La espada de Damocles

Cuando abordaba el avión en Cartagena, en una breve escala que hizo de regreso de su gira por Estados Unidos, el presidente Andrés Pastrana supo que las Farc se habían llevado al gobernador de Antioquia mientras encabezaba una manifestación de resistencia civil en contra de la violencia. Apenas aterrizó en Bogotá el presidente confirmó que la retención de Guillermo Gaviria Correa, de 39 años, se había convertido en un secuestro.

Pastrana llamó de inmediato a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía, responsables de la seguridad en Antioquia. “¿Qué pasó con Guillermo?”, preguntó ese domingo 21 de abril. Los oficiales le explicaron en detalle lo ocurrido. Ambos, además, hicieron énfasis en que el propio gobernador había rechazado la escolta y desestimado las advertencias del riesgo que corría al meterse sin protección a un territorio con presencia de las Farc. “De todas maneras no faltará quién diga que esto es culpa del gobierno”, dijo molesto el Presidente. Uno de sus asesores hizo eco de su indignación: “Les hemos dicho a todas las personalidades que deben cuidarse, no dar papaya, porque las Farc van a insistir en el canje”.

El botín de las Farc era jugoso: Gaviria, un carismático dirigente político, es uno de los mandatarios regionales más influyentes del país, electo con más de 380.000 votos. También cayó en manos de la guerrilla, de carambola, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry, que como consejero de Paz acompañaba al gobernador en la marcha de solidaridad con Caicedo, un municipio antioqueño al que los subversivos le roban sus cosechas de café.

Las Farc tienen ahora en su poder a una candidata presidencial, un gobernador, dos ex ministros, cinco parlamentarios, 12 diputados, un ex gobernador y 44 suboficiales de la Policía y del Ejército y un oficial, el coronel que tenía a su cargo el puesto de Policía de Mitú. Personalidades que pretenden utilizar para obligar al gobierno a realizar un canje por guerrilleros presos, una obsesión de ‘Manuel Marulanda’ desde que arrancaron los diálogos de paz.

El presidente Pastrana ha sido tajante: “En mi gobierno no habrá canje. Ese fue el mensaje que les enviamos a las Farc en la Mesa de Negociación y ese es el mensaje que les reiteramos ahora”, repitió la semana pasada en tres ocasiones.

El ministro del Interior, Armando Estrada Villa, insistió en la idea en entrevista posterior con SEMANA: “No es posible asimilar personas secuestradas que han sido tomadas a la fuerza cuando realizaban sus actividades lícitas con personas que están detenidas por haber infringido la ley”.

El Ministro explicó que el acuerdo que hicieron con las Farc en junio pasado fue humanitario y no un canje. “Fueron puestos en libertad 13 guerrilleros por los 248 policías y soldados. La condición básica que hubo era que ninguno de los guerrilleros había cometido delitos atroces y casi la totalidad ya estaba a punto de cumplir las penas”, agrega Estrada Villa.



Impedido

El gobierno tiene varios impedimentos para negociar un canje. Tras la ruptura del proceso de paz las Farc perdieron su estatus político y por eso para el sistema legal colombiano ahora los guerrilleros son delincuentes comunes. Para negociar un canje habría que restituirles el carácter político. Y no es probable que lo haga dado el desmadre del conflicto y el poco tiempo que le resta al gobierno de Pastrana.

Recuperar por la vía del canje este reconocimiento político es precisamente uno de los objetivos de las Farc. No es por azar que la guerrilla ha presentado el canje como “un intercambio de prisioneros de guerra”. Este término se utiliza solamente en conflictos armados en los que se enfrentan dos Estados igualmente soberanos. Con el control territorial y la autonomía política que ejercían sobre la zona de distensión, con la gira por Europa a la par del gobierno y con la propuesta de canje como un intercambio de prisioneros de guerra entre iguales, las Farc buscaban el reconocimiento del estatuto de beligerancia. Como lo demás se les ha estropeado el único tema que les queda para recuperar su estatus político es el canje.

Las Farc también necesitan un canje porque crecieron mucho en los últimos tres años en combatientes rasos, sobre todo niños y mujeres, y necesitan recuperar sus mandos militares que están presos. “Varios de los mandos novatos han desertado con recursos de las Farc o después de haber cometido abusos contra su tropa o contra la base social bajo su jurisdicción, explica el Observatorio de Paz en su reciente análisis ‘Las Farc después de la ruptura del proceso de paz’. En este momento, en que se ven obligadas a una dislocación táctica para contrarrestar el escalamiento tecnológico de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, uno de los problemas más urgentes y de difícil resolución para las Farc es su carencia de suficientes mandos confiables que les garanticen la estabilidad de la tropa”.

A esto se suma que desde la ruptura del proceso de paz la guerrilla está perdiendo combatientes a una velocidad mayor que su capacidad de reclutamiento y entrenamiento. En los últimos tres meses —según reportes de prensa y del Ejército— varios cientos de integrantes de las Farc han quedado fuera de combate porque han muerto, han sido capturados o han desertado. Sin la zona de distensión y con la presión de la Fuerza Aérea, que no les permite quedarse quietos durante largo tiempo, cada vez les queda más difícil reclutar gente. En este contexto los guerrilleros presos son clave para ‘Marulanda’, pues muchos de ellos tienen experiencia militar y política.

Ceder al canje también abre la compuerta para que se disparen nuevos secuestros. “Cada pago o política de canje hace que se fortalezca la estructura del secuestro, aumentando los incentivos para incrementar las retenciones ilegales por parte de los grupos al margen de la ley”, dice la Fundación País Libre. “Si se acepta este tipo de canje convertiremos a los seres humanos en instrumentos capitalizables y habrá más secuestros”, coincide el senador Enrique Gómez Hurtado.

El mismo gobernador Gaviria, previendo que la guerrilla lo podría utilizar como un canjeable, dejó sentada su posición al respecto antes de salir de Medellín: “Mi voluntad, en caso de un secuestro, es que el país no acepte hacer ningún tipo de concesión como contraprestación a mis captores”.

El presidente Pastrana, no sólo en el caso de Gaviria sino en otros, en los que los familiares de las víctimas están pidiendo negociación, se ha negado a ésta y ha ordenado al Ejército perseguir a los secuestradores. Negó también la posibilidad de despejar los corregimientos Peñas Blancas y Pichindé y la vereda Villacarmelo como lo solicitaron las Farc para permitir el ingreso de una comisión humanitaria a la zona donde tienen retenidos los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca.

Sin embargo el gobierno está sometido a una gran presión. Los familiares de las víctimas —con sobrada justificación— abogan por la vida y la libertad de sus seres queridos por encima de consideraciones políticas nacionales. En el espacio de televisión del Congreso pasan propagandas diarias exigiendo la liberación de los representantes y senadores secuestrados. Están además las consideraciones humanitarias: algunos de los suboficiales, por ejemplo, llevan más de cuatro años en cautiverio y algunos rehenes tienen problemas de salud.

Si, como lo ha afirmado, el presidente Pastrana no realiza el canje, éste se constituirá en la espada de Damocles del próximo presidente. Sobre todo si es elegido Alvaro Uribe, que se ha trepado en las encuestas con su discurso de no ceder al chantaje de los violentos.