“Siempre le echan la culpa al ICBF”: Cristina Plazas

La realidad de La Guajira no se puede desconocer. Las desgarradoras historias de los siete niños wayúu que han muerto este año por factores asociados a la desnutrición son la muestra de una crisis que viene de muchos años atrás y que es hora de solucionar.

La situación es de tal magnitud, que el mismo presidente, Juan Manuel Santos, reunió este miércoles a todas las autoridades responsables para tomar medidas de choque en los temas de salud, educación, infraestructura y asistencia alimentaria de la región.

“Sabemos que falta mucho por hacer… ¡No se puede morir ni un solo niño por desnutrición ni en La Guajira, ni en ninguna parte del país!”, expresó el mandatario después de terminar la reunión a la que asistieron, entre otros, la gobernadora Oneida Pinto, alcaldes guajiros y funcionarios de varias administraciones locales.

Pero en medio de los anuncios, el presidente señaló a sus propias instituciones. “Algunos de los niños que han muerto estaban bajo la protección o amparo del Bienestar Familiar; se presentaron fallas que se están corrigiendo”, dijo Santos.

La afirmación no cayó muy en el ICBF. En entrevista con Semana.com la directora de la entidad, Cristina Plazas, aseguró que los cuatro niños a los que se refirió el mandatario no estaban bajo protección, sino que fueron beneficiaros de programas del ICBF.

“El presidente se equivocó, no era protección, sino programas”, dijo. Y explicó que los menores que se encuentran bajo custodia de la institución son los que fueron abandonados, están en restablecimiento de derechos, fueron víctimas de violencia o son desvinculados de grupos al margen de la ley, entre otros.

Por el contrario, dos de los pequeños que murieron y que el presidente aseguró que estaban bajo protección del Instituto hicieron parte de unos Centros de Desarrollo Infantil, a los que sólo asistieron unas cuantas semanas. Los otros dos niños pertenecieron a dos Centros de Recuperación Nutricional que estaban bajo operadores que no cumplían los estándares de calidad y, por eso, después de investigaciones se les cancelaron los contratos en octubre del año pasado.

“De aproximadamente 40 niños que murieron el año pasado, sólo cuatro estaban en programas del instituto, no estaban bajo protección (…) Lo que pasa es que siempre le echan la culpa al ICBF. Y como todos están acostumbrados a que me echan el agua sucia, los demás no asumen responsabilidades”, manifestó.

Cristina Plazas aseguró que la intención de la reunión de este miércoles en la Casa de Nariño era lograr que todos asumieran responsabilidades en la situación que vive La Guajira.

“Los medios siempre hablan del ICBF, pero nunca de la Gobernación o las alcaldías. Nunca culpan a las EPS que, por cierto, deberían estar haciendo programas de prevención y promoción. (…) Incluso, nunca responsabilizan a las autoridades indígenas. En este tema todos tenemos parte y esa fue la intención de la reunión”, recalcó.

La indignación de la directora del ICBF frente a los titulares de prensa y a toda la responsabilidad que le han atribuido al instituto se fundamenta en que, según ella, desde cuando llegó al cargo en octubre del 2014 no ha parado en su lucha para que los operadores brinden un verdadero servicio y se acaben las prácticas de corrupción que se han presentado en algunas regiones del país.

“Cuando llegamos, sacamos al director regional de La Guajira y mandamos a la directora de contratación de la institución. Esa regional ha estado libre de dueño político. En el 2014 se capturó al director de la regional Nariño y a su esposa (…) Hemos hecho más de 54.000 visitas que han servido para adquirir todas pruebas necesarias para hacer los cambios de operadores y buscar la calidad”, recalcó.

Y aunque no hay duda de la gran responsabilidad que tiene el ICBF con los niños del país, también es claro que La Guajira necesita que las demás autoridades le garanticen agua potable, atención en salud, así como carreteras y medios de transporte.

“Estamos trabajando muy duro porque todo salga bien, porque estamos frente a mafias que son peores que el mismo narcotráfico. Aquí todos tenemos que ponernos la camiseta”, puntualizó Cristina Plazas.

Habla Oneida

La gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, también habló con Semana.com y aseguró que su objetivo al venir a Bogotá y reunirse con el presidente y demás autoridades era exponer la verdadera situación que vive la región.

“Estamos en un departamento con un sinnúmero de problemas. No tenemos la posibilidad de realizar las inversiones necesarias para garantizar atención porque el departamento debe cerca de 90 millones de dólares que se deben empezar a pagar este año”, dijo.

Una deuda que, para ella, es casi imposible de pagar, pues el departamento sólo recibe 415.000 millones de pesos de presupuesto. Por eso, este año La Guajira entra en un proceso de reestructuración y se declara en crisis en sus finanzas. “Nos vamos a cobijar bajo la Ley 550 y empezaremos a coordinar el presupuesto del departamento”, manifestó.