“En el acuerdo los criminales no enfrentarán un castigo serio”

José Miguel Vivanco lleva desde 1994 monitoreando las violaciones a los Derechos Humanos en el continente. Es director para el hemisferio de Human Rights Watch, una ONG que goza de cierto prestigio en el continente y, en muchos casos, ha sido la piedra en el zapato para gobiernos y presidentes latinoamericanos.

En Colombia, por ejemplo, Vivanco fue muy incómodo para el gobierno de Álvaro Uribe, no sólo por el proceso de paz con los paramilitares, sino por el escándalo de los falsos positivos.

Y lo ha sido para el gobierno de Juan Manuel Santos por el marco legal para la paz, la ampliación del fuero militar, y ahora por el acuerdo de justicia que los negociadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC pactaron el pasado 15 de diciembre en La Habana.

Literalmente, Vivanco censuró el acuerdo en materia de justicia transicional, que también tiene un componente aplicable para los agentes del Estado. Incluso pidió a la Corte Constitucional colombiana y a distintos organismos internacionales objetar el acuerdo.

Este martes, desde Washington, en una larga y concurrida conferencia de prensa, Vivanco utilizó frases muy fuertes para referirse al acuerdo. “Lo que va primar en este acuerdo es la impunidad y no la justicia”, “(el acuerdo) está lleno de ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten los principios de justicia en promesas vacías”, “es una piñata de impunidad”, “los comandantes o cabecillas eludirán su responsabilidad”. Y hasta lanzó una advertencia bastante estruendosa “Colombia está expuesta a investigaciones internacionales”. A tenor siguiente admitió que una intervención de la Corte Penal Internacional estaría “perfectamente justificada”.

Para Vivanco, no se le está exigiendo al Gobierno que se le aplique todo el código penal a la guerrilla, pero que sí que haya un mínimo de justicia y que cumpla con los estándares internacionales.

En primer lugar, Vivanco cuestiona que el acuerdo, en ningún caso, señala que las sanciones consistirán en cárcel o prisión, sino a la restricción de movimiento y libertad las cuales, según su análisis, están condicionadas al componente de reparación. Quiere decir que si un guerrillero es condenado en el tribunal de paz a construir un puente, reconstruir un hospital, etc., su sanción puede estar supeditada al tiempo que dure en hacer el proyecto restaurativo.

Por eso Vivanco cuestiona que el anuncio de que las penas serán de entre cinco y ocho años no será efectivo, y que podrán pagar menos de esa sanción. “Ningún tribunal internacional ha permitido que los autores de graves violaciones a derechos humanos no paguen con cárcel (…) en el acuerdo los criminales no enfrentarán un castigo remotamente serio”.

También cuestionó que se hubiera redefinido el concepto de responsabilidad de mando. Con lo señalado en el acuerdo, Vivanco explica que el comandante de guerrillas o el jefe de Batallón o Brigada no van a responder por los ilícitos de los subordinados porque se presume que debe conocer lo que el inferior estaba realizando. “Eso no cumple con los estándares. El derecho internacional exige que el superior tenga control efectivo de sus tropas (…) Si el superior jerárquico puede argumentar que no conocía, y que no tenía control directo, podría entonces evadir su responsabilidad como comandante”.

También mostró su preocupación pues el acuerdo permite que aquellos condenados que asuman responsabilidades podrán ejercer derechos políticos, podrán competir por un cargo, incluso mientras están cumpliendo su sanción. “Es bastante original que la autoridad le permita definir cómo va a cumplir una pena de restricción y de concluirlo antes de tiempo podría hacer campaña política”.
Otra de las preocupaciones del director de la HRW es que, según su interpretación del acuerdo, tanto las FARC como el gobierno tendrán injerencia en el nombramiento de los jueces. “En el acuerdo dice -las partes fijaran el mecanismo y criterios para seleccionar los jueces-, no dice que el secretario de la ONU o el papa lo hará…”.

Tras su análisis, Vivanco concluyó que el acuerdo “no cumple mínimamente con estándares básicos en materia de justicia, va más allá de evitar la cárcel a los graves responsables y constituye un retroceso”. Seguramente las reacciones del gobierno colombiano no se harán esperar.