La historia de Rodrigo Granda y el oro

Una grave preocupación de las autoridades es que la minería ilegal, además de todos los problemas ambientales y sociales que tiene, esté también financiando grupos armados ilegales. Diferentes informes académicos, registros de prensa e investigaciones judiciales han dado cuenta de la participación de estos grupos en el negocio de la extracción de oro y otros metales.

Con la idea de comprender el fenómeno entre minería y violencia de manera más integral, SEMANA publicó en días pasados el extenso reportaje 'Oro y crimen'. Quedó sin embargo una duda frente a una aseveración del artículo, en el cual se afirmó que Rodrigo Granda, el llamado 'canciller' de las FARC “era socio de una firma (Inversiones Granda Restrepo) que explotaba oro en Caucasia”.

Esta información –que provenía de un completo informe del 2012 sobre la relación de grupos armados ilegales con el sector extractivo, elaborado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax-Colombia)- despertó sospechas entre varios lectores quienes afirmaron que el nombre Rodrigo Granda era un pseudónimo y por ello el dato no podía ser cierto.

A petición de CITpax, SEMANA se dio a la tarea de verificar el asunto. Lo primero que encontró es que, en efecto, como lo sostenía el estudio, Rodrigo Granda Restrepo es el verdadero nombre del vocero de la FARC y es el que aparece en su cédula colombiana número 19.104.578. El nombre ‘Ricardo Téllez’, que ha usado en ocasiones, es un alias. Así lo confirmaron fuentes gubernamentales.

Medios colombianos reportaron en abril del 2010 sobre un proceso judicial en contra de la familia de Granda, su esposa Yamile Restrepo, su hermano Rubén Darío Granda, la esposa de este, Elba Aranda y un concuñado de nombre Carlos Palacio. Entrevistados por los medios algunos de ellos le aseguraron que nada tenían que ver con las FARC. Un juez de garantías los dejó en libertad.

Luego -según lo documentó el informe de CITpax- en mayo del 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión de empresas y miembros de las FARC en la 'Lista de narcotraficantes y terroristas designados' (llamada 'lista Clinton') e incluyó allí a la empresa familiar Inversiones Granda Restrepo y Cia S.C.S. (Ingranres) de Bogotá. En este informe, esta entidad del gobierno estadounidense aseguró que Rodrigo Granda era socio de esta empresa, la cual hacía parte del ciclo de lavado de dinero de las FARC, como se ve en este organigrama.

Citando fuentes policiales, El Tiempo dijo que esta empresa tenía algunas propiedades entre ellas varias fincas, una embotelladora de agua y una mina productora de oro en Caucasia. SEMANA comprobó que en esa fecha no había títulos mineros a nombre de esta empresa. Sin embargo, aseguró la Policía al diario, que Palacio ha usado la mina de oro, “como fachada para mover plata de Granda y de Iván Márquez”. De ahí, la asociación con la minería irregular.

Hasta el 16 de marzo del 2011, el proceso contra los familiares de Granda por los cargos de “concierto, financiación al terrorismo, amenazas e instigación” no había resultado en sentencia condenatoria o absolutoria. Existen procesos de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá en relación con el delito de “concierto para delinquir”, a donde el proceso penal avanzó hasta el 13 de mayo del 2011, y en ninguno de los registros figura que haya habido una sentencia final.

El nombre de Rodrigo Granda saltó a las noticias internacionales cuando, en diciembre del 2004, fue capturado en Venezuela, y llevado a la frontera con Cúcuta para ser arrestado por las autoridades colombianas. Este episodio generó un período de alta tensión diplomática entre el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

En el 2007, Granda fue liberado por el gobierno colombiano a petición del presidente francés Nicolás Sarkozy para facilitar la liberación de los secuestrados políticos, entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt, quien finalmente fue rescatada en un operativo militar.

Hoy Rodrigo Granda hace parte de la mesa de negociadores de las FARC con el gobierno en La Habana, Cuba.