La condena al mayor del Gaula por 'falsos positivos'

En los primeros nueve meses del año 2007 el Gaula del Ejército, en Córdoba, bajo el mando del mayor Julio César Parga Rivas, cometió 48 asesinatos en personas protegidas, llamados eufemísticamente ‘falsos positivos’. 

El oficial confesó que utilizó 87 millones de pesos de la entidad para gastos relacionados con los crímenes, entre ellos las armas que les ponían a las víctimas para hacer creer que eran delincuentes. 

Para la época, el Gaula bajo el mando de Parga era uno de los que mejores resultados entregaba en el país, lo que le valió ser distinguido como un oficial brillante. Varias veces a la semana, en diferentes operaciones que se realizaban en contra de supuestos extorsionistas y secuestradores, dejaban entre dos y tres personas muertas durante los combates. 

Lejos de la realidad de los buenos resultados estaba toda una maquinaria criminal que se aprovechaba de la necesidad de muchas de las víctimas para engañarlos y llevarlos a la muerte. Las supuestas bajas se daban en diferentes municipios de Córdoba, muchas de ellas muy cerca de Montería. 

En el momento de reportar los muertos en combates, se presentaban algunos como extorsionistas, ladrones o secuestradores. En su mayoría, no tenían documentación personal y pasaban como personas sin identificar. Hasta ese momento todo se mostraba como el fruto del trabajo que había detrás de un oficial brillante y de sus hombres dedicados a contrarrestar la delincuencia que afectaba a la ciudadanía. 

Pero las investigaciones de la Fiscalía comenzaron a decir lo contrario. Muchos de los estudios forense demostraban que los supuestos delincuentes jamás habían disparado armas y que la trayectoria de los impactos en sus cuerpos no concordaban con las declaraciones de cómo se habían dado los presuntos combates. Esto se sumó a que las mencionadas denuncias de extorsiones, que fueron los orígenes de los operativos, en realidad no existieron.

Tampoco se pagó dinero a informantes, con el cual se había justificado que el Gaula Córdoba gastara de su rubro 87 millones. 

Lo que más causó asombro de todo fue conocer el perfil de las 48 personas que habían muerto aunque algunas de ellas no han sido identificadas hasta el momento. El común denominador era el de ciudadanos de escasos recursos, sin empleo y de diferentes regiones del país. Algunos eran desmovilizados, desplazados, albañiles, vendedores ambulantes y hasta habitantes de la calle afectados por la drogadicción. 

Todos los crímenes fueron confesados por el entonces mayor Parga, quien narró que él sabía de las falsas operaciones. Contó cómo firmó las autorizaciones para las mismas, cómo en cada una se justificaron pagos a informantes que nunca existieron (que iban desde 1,5 hasta 6 millones de pesos) y la manera en la que los intermediarios conseguían a los incautos para que viajaran a diferentes poblaciones de Córdoba con la promesa de conseguir trabajo. 

“Para lograr su objetivo, el comandante mismo del Grupo Gaula-Córdoba, el señor Julio César Parga Rivas, tomaba indistintamente recursos de los rubros de Gastos Reservados del Gaula, para comprar armamento que en ocasiones resultaba defectuoso y poder, de esta forma, recrear la escena de un combate armado, asegurándose previamente que las víctimas  se encontraran en total incapacidad de reaccionar ante un ataque inminente, ya que como relata el ente acusador y los familiares de las víctimas, estos fueron engañados con falsas promesas de encontrar un empleo que mejorara sus condiciones de vida”, indica el fallo de cien páginas. 

Uno de los casos que más llamó la atención durante la investigación fue el de Jorge Hernández, quien viajó desde Medellín a Montería para radicarse en esta ciudad. Allí su vida se fue por un mal camino que lo llevó a caer en la drogadicción, lo que según algunos de sus conocidos, lo convirtió en un habitante de la calle que se dedicaba a robar cable telefónico para conseguir su droga. 

Un día, quienes estaban acostumbrados a su presencia, no volvieron a saber de él. Al cabo del tiempo conocieron que había muerto el 20 de mayo del 2007 durante la operación militar ‘Mineros 8’ del Gaula Córdoba y que fue presentado como un supuesto delincuente. 

El ‘oficial estrella’ también se vió vinculado con la muerte de Fren Darío Chanthe y Yeison Hidrovo, quienes fueron asesinados el 7 de septiembre del 2007. En la orden de operación existieron serias inconsistencias como las diferentes versiones en fecha y hechos. 

En el reporte, aparecía que los combates ocurrieron a las 3:30 a. m., mientras las necropsias arrojaron que las dos personas murieron a las 2:30 a. m. de ese mismo día, es decir una hora antes de que se diera la supuesta confrontación.

Pese a que en su momento los soldados que participaron en el operativo dijeron que estaban en condición de desventaja sobre los supuestos subversivos que los atacaron, una de las razones que los dejó en evidencia es que ninguno de ellos resultó herido. 

En este caso, la Fiscalía aseguró que jamás hubo combate alguno, sino que los jóvenes intentaron huir para salvar sus vidas mientras que los miembros del Gaula los persiguieron para luego matarlos: “una cacería”, del cual fueron víctimas Efrén y Yeison”.

Parga confesó su responsabilidad en este y otros casos más. Aseguró que el reclutamiento de las víctimas se dio en masa y que no conocía la procedencia de las personas, pues de eso se encargaban algunos miembros de la Red de Cooperantes.

La Fiscalía también dejó en evidencia cómo el oficial y las demás personas implicadas en el caso conseguían las firmas que les permitieron legalizar los pagos a los supuestos informantes. Un caso es el del sobrino de un soldado profesional a quien aparecía que le habían cancelado cuatro millones de pesos, cuando en realidad su familiar le dio 20.000 pesos para que le firmara un documento en blanco. Esta versión la corroboró el mismo joven ante las autoridades. 

Los 48 homicidios llevaron a que el paso 30 de julio, luego de acogerse a sentencia anticipada y aceptara los crímenes, el juzgado penal del circuito especializado adjunto de Montería condenara Julio César Parga Rivas a la pena de 60 años de prisión, pero ante su allanamiento a las conductas imputadas recibió una rebaja de la mitad de la pena. 

Parga fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso material, heterogéneo con el de favorecimiento de homicidio, peculado por apropiación, falsedad en documento público y concierto para delinquir agravado. Solicitó ser trasladado a la prisión militar de Tolemaida para purgar allí su condena, petición que fue aceptada por la juez Rosana Mattar, encargada de proferir su sentencia. El fallo también incluye que el procesado deberá pagar una multa de 87 millones de pesos.

Pero los líos jurídicos de Julio César Parga Rivas venían desde mucho antes puesto que su vida también se vio envuelta en supuestos nexos con el narcotráfico. Por esta razón fue extraditado a Estados Unidos pero dos años después, es decir octubre del 2010, regresó al país deportado. En ese entonces la Unidad de Derechos Humanos lo esperaba para que respondiera por los ‘falsos positivos’. 

Su llamado ante la justicia de Estados Unidos se dio por supuestos vínculos con exparamilitares que enviaban droga desde Colombia. De dichas acusaciones logró salir avante, lo que lo salvó de al menos 30 años de cárcel. Pero su paso por ese país dejó marcados a algunos oficiales que fueron salpicados con sus declaraciones.