El circo en la Hacienda La Gloria: Efromovich le gana pulso a Marulanda

El cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional -que dirimió la pelea histórica de campesinos por una porción de 1.200 hectáreas de la Hacienda La Gloria, en el Cesar- estuvo a punto de desatar otro pleito entre grandes proporciones, esta vez entre el empresario Germán Efromovich y el polémico exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda.

Esta emblemática hacienda fue adquirida en el año 2008 por el empresario propietario de Avianca, quien le compra a Marulanda 6.000 hectáreas en el sur del Cesar y 2.500 en Bolívar. Estas tierras, conocidas hace una década con el nombre de Bellacruz, llevan la sombra de haber sido agrandadas de manera sustancial por cuenta de presión de grupos armados ilegales.

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Las denuncias por despojo se volvieron recurrentes en el marco de la Ley de Justicia y Paz, donde víctimas y paramilitares aseguraron que detrás de la presión armada estaba la familia Marulanda. Aunque el exembajador en Béligica, Luxemburgo y la Unión Europea fue capturado con circular roja de Interpol, las investigaciones en su contra no prosperaron.

Sin embargo, su nombre no perdió protagonismo. Al dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Constitucional hace un año, la Superintendencia de Notariado y Registro reversó todas las transacciones efectuadas sobre la Hacienda La Gloria a tal punto que los registros de propiedad volvieron a quedar en manos de Marulanda, su anterior dueño.

Cuando Efrmovich intentó pedirle a Marulanda que restituyera los títulos este se negó, lo que convirtió el problema ya de por sí grande en un lío monumental. Entre otras, porque gran parte de esta tierra garantiza a su vez préstamos bancarios que sirvieron para financiar parte del proyecto palmero en el que hoy trabajan 1.000 campesinos.

En el caos que generó esta transacción el más afectado fue el empresario Germán Efromovich, que además de perder las 1.200 hectáreas que la corte ordenó devolver a los campesinos despojados, le terminaron revocando la totalidad de los títulos de carácter privado que estaban a su nombre. Junto con él, otros privados también se vieron afectados con el revés en las transacciones, por lo que con sendas solicitudes de aclaración volvieron a tocar las puertas de la Corte Constitucional.

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Semana.com conoció que el miércoles de la semana entrante se estudiará en Sala Plena un auto de aclaración, con el que la corte busca poner cada cosa en su lugar. Esto implicaría que le pedirán a las entidades del Estado que únicamente emprendan acciones de revocatoria sobre propiedades con vocación de baldías y no sobre terrenos privados.

Entre tanto, el Juzgado 10 Civil de Circuito de Bucaramanga, en contestación a las solicitudes de aclaración al cumplimiento del fallo, también emitió un auto en el que explica que la Corte Constitucional fue clara en determinar que la orden de cancelar los registro abarca: los predios contenidos en las resoluciones No. 1551 de 1994 y 481 de 2013, así como el fideicomiso establecido a favor de Fiducafé, hoy Fiduciaria Davivienda, y de todos los demás actos privados posteriores al 20 de abril de 1994, predios denominados Potosí, Los Bajos, San Miguel, Venecia San Simón, Caño Negro. Esto no incluye -dice la jueza Nancy Smith Acevedo Suárez- que se cancele el registro sobre todo el predio restante de mayor extensión, el cual era de propiedad privada.

La decisión de la jueza ordena que la determinación comience a regir desde el momento en que se expidió la sentencia de la Corte Constitucional SU235 de 2016, lo que significa que la nueva orden tiene prelación frente a todos los actos que se realizaron con posterioridad a dicha decisión. Con este documento, la Superintendencia de Notariado y Registro comenzó el proceso de recuperación de los títulos de los privados que se vieron afectados con la decisión.

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