"Generales Rodríguez y Lasprilla deben ser removidos": Vivanco

Mientras en los estrados judiciales aún está pendiente por dictarse la última palabra frente a los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la nueva jurisdicción de paz para resolver los miles de casos de falsos positivos en Colombia, la tardanza en las decisiones en casos de oficiales tiene rondando a la Corte Penal Internacional.

En un informe entregado al Gobierno colombiano, dado a conocer por El Espectador, el tribunal internacional revela cuáles son los 23 generales y 6 coroneles –entre activos y retirados- que están bajo su rastreo. Estos nombres comandaron las unidades militares implicadas en por lo menos en 1.228 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La comunicación de la CPI se basa en informes de Human Rights Watch que entregó reportes y evidencias de testigos, así como de documentos que señalan la responsabilidad de excomandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y del Ejército Nacional—entre otros mandos militares— y su conocimiento o planificación de los crímenes. 

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José Miguel Vivanco, director de HRW, llamó la atención sobre los nombres del general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de las Fuerzas Militares y el del general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, agregado militar en Washington. "Esta es una situación vergonzosa. Espero que la revelación de este importante informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional termine de convencer al Gobierno de que estos funcionarios deben ser removidos inmediatamente y deben enfrentar investigaciones serias por parte de la Fiscalía General de la Nación".

Vivanco aseguró que cada día que el Gobierno decide mantener en sus cargos a los dos generales Barragán y Lasprilla "envía el mensaje con relación a que el Gobierno aún no tiene la voluntad de producir un punto de quiebre contundente con lo que fueron los horrores de los falsos positivos".

En total son cinco potenciales casos que vigila la CPI: el primero, por 146 ejecuciones registradas en La Guajira y Cesar; otro por por lo menos 123 casos entre 2003 y 2009 en Norte de Santander y Magdalena. Un tercer caso potencial obedece a hechos registrados en Meta, Casanare y Vichada, en el que se habrían registrado 163 hechos; el cuarto corresponde al Huila donde se investigan 119 ejecuciones de casos entre 2004 y 2008; y un último caso en Antioquia y Córdoba, que habría dejado 677 ejecuciones entre 2002 y 2008.

En la información recogida, HRW cita por ejemplo, la declaración de un alto excomandante de tropas de la Décima Sexta Brigada que entregó su versión a la Fiscalía. 

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Sin delatar su identidad, el testigo señaló que el comandante de su brigada, el general Henry William Torres Escalante, ordenó, planificó y encubrió al menos 66 falsos positivos. Actualmente el caso del general retirado está en etapa de juicio. 

Otros testimonios de soldados y oficiales a la Fiscalía involucran al general (r.) Óscar González Peña, al señalar que, como mínimo, tuvo conocimiento de los falsos positivos mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, y posteriormente como jefe del Comando Conjunto del Caribe.

El organismo de Derechos Humanos también recalca la declaración del inspector general del Ejército ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en la que aseguró que González Peña, entonces comandante del Ejército Nacional, estaba intentando obstaculizar sus investigaciones sobre falsos positivos. Un cable de la embajada que fue divulgado por Wikileaks también señala que era uno de los oficiales militares que había estado “involucrado” en las ejecuciones o que las había “aprobado tácitamente”.

De otro lado, también destaca las declaraciones del condenado coronel (r.) Róbinson González del Río, que ha admitido de forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos. Con su declaración, reconoció que varios generales sabían, autorizaron o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. "Esto incluye al general Juan Pablo Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y actual comandante general de las Fuerzas Militares. También al general (r.) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División", dice el informe de la ONG.

HRW también indica que González del Río contó a los fiscales que general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a sus subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate.

En consecuencia, entre los altos oficiales que llamaron la atención de la Fiscalía de la CPI están los generales Juan Pablo Rodríguez Barragán, al igual que los oficiales retirados Mario Montoya, Jaime Lasprilla, Óscar González, Henry Torres Escalante (en juicio), Luis Pico Hernández, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés. 

El general Jaime Lasprilla fue relevado del Comando General del Ejército a mediados de 2015, luego de tener notorias diferencias con el gobierno por los acuerdos de paz. 

Según HRW, en contra de algunos de estos nombres hay oficiales que entregaron información valiosa a la Fiscalía. Es el caso del general Jorge Arturo Salgado Restrepo, quien actualmente dirige una de las nueve divisiones del Ejército. El oficial aseguró que el general Montoya debió haber sabido sobre las ejecuciones de falsos positivos y no tomó medidas razonables para prevenir o castigar estos crímenes.

El general Gustavo Matamoros Camacho, por su parte, quien fue jefe de operaciones de Montoya, señaló que le advirtió sobre irregularidades en las bajas en combate informadas en 2008, pero no se adoptaron medidas al respecto.

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La organización también entregó a la Fiscalía de la CPI un detallado registro de las investigaciones que adelanta la justicia brigada por brigada. En total, se suministró el inventario de casos de 41 brigadas del Ejército en donde se habrían ejecutado estas conductas. En la Cuarta Brigada (con sede en el departamento de Antioquia) se investigan al menos 412 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008; en la Novena Brigada (Huila) por lo menos 119 ejecuciones; en la Décima Brigada (Cesar), unas 146 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008; en la Décima Sexta Brigada (Casanare), 113 ejecuciones y en la Décima Primera Brigada (Córdoba), 214 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008, por mencionar solo unos casos.