ese sentido.

Uno de los voceros, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que "en ningún momento han solicitado la ciudadanía de ese país”.

Aprovechó, eso sí, para irse lanza en ristre contra la prensa como ya lo ha venido diciendo ‘Timochenko’, el máximo jefe del grupo armado ilegal. “Es una estrategia de los medios”, concluyó.

Fuentes del gobierno colombiano cercanas a las negociaciones en La Habana le dijeron a este portal que tampoco tenían conocimiento de esta noticia.

Entretanto, El Economista se hace tres cuestionamientos: ¿El gobierno colombiano tendrá ya confirmación de este hecho? ¿Qué incidencia pudiera tener sobre las negociaciones de La Habana y las decisiones finales sobre la responsabilidad jurídica que recae sobre los jefes de las FARC por los delitos de lesa humanidad? ¿Por qué los cabecillas de las FARC han acudido a un plan B y se blindan con el beneplácito de un gobierno afín a sus intereses?

El tema no es nuevo. En el 2010, el gobierno de Daniel Ortega concedió asilo político a Rubén Darío Granda, hermano del llamado ‘canciller’ de las FARC, Rodrigo Granda.

Ese hecho se sumaba a otros tres casos de miembros de esa guerrilla que recibían dicho beneficio del gobierno nicaragüense.

El tema está por verse, entre otras cosas, porque no es un secreto la cercanía de la guerrilla de las FARC con el gobierno de Nicaragua y con el presidente Ortega.