“¡Qué difícil, quitarle los escoltas a los exfuncionarios!”

Que el Estado se gaste algo más de $93.000 millones anuales, en brindar protección a 655 funcionarios y exfuncionarios públicos, no deja de ser una cifra escandalosa. Lo es para la opinión pública y también para el Gobierno, que considera excesivo el gasto y que va en contravía de las instrucciones en materia de austeridad que ha impartido el propio presidente Juan Manuel Santos.
 
Quizá lo que más ha generado molestia es que el 25 % del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección se concentre en la protección de estas 655 personas, que en su mayoría residen en las capitales, mientras que para proteger a 733 defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierras, que se mueven en zonas de alto impacto de la violencia, se destinan aproximadamente $27.000 millones.
 
Según las cifras reveladas este miércoles por Semana.com, el esquema de seguridad para quienes tienen la categoría de funcionarios públicos es de $142.591.966 por persona, mientras que el de cada defensor o líder de restitución $36.926.904, aproximadamente. Cifra que contrasta en buena medida con la vulnerabilidad que tienen los de esquemas menos costosos.
 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que en el gasto de protección a funcionarios y exfuncionarios hay una “vena rota” en el presupuesto de la UNP. Y reveló que en la actualidad son numerosos los exfuncionarios que aún siguen teniendo este privilegio pese a que ya no tienen en riesgo sus condiciones de seguridad.
 
“Hoy hay muchos exfuncionarios que ya no necesitan el esquema de seguridad pero que lo siguen sosteniendo. Confieso una cosa: ¡Qué difícil es quitarle el esquema de protección a un exfuncionario, de este gobierno y de gobiernos anteriores, cuando ya no lo necesitan! Y en cambio no damos abasto a veces para entregar esquemas de protección a quienes sí lo necesitan”, se quejó Cristo.
 
Semana.com conoció que a la fecha son en total 90 los exfuncionarios, entre ministros y excongresistas, que se mantienen como beneficiarios del servicio de protección. Para todos ellos se destinan 196 escoltas, 57 vehículos blindados, 23 vehículos corrientes, 36 teléfonos celulares, 20 avanteles, y 68 chalecos antibalas.
 
Según el ministro Cristo, los esquemas de seguridad de los exfuncionarios serán revisados con “objetividad y mano dura”, y aseguró que la instrucción del gobierno es retirar estos esquemas de los exfuncionarios y no afectar los de defensores de Derechos Humanos, líderes de restitución, dirigentes sindicales y periodistas.
 
Esta instrucción se empezó a aplicar el año pasado y algunos exfuncionarios denunciaron con preocupación la reducción de sus esquemas, como sucedió con los excomisionados de paz del presidente Andrés Pastrana, Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez. En su momento, ambos insinuaron razones políticas.

También se conoció que a los expresidentes Pastrana y Álvaro Uribe se les redujo en un porcentaje su esquema, tanto en escoltas como en vehículos blindados.

El único exfuncionario que pidió que se le removiera la totalidad de su esquema de seguridad fue el expresidente Belisario Betancur. Lo hizo como un gesto de austeridad.

Según el gobierno, en los próximos meses se adelantarán nuevas evaluaciones de riesgo para depurar el universo de beneficiarios de los esquemas de seguridad, y los que están bajo lupa serán 90 exfuncionarios públicos.