La condena ejemplar a César Pérez

Tuvieron que pasar 24 años, seis meses y cuatro días para que la Justicia condenara al veterano político César Pérez García como autor intelectual de la histórica masacre de Segovia, en Antioquia, que dejó 46 personas muertas, alrededor de 60 más heridas y sus miles de habitantes marcados de por vida.

El viernes 11 de noviembre de 1988, un grupo de hombres armados y encapuchados llegó en la noche al pueblo, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, para buscar y asesinar a 46 personas, entre ellas diez mujeres, cuatro menores de edad y un adulto mayor. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a Pérez a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y lesiones personales y como autor intelectual de la masacre, elevada a crimen de lesa humanidad.

 Inicialmente esta barbarie les fue endilgada a las Farc y al ELN, pero con los años se sabría que fue ordenada por el líder paramilitar Fidel Castaño; organizada y comandada por su lugarteniente Vladimir, desde las instalaciones del Batallón Bomboná, y ejecutada por los hermanos Mario y Marco Antonio Ruiz Villa, alias los Yeyos o los Pecas, quienes meses antes habían jurado vengarse del municipio de Segovia cuando la guerrilla mató a un hermano de ellos por traficar con drogas en la región.

Vladimir confesó estos y otros crímenes en 1995, pero el caso no avanzó, hasta que la Corte Suprema  de Justicia reabrió el caso en 2010. Ante ese tribunal, Vladimir dijo que la masacre de Segovia había sido ordenada por el exsenador César Pérez con el fin de eliminar a todos los líderes de la Unión Patriótica que habían barrido en las elecciones, tras conseguir la Alcaldía y siete de las 13 curules del Concejo. La masacre le devolvió a Pérez, según la Corte, el poder del que consideraba era su bastión político.

A pesar de la importancia que se le dio a esta masacre, la Justicia prácticamente claudicó en investigarla durante más de dos décadas, hasta que hace un par de años la Corte Suprema de Justicia decidió elevarla a crimen de lesa humanidad, algo nuevo en este tipo de delitos, reabrió el caso y vinculó a Pérez como autor intelectual. 

Con el fallo, la Corte también dejó en claro que los paramilitares no pudieron actuar y cometer sus atrocidades sin el apoyo, la complicidad o la dirección de otros actores políticos o económicos. Todo un giro de la Justicia, que se ha enfocado durante años a perseguir y condenar a los comandantes, mandos medios o perpetradores de masacres y asesinatos selectivos.

Por eso, la condena de Pérez tiene una especial trascendencia. No solo es un triunfo simbólico para las víctimas que, tras casi un cuarto de siglo de impunidad, la Justicia haya llegado al último eslabón de una masacre histórica, símbolo del exterminio al que fue sometida la Unión Patriótica. 

Esta sentencia sienta, además, un precedente en la investigación y el castigo de quienes, en su mayoría, continúan hoy en la impunidad tras el accionar de los paramilitares: los autores intelectuales o, como los llama la Justicia, los determinadores. La famosa ‘Junta Directiva’ de Carlos Castaño aún sigue en la sombra. 

Por eso, la gran pregunta es si la Justicia, que actuó de manera ejemplar contra Pérez, cuya influencia en la política regional y nacional había menguado, lo hará con la misma contundencia frente otros personajes aún muy poderosos que puedan estar involucrados en otras masacres y violaciones masivas al Derecho Internacional.