Carrillo, el último en subirse al bus de la JEP

El procurador Fernando Carrillo se ha caracterizado últimamente por unir extremos opuestos. Lo hizo cuando en su elección agrupó los votos del uribismo y los de la Unidad Nacional, dos corrientes políticas que casi nunca se encuentran. Y también cuando hace unos meses concertó una cita impensable: Santos, Uribe y el papa Francisco. Por eso, el miércoles en la tarde a pocos les sorprendió cuando en el encendido debate sobre la JEP, su nombre apareció casi que como una bandera blanca ondeante.

Las últimas semanas, el cruce de argumentos por cuenta del modelo de justicia que tendrían los militares, las críticas del fiscal Martínez y las enconadas criticas de la oposición habían caldeado el ambiente de ese debate. Y en medio de esa tensión una proposición pasó de manera sencila: que Fernando Carrillo también tuviera silla en la JEP. 

Le puede interesar: Ataque de nervios provoca la JEP en la Cámara de Representantes

Casi nadie veía venir ese cambio. Cuando se negoció el segundo Acuerdo de Paz en octubre y noviembre pasado, muchos quisieron montarse al bus de la JEP. Y lo lograron. La Corte Constitucional entró para el tema de las tutelas, la Corte Suprema alcanzó un cupo en el comité que elige a los magistrados y la Judicatura intentó, aunque al final sin éxito, definir los conflictos de competencia. 

Carrillo, quien se posesionó el pasado mes de enero, llegó tarde a esa discusión. Pero hace unos días le solicitó al Congreso de la República que se incluyera en el Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz la posibilidad de que el Ministerio Público interviniera en los procesos que se tramiten ante ella.

Para justificar su postura, Carrillo señaló que la intervención de ese organismo era esencial para proteger los derechos de las víctimas y recordó que "la participación de la Procuraduría en jurisdicciones especiales, tales como la de Justicia y Paz, ha sido fundamental para blindar constitucionalmente su operación y asegurar la vigencia del orden jurídico, lo mismo que para garantizar los derechos individuales"

Le puede interesar: El camino para el desarme de las FARC

Lo que comenzó como un mero debate legislativo se convirtió en un punto de honor cuando el mismo presidente Santos rechazó que la Procuraduría de Carrillo se montara a la JEP. “Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, es natural, pero no está dentro de los acuerdos. Acordamos que ese organismo no debe estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”, dijo el presidente una y otra vez.

Santos tiene razón en una parte. El Acuerdo de Paz omitió totalmente referirse al tema. Pero no tiene razón en otra: el artículo 277 de la Constitución permite a la Procuraduría intervenir en los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Le recomendamos: Estos son los sitios donde se concentrarán las FARC

Así, la propuesta derivó en un profundo debate sobre si con fundamento en esa norma la Procuraduría podía participar en los procesos de la JEP. Al comienzo, algunos señalaban que la intervención de la Procuraduría ante la JEP era completamente inútil y que podría llegar a afectar la dinámica de los procesos.

Sin embargo, Carrillo respondió esta crítica afirmando que “la consolidación de la paz en el país demanda confianza ciudadana, adecuado blindaje jurídico y alta presencia institucional".

Puede leer: El No de Santos al procurador Carrillo

Pero el rechazo era tal, que el Acto legislativo para la Paz se incluyó un artículo que decía expresamente que la Procuraduría General de la Nación no podía intervenir en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La propuesta no había calado hasta el miércoles en la tarde. Algunos interpretan que puede ser una alternativa para menguar la desconfianza con los militares. A un sector del estamento castrense le alivia saber que existe un acompañamiento de un organismo que pueda denunciar los excesos que se cometan en los procesos. 

Consulte: Procurador quiere reactivar la muerte política

Ese giro de 180 grados en la posición del gobierno se materializó ese miércoles, cuando se aprobó una proposición que señala que la Procuraduría General de la Nación sí puede participar en la Jurisdicción Especial para la Paz para defender los derechos de las víctimas, siempre y cuando alguno de los magistrados de la sección que conozca del caso se lo pida.

Si bien la norma no permite la intervención de la Procuraduría en todos los casos, su inclusión constituye una garantía adicional para quienes sean sujetos de esos procesos. Pero también una victoria muy importante para el nuevo procurador, que le mide el aceite al poder creciente que está teniendo en el Congreso.