La incoherencia de las FARC con el medio ambiente

La madrugada del pasado lunes 22 de junio, la guerra dejó una huella imborrable en el Pacífico colombiano, literalmente. Un atentado perpetrado por apenas un par de hombres de las FARC tiene al país al borde de una de las mayores catástrofes ambientales de su historia. A eso de las dos de la madrugada los campesinos de la vereda El Pinde, en Tumaco, sintieron una estruendosa explosión. Algunos salieron despavoridos de sus casas buscando de dónde provenía ese estallido. Y en la profundidad de la noche, encontraron el tubo del Oleoducto Transandino ‘herido de muerte’, botando sin cesar miles de galones de crudo que se fueron dando paso en medio de una de las más exóticas y exuberantes selvas que tienen los colombianos.

Desde ese momento cerca de 700 personas se han ido sumando a la titánica misión de atajar la mancha de crudo, que se calcula en más de 410.000 galones, el equivalente a 10.000 barriles. Quienes han estado en el lugar cuentan que ha sido una de las tareas más conmovedoras y frustrantes de sus vidas. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, reconoció que lloró durante el sobrevuelo al ver que por más de 80 kilómetros el petróleo avanzaba llevándose todo lo que tocaba. “El panorama es totalmente desolador. Produce dolor en el alma”, le dijo a SEMANA.

El objetivo era que la mancha negra no llegara a las fuentes de agua, pues una vez tocara el líquido el crudo se esparciría irremediablemente. Para esto Ecopetrol y el gobierno pusieron 3.000 metros de barreras en el mar y 7.000 en los ríos. Además, construyeron 15 puntos de control que habían logrado al viernes pasado recoger cerca de 3.000 barriles. A pesar de los esfuerzos, para el cierre de esta edición, el petróleo ya había llegado por el río Mira hasta la bahía de Tumaco y había entrado por más de diez kilómetros sobre la costa. Se anticipaba que la mortandad de fauna y flora sería inmensa.

El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, advirtió que su departamento está frente a una verdadera “emergencia sanitaria”. Como el agua del río que surte al acueducto está contaminada, se tuvo que suspender el servicio. Más de 160.000 personas se han afectado por la falta de suministro y se espera que la situación continúe así mínimo hasta agosto. El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, decidió ese mismo día adelantar las vacaciones de los niños pues era “imposible recibirlos en el colegio si no había agua”. Pero no se ve una solución sencilla para atender las necesidades de las cárceles, los hospitales y la población en general.

A Tumaco llegó el viernes el presidente Juan Manuel Santos con una decena de altos funcionarios. Para solucionar la falta de agua dispusieron 30 carrotanques y el viernes llegaron tres corbetas de la Armada cargadas del líquido. Se calcula que se necesitan 600.000 litros al día. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, explica que debido a la contaminación de los ríos se está buscando tomar el agua subterránea. Para eso se utilizarán pozos de las universidades Nacional y Nariño. Mientras tanto, el agua se está trayendo desde Esmeraldas, Ecuador.

Sin embargo, Gallo teme lo que pueda pasar cuando la atención mediática baje pues, por ejemplo, hay 7.000 pescadores que se quedaron sin sustento lo cual agrava la situación en las zonas rurales. “Somos un municipio que vive del cacao, del plátano, del arroz, del pescado y de los camarones. La escasez de agua nos hace mucho daño. Es verdad que nosotros hemos vivido cientos de atentados, pero este ha sido el peor”, sostiene.

El derrame, no obstante, no despertó una conmoción nacional. Los atentados a la infraestructura petrolera en Colombia sufren de cierta desidia entre los activistas, entre otras razones, porque suceden muy a menudo. La mayoría ocurren en lo que se denomina ‘la otra Colombia’, regiones apartadas y olvidadas. El 8 de junio, por ejemplo, una caravana de 19 camiones cisterna fue atacada por las FARC en la vereda Las Cabañas (Putumayo). Los guerrilleros obligaron a los conductores a regar más de 200.000 galones de crudo que terminaron dañando nueve humedales y dos nacimientos de agua. No había pasado una semana cuando en Tibú (Norte de Santander) hubo otro atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. La contaminación llegó de inmediato al río Catatumbo y 16.000 personas se quedaron sin agua. Así, este año ya se cuentan 34 atentados.

Los ambientalistas, que casi nunca se pronuncian sobre el impacto de los atentados de la guerrilla, por primera vez en un lacónico comunicado exigieron “excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado”. Por su parte, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez pidió nunca olvidar “los ecocidios de la guerrilla: cientos de miles de hectáreas de selva deforestada y miles de atentados contra los oleoductos”. Sin embargo, llamó la atención que la tragedia de Tumaco no mereciera, en el activismo, ni una pizca del despliegue que han tenido el rechazo a la explotación minera u hotelera de otros refugios naturales del país.

El hecho de que la naturaleza termine siendo una de las grandes víctimas del rompimiento de la tregua unilateral de las FARC también evidenció la falta de coherencia del grupo guerrillero. Pocos días antes del atentado, Pastor Álape había celebrado la encíclica del papa sobre el cambio climático y había dicho que en el camino hacia la paz era necesario “poner freno también a la explotación depredadora y al pillaje de los bienes comunes de sobrevivencia colectiva”.

Por eso, el jefe negociador, Humberto de la Calle, dijo que “la idea (de las FARC) de proclamar la defensa del medioambiente destruyendo el medioambiente es inaceptable”. El presidente Santos dijo que con estos hechos lo que genera la guerrilla es pobreza y escepticismo en el proceso de paz y los calificó de “cínicos”, por su supuesta defensa ecológica. Los atentados petroleros no son la peor huella que han dejado las FARC en la naturaleza. Cada hectárea de coca que han cultivado ha destruido tres hectáreas de bosque, la minería ilegal de coltán que se dice ese grupo controla en la selva amazónica ha esclavizado a grupos indígenas y la minería ilegal de oro, que muchas veces ellos han protegido, ha carcomido ríos y quebradas. Como dijo el exsenador Eduardo Chávez, desmovilizado del M-19 y quien hoy dirige una organización ambiental, en la protección de la naturaleza la guerrilla se está comenzando a jugar su futuro en La Habana. “Me temo que si las FARC no decretan una tregua unilateral e indefinida a la naturaleza van a hacer perder el respaldo que el proceso de paz estaba ganando”.