¿Justicia o persecución?

La noticia de la orden de captura contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo tomó por sorpresa al país. No solo es la primera vez que un alto consejero de la Presidencia es buscado por la justicia, sino que la categoría de “prófugo” no parece concordar con la imagen de un funcionario a quien muchos le reconocieron una particular entrega al servicio público cuando se puso al frente de la desmovilización de 32.000 paramilitares y cerca de 13.000 guerrilleros.

El fiscal del caso, Francisco Villarreal, le pidió el jueves pasado al juez de control de garantías ordenar la captura porque era evidente que Restrepo se había “fugado” para no responder a la audiencia de imputación de cargos a la que había sido citado para el día siguiente. Por esto, el juez dejó en firme la orden de captura esa misma noche y al día siguiente dio su visto bueno para que Restrepo sea juzgado como reo ausente por el caso de la falsa desmovilización de la columna guerrillera Cacica Gaitana.

La sorpresa en parte también se dio porque en la más reciente entrevista que dio Restrepo, el 22 de diciembre a El Tiempo, cuando le preguntaron que si pensaba irse del país, él lo rechazó de plano. “No me voy a poner en esas cosas. Si me van a aplastar aquí, que me aplasten”. ¿Cambió de idea o evitó revelar sus verdaderas intenciones? ¿En dónde está Restrepo y qué piensa hacer?

En la audiencia del viernes, la abogada del excomisionado, Mildred Hartmann, aseguró que no va a explicar la “ausencia de su defendido” y que en esta etapa del proceso él no se va a hacer presente. La Fiscalía había pedido un registro migratorio y, según este, Restrepo salió de Colombia hacia Washington, vía Nueva York, el pasado 8 de enero.

Esté donde esté, esa ausencia puede no ser corta pues, en la entrevista mencionada, el siquiatra también evidenció, con un toque de melodrama, el temor que lo embargaba: “Si me van a condenar a muerte tirándome a unas cárceles donde están los criminales que quieren matarme para callarme, denme la cicuta”.

Más allá de su drama personal, se trata, sin duda, de uno de los golpes más duros para el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Restrepo no solo es uno de los pocos altos funcionarios que lo acompañó en sus dos mandatos sino que tuvo a su cargo una de las columnas vertebrales de su política de seguridad democrática: la desmovilización de los grupos armados ilegales.

De llevarse a cabo la captura ya serían tres los hombres del expresidente Álvaro Uribe que en apenas un año y medio quedan tras las rejas –el exsecretario general Bernardo Moreno está recluido en las Escuela de Carabineros de Bogotá y el exministro Andrés Felipe Arias, en la Escuela de Caballería–y una más en el exilio –la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado--. ¿Será que Luis Carlos Restrepo antes que correr el riesgo de la cicuta optó por el asilo?
 
¿Cuál es el lío?

La pregunta que ronda en el ambiente es si se trata de un acto de justicia o hay razones para pensar que la Fiscalía se ha excedido en imputarle a Restrepo delitos tan graves como el de tráfico de armas agravado, peculado en favor de terceros agravado, prevaricato por acción y fraude procesal. O para decirlo al estilo de los tweets de Uribe: ¿“Cabalgan en la venganza criminal después que fracasaron en el ataque a nuestras políticas, y ahora la víctima es Luis Carlos Restrepo”?

Sin embargo, por absurdo que parezca, y por injusto que a primera vista pueda verse que un hombre que como Luis Carlos Restrepo, que venía de la academia y del mundo de las Ong, se jugó su pellejo por prestarle un servicio al país, pueda terminar con una condena de 24 años de cárcel o más, lo cierto es que para algunos hay serios indicios de que en este caso sí se infringió el Código Penal. El interrogante es si lo que sucedió da para la gravedad de los delitos imputados.

Hay varios hechos confirmados. La desmovilización de la Cacica Gaitana fue en buena parte un montaje. El líder del grupo, Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, estaba en la cárcel y según la Fiscalía para esa época ya había desertado de las Farc. Está confirmado que por lo menos 20 de los 66 supuestos guerrilleros eran en realidad civiles reclutados por Saldaña a última hora, para la desmovilización, y la avioneta que el grupo entregó, como si fuera de ese grupo subversivo, en realidad había sido decomisada por la fuerza pública meses atrás.

Pero lo que no está probado y es el quid de este caso es quiénes fueron los responsables de todo. ¿Luis Carlos Restrepo?, como dice la Fiscalía; ¿o los militares que organizaron el show?, como insinúa Restrepo, ¿o unos y otros fueron víctimas de Saldaña, un preso muy creativo que se las ingenió para timarlos a todos?

Para la Fiscalía la respuesta está clara, dice que el alto comisionado sabía todo y se ideó toda la operación. En el escrito de formulación de imputación se dice que Restrepo se confabuló en “una empresa criminal” con dos oficiales del Ejército (los coroneles Hugo Castellanos, que era el oficial de enlace de la Oficina del Alto Comisionado, y Jaime Ariza, comandante de la Regional de Inteligencia del Ejército número 5) y con algunos de los supuestos desmovilizados, entre ellos Olivo Saldaña.

Según el fiscal, esta “empresa criminal” se inventó la compañía la Cacica Gaitana y desmovilizó entonces a falsos guerrilleros, por lo cual incurre en el delito de fraude procesal, que es tal vez el menos grave de todos. Y como esos falsos guerrilleros necesitaban entregar armamento para hacer creíble la desmovilización, el fiscal también acusa a Restrepo de delitos de grueso calibre como tráfico de armas agravado –tanto de armas de uso personal como privativas de la fuerza pública– porque, según la acusación, el comisionado estuvo al tanto de la adquisición y el trasporte de las armas. No solo “se apoyó” en el coronel Castellanos, para que estas les llegaran a los falsos desmovilizados, sino que también fueron almacenados “en medio de un alto hermetismo” en las instalaciones de Rime 5 por cerca de 20 días. También señala que Luis Carlos Restrepo sabía que “una persona dedicada al narcotráfico, Hugo Alberto Rojas”, dio plata para comprar otras armas que estaban en la clandestinidad.

En tercer lugar, el fiscal acusa a Restrepo de haber permitido que esos falsos desmovilizados recibieran auxilios mensuales del Estado por un total de 1.037 millones de pesos –el último lo recibieron en septiembre de 2011–y por eso tiene que responder por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Y el último delito que le imputaron a Restrepo en la audiencia del viernes como reo ausente fue el de prevaricato por acción, por haber aceptado la lista de los desmovilizados que le entregó Saldaña, según la Fiscalía, a sabiendas que la Cacica Gaitana no existía.

En realidad, parece más el expediente de uno de los más avezados criminales que el de un siquiatra que en algún momento, por sus conocimientos y sus conferencias, se ganó el apelativo de ‘doctor Ternura’. O si se quiere, un hombre que les mostraba los dientes a los paramilitares mientras otros dirigentes políticos les rendían tributo.

De lo que parece no haber duda es que el eje de toda la operación fue Olivo Saldaña. Este había sido originalmente un jefe de finanzas de las Farc, quien había sido considerado un desertor cuando se fugó con un dinero. Posteriormente, fue capturado por las autoridades y encarcelado. Uno de los falsos desmovilizados le afirmó a la Fiscalía que “(Olivo) me dijo que tenía que hacer una desmovilización y que si lo ayudaba nos metía para obtener beneficios. Que eso ya estaba cuadrado con gente importante (...) Me dijo que consiguiera gente de la calle, ñeros, ladrones y todo eso, que les ofreciera 500.000 pesos y les pusiera una cita para que viajaran”.

Asimismo, el entonces jefe de esa cuadrilla, alias Biófilo, ha dicho que la compañía Cacica si existía, pero que el error fue que se le dio más importancia de la que tenía y que Saldaña metió un poco de gente colada. “Me dijo que la hermana iba a llevar gente para que desmovilizara (…). Llegaron nueve, más o menos”.

Y hay también otros indicios que abren un gran interrogante sobre el papel del Ejército. Restrepo ha dicho que “todo se coordinó en el Ejército” y que fue inteligencia del Ejército la que le anunció que esa compañía se iba a desmovilizar. “Casi al momento de la desmovilización me aclaran que es una compañía móvil que está haciendo tránsito por el Tolima y que iban a aprovechar para desertar”. Y añadió: “Hasta último momento eso tuvo el aval del comandante del Ejército, Mario Montoya. Yo actué con confianza, no tenía por qué dudar de ellos. Yo tenía una información avalada por el Ejército al más alto nivel”. De hecho, de manera inusual, quien presidió la desmovilización ese 7 de marzo de 2006 fue el general Mario Montoya y calificó esa deserción masiva como el más duro golpe a la guerrilla en esos últimos años.

De lo anterior queda claro que algunos miembros de las Fuerzas Armadas definitivamente habían participado en un montaje, lo que no queda tan claro es si el comisionado era cómplice de ese operativo o simplemente una víctima ingenua como él pretende. También existe la posibilidad de que él se diera cuenta del engaño pero lo dejara pasar porque le convenía a la imagen del gobierno. El fiscal parece no creer ninguna de estas alternativas intermedias y asegura más bien que Restrepo era el verdadero cerebro de toda la operación. Su argumento es que el comisionado necesitaba desmovilizaciones colectivas de las Farc para legitimar el proceso “que se venía surtiendo con los grupos de extrema derecha”. Sin embargo, el argumento no parece ser muy sólido porque para esa época, marzo de 2006, estaban en pleno auge multitudinarias desmovilizaciones reales y la opinión pública tenía una buena aceptación de ellas.

El que realmente podía estar más interesado era el Ejército, pues si los desertores gota a gota se habían convertido en una poderosa arma contra la guerrilla, la desmovilización de una columna entera era un golpe a la moral de los insurgentes en el corazón de la selva. En otras palabras, el montaje de la Cacica Gaitana no era tanto un engaño a la opinión pública como un mensaje para las Farc.

Por momentos el escrito de la Fiscalía cae en excesos como decir que “Luis Carlos Restrepo habría recibido la sugerencia de parte de la comandancia de las Auc de hacer estos acercamientos con los grupos armados ilegales de extrema izquierda”. Y anota que en vista de que no había logrado cumplir con esa tarea “procedió a concertar con los demás imputados para realizar la falsa desmovilización”. ¿Un hombre que los paramilitares muchas veces vetaron como su interlocutor iba recibir este tipo de sugerencias de ellos?

A nadie le cabe en la cabeza que Luis Carlos Restrepo termine condenado por delitos como tráfico de armas agravado o esté señalado de ser el líder de una organización criminal. Pudo haber sido testarudo, imprudente y hasta equivocado, pero delitos de 20 años de cárcel o más no parecen encajar con su gestión. Para que esto suceda, la Fiscalía tiene que presentar pruebas contundentes. En este caso no sería de buen recibo el simple testimonio de un par de desmovilizados, como Olivo Saldaña, que puedan tener intereses en obtener un principio de oportunidad y cuya credibilidad está en entredicho.

Incluso, de llegar a prosperar los cargos, no deja de ser una gran paradoja que el funcionario que desmontó 32 estructuras de ejércitos privados ilegales, podría llegar a tener una condena más alta que la de los jefes paramilitares o guerrilleros que desmovilizó. Mientras que estos, sometidos a la Ley de Justicia y Paz, reciben una pena máxima de ocho años; la Fiscalía, en su escrito de imputación de cargos, pide al juez que condene a Restrepo a delitos que tienen penas de hasta 16 años de prisión y en el peor de los casos se le podrían duplicar a 32.

La Fiscalía se está jugando en este caso su pellejo. Ya mostró un ánimo precipitado, y con cierto aroma mediático, al pedir la orden de captura de Luis Carlos Restrepo un día antes de que se diera la audiencia. Y a eso se le suma el factor Carlos Alonso Lucio, el esposo de la fiscal Viviane Morales. Como se recordará, en diciembre pasado, pocas horas antes de que se conociera la medida en su contra, Restrepo le mandó a la fiscal una carta de cinco páginas en la cual denuncia que como comisionado de Paz tuvo conocimiento de que Lucio usaba un avión privado para ir a asesorar a las autodefensas y que para ese entonces no tenía autorización para adelantar labores de paz con grupos ilegales. Restrepo aseguró en ese momento que la imputación de cargos era una respuesta “visceral” a la carta. La Fiscal le respondió: “¿Por qué le falló la memoria durante seis años y se viene a acordar ahora de esos hechos, supuestamente delictivos?”. Más allá de cuál es la verdad entras estas dos versiones, el hecho de que se persiga tan acuciosamente y en términos tan duros a un contradictor del marido de la fiscal, tiene muy mala presentación. Esta circunstancia es tan evidente que podría convertirse en el pasaporte de Restrepo para obtener asilo político en otro país, como dice La Silla Vacía.

Lo cierto hasta ahora es que el affaire Restrepo se juega tanto en el terreno judicial como en el político y los dos están íntimamente ligados. Los cargos criminales contra Restrepo parecen a primera vista sobredimensionados. Por eso, o la Fiscalía muestra pruebas contundentes para lograr la condena ante el juez, o de lo contrario le daría la razón a quienes pregonan desde la derecha que hay una persecución contra el uribismo.