¿Cómo se ‘cocinó’ el acuerdo sobre justicia en La Habana?

En la madrugada del viernes 18 de septiembre, con ojeras y exhaustos, todos seguían en el apartamento de Juan Carlos Henao en el norte de Bogotá. Desde las siete de la mañana del jueves, es decir, hacía 22 horas, se habían encerrado allí el abogado español Enrique Santiago, el político conservador Álvaro Leyva, el defensor de derechos humanos Diego Martínez, el exmagistrado Manuel José Cepeda, el profesor norteamericano Douglas Cassel y Henao, rector de la Universidad Externado y anfitrión. Los tres primeros habían sido nombrados por las Farc como parte de la comisión jurídica que apoya el proceso de paz. Los otros tres, por el gobierno.

Ese día, la meta era sacar por fin un acuerdo de justicia para que fuera aprobado por la Mesa de Conversaciones de La Habana. Llevaban mes y medio trabajando en él y en la recta final estaban atascados en varios puntos. Uno de ellos: la extradición. Para las Farc era claro que tenía que estar escrito en el acuerdo que no serían extraditados. La persona clave en este tema era Cassel, abogado y amigo personal del delegado del presidente Obama para el proceso de paz: Bernard Aronson.

Superado el impasse de la extradición y otros detalles relativos a las sanciones y la dejación de armas, los abogados se despidieron y salieron del apartamento de Henao cuando ya era de día, con la urgencia de presentarle el acuerdo a sus respectivas delegaciones en Bogotá y La Habana.

Todo había comenzado dos meses atrás, en un intento desesperado por superar la crisis desatada en abril por la muerte de 11 soldados en el Cauca, que se había agudizado con la ofensiva militar de ambas partes, que tuvo su clímax en junio.

En julio, luego de lograr un acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, y viendo que los diálogos seguían frente al abismo, gobierno y Farc decidieron desescalar la guerra y acelerar la negociación. Santos dio un ultimátum. Dijo que si en noviembre no había un acuerdo en materia de justicia, el proceso de paz se podía acabar.

Pero este asunto se había convertido en un nudo gordiano y, a pesar de las intensas discusiones, ninguna de las partes se movía de sus posiciones. El gobierno insistía en el Marco Jurídico para la Paz y las Farc en que había que inventar otro modelo basado en la justicia restaurativa y prospectiva.

Entonces, la Mesa de La Habana, encabezada por Humberto de la Calle e Iván Márquez, decidió crear una comisión que ayudara a superar el estancamiento. El nombre de Manuel José Cepeda era obvio para el presidente, no solo por su experiencia, sino porque había estado al frente del fuero militar, y le daba tranquilidad al estamento castrense. El de Henao por sus credenciales jurídicas, pero también por su talante liberal y heterodoxo. Cassel por su doble condición de experto en derechos humanos y por su cercanía con el gobierno de Estados Unidos, y en particular, con Aronson.

Las Farc ya tenían como asesor jurídico a Santiago, de tradición comunista, experto penalista que ya había defendido a personas acusadas de ser de la insurgencia y quien venía trabajando asuntos como la amnistía y la extradición con Martínez, abogado defensor de derechos humanos, quien también es defensor de Simón Trinidad en Colombia.

Leyva, por su parte, había estado durante estos tres años tras bambalinas, asesorando a las Farc y en franca distancia con el gobierno, que evitaba darle cualquier juego. Luego del ultimátum, el senador Iván Cepeda y Enrique Santos propiciaron una reunión entre Leyva y el presidente, que se llevó a cabo en la casa de este. El mensaje de Leyva era que había que sacar el acuerdo mucho antes y que había condiciones para hacerlo. Su papel en adelante, sería crucial.

Leyva ha sido una bisagra en el proceso sobre todo en la última etapa: es un político que entiende que el derecho es parte de la solución y no un problema. Además, lo escucha la guerrilla y tiene puentes con el establecimiento.

Con la idea de acelerar, y en lo posible tener un acuerdo para finales de agosto, los seis juristas se reunieron por primera vez el 26 de julio en la casa de la Embajada de Noruega en La Habana. Hubo buena química entre todos ya que tenían un punto de partida claro: buscarían una fórmula para el proceso de paz, no para encarcelar a las Farc. También decidieron que no se centrarían en sus diferencias, sino que construirían a partir de la experiencia de cada cual. No sería un pulso para imponer tesis jurídicas que dejara ganadores ni perdedores.

En esa primera reunión avanzaron muchísimo. Dag Nylander, el diplomático noruego que actúa como garante del proceso, hizo almuerzo para todos y desde entonces se les volvió costumbre desayunar, almorzar y cenar juntos. En dos días frenéticos sacaron 30 puntos que eran principios básicos y de espíritu del acuerdo. Quedaba claro desde un principio que se trataría de un sistema judicial (no extrajudicial), que sería para todos los actores involucrados en el conflicto y que tendría tribunal y sanciones. A esa primera reunión llegó toda la delegación de las Farc a saludarlos. Fue algo corto y protocolario.

Algo similar ocurrió en Bogotá cuando el presidente Santos se apareció en el apartamento de Juan Carlos Henao donde trabajaba la comisión de los seis abogados. Fue una visita rápida e informal. Les dejó un mensaje claro: busquen un acuerdo que sea legítimo frente al país, seguro ante la justicia internacional y eficaz para el proceso de paz.

La comisión estaba avanzando tan rápido que hacia finales de agosto se rumoraba que ya el ‘muñeco’ estaba listo. Pero en realidad estaba muy crudo y por eso Álvaro Leyva lo llamó el “precocido”. Las últimas tres reuniones fueron muy difíciles, especialmente las que se celebraron en La Habana durante el último ciclo de conversaciones.

Por eso, ese jueves 17 de septiembre, ya de regreso a Bogotá, se sentaron a trabajar sin muchas esperanzas de sacar el acuerdo adelante. En la noche todo parecía estancado. La reunión se prolongó hasta la madrugada porque Enrique Santiago viajaba a La Habana y eso hizo que trabajaran hasta el amanecer. En esas horas definitivas, cuando ya el alba despuntaba detrás de los cerros de Bogotá, lograron destrabar el acuerdo.

Claro que también había una motivación secreta. La visita del papa a Cuba se iniciaba el sábado 19 de septiembre y las Farc aspiraban a tener un encuentro con él. Del lado del gobierno también había conciencia de que el proceso de paz necesitaba un oxígeno y que Francisco era el hombre para dárselo.

Ese viernes a las once de la mañana los juristas del gobierno se reunieron con el presidente. Llevaron un documento de 18 páginas con 75 puntos. Santos puso algunos reparos. Se decidió que al documento como tal le faltaban desarrollos, pero que su contenido se daría a conocer a través de un comunicado que redactaron a cuatro manos Leyva y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. También salió a flote un elemento que ya se venía cocinando: la fórmula de justicia estaría amarrada a una fecha para el desarme, que sería 60 días después de firmado el acuerdo final. Así, el nuevo sistema solo sería aplicable a personas que ya hayan dejado los fusiles.

El sábado se rumoraba que el domingo se presentaría la propuesta ante el papa pero esto no fue cierto. No era más que un deseo imposible de cumplir por la agenda del papa y porque aún había puntos por finiquitar.

Santos sabía que el tiempo se había convertido en el peor enemigo del proceso de paz. Por eso, la idea de ponerle un plazo a la firma del acuerdo también empezó a coger fuerza. Eso implicó nuevas consultas. Las Farc estaban hablando informalmente de que en junio de 2016 podía estar firmado el acuerdo. Entonces el gobierno les propuso una fecha: el 23 de marzo. Es decir, seis meses. Todos lo consideraron difícil pero posible si se trabaja a toda marcha.

A esas alturas, Timochenko ya estaba embarcado para La Habana y Santos consideró que la ola de emoción que dejaba el papa, la Asamblea General de la ONU y las 18 páginas que tenía en sus manos, daban para hacer un anuncio completo.

El martes la delegación negociadora del gobierno viajó a La Habana a ultimar todo. Y solo esa noche se confirmó con la agenda de Raúl Castro que era posible hacer el encuentro el miércoles en la tarde, antes de que los presidentes viajaran a Nueva York. También se lograron acuerdos de última hora entre las partes al filo de la medianoche.

La mañana del miércoles 23 de septiembre, el avión presidencial partió rumbo a Cuba con los abogados, algunos políticos y periodistas. Mientras degustaban un sushi servido a bordo, Santos reveló que le envió el documento al exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo para que le diera una opinión: “Esto es una pieza de arte, sin precedente en ningún proceso de paz”, dice Santos que le dijo Ocampo.

Como se sabe, al llegar a La Habana, Santos y Timochenko tuvieron una reunión privada en la que sellaron el acuerdo de que en seis meses o menos debe estar firmada la paz en Colombia. Luego se dio a conocer el comunicado que resume el espíritu del acuerdo. Humberto de la Calle e Iván Márquez, como jefes de las delegaciones, lo firmaron en público. Esa noche, poco después de terminada la ceremonia oficial, y del apretón de manos entre Santos y Timochenko, las delegaciones firmaron en privado el documento completo que contiene el acuerdo para crear una jurisdicción especial de paz, y se lo entregaron a los garantes.

Los diez puntos del comunicado, que es lo que se conoce hasta ahora, cumplen con el objetivo señalado por la Mesa: es una fórmula de justicia para la paz, que pone en el centro los derechos de las víctimas. Pero su reglamentación y desarrollo serán tan complejos que la verdadera obra de arte será llevarla a la práctica y que sea aceptada por los colombianos.