La ira presidencial

Es normal que los presidentes aprovechen la celebración del Día de los derechos humanos para hablar de las organizaciones que trabajan en su defensa. Lo que es insólito es que el discurso sea para vapulearlas.

El pasado lunes, mientras aterrizaban en Bogotá los representantes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras ONG internacionales para acudir al Encuentro nacional e internacional de derechos humanos, paz y democracia, Alvaro Uribe Vélez se iba lanza en ristre contra los defensores de derechos humanos en el aeropuerto militar de Catam durante la posesión del general Edgar Alfonso Lésmez como nuevo comandante de la FAC.

Delante de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Uribe defendió su política de seguridad como una política de derechos humanos y llamó al país a "entrar en reflexión" sobre sus críticos. Los dividió en tres grupos: "Unos críticos teóricos que respetamos pero no compartimos su tesis de la debilidad. Unas organizaciones serias de derechos humanos, que respetamos y acogemos, con las cuales mantendremos permanente diálogo para mejorar lo que hay que mejorar. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían quitar de una vez por todas su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos". A los activistas de este último grupo los tildó de "politiqueros al servicio del terrorismo", de "profetas del desastre", de "traficantes de derechos humanos".

La reacción no se hizo esperar. ONG europeas y gringas, la ONU y hasta la Unión Europea rechazaron las palabras de Uribe, que al no discriminar con nombre propio entre unos y otros tendió un manto de duda sobre todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, muchas de las cuales cumplen una valiosa labor. Incluso partidarios del Presidente en los medios y en la política dijeron que a él sencillamente se le habían "ido las luces".

Sin embargo el jueves en Chita, Boyacá, delante de las víctimas de un caballo bomba activado presuntamente por las Farc, que mató a ocho campesinos, Uribe arremetió de nuevo: "¿Dónde están los actos de solidaridad de tantos hablantinosos de derechos humanos?", preguntó. Acto seguido dijo que "se les estaba acabando su luna de miel".

¿Un giro?

Aunque la mayoría de ONG sospechaban que Uribe no las quería, lo cierto es que la política del Presidente las ha favorecido. No sólo el documento de su política de seguridad es explícito en que su fundamento y objetivo es proteger los derechos humanos sino que el vicepresidente, Francisco Santos, ha tenido con ellas una estrecha interlocución.

El mismo Presidente tomó decisiones concretas en la dirección que pedían los defensores: prorrogó durante cuatro años la labor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; admitió negociar una solución amistosa a cinco casos de violaciones graves de derechos humanos denunciados ante la Comisión Interamericana en Washington, e hizo una enfática defensa de la labor de los defensores de derechos humanos en varios discursos. El 15 de agosto de 2002, por ejemplo, durante el acto de reconocimiento de las Fuerzas Militares, dijo: "La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. La seguridad democrática es para todos los colombianos, para que los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas".

Las razones de la furia

Lo primero que habría que decir es que el informe producido por 80 ONG con el nombre de Embrujo Autoritario, que disparó la ira presidencial, es descontextualizado e injusto, por decir lo menos. Un sueco que no sepa nada de Colombia y que no haya leído las encuestas que le dan al Presidente 65 por ciento de respaldo y que el país vive un conflicto interno, pensará al leer el libro que en el país existe una cruel dictadura.

En el capítulo sobre Derechos civiles y políticos, elaborado por el Cinep y Justicia y Paz, se afirma que: "La política de defensa y seguridad democrática apunta al control social e implantación del terror en la población, con el consecuente deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos". Seis párrafos adelante afirma: "Los medios de comunicación están autorizados para difundir solamente las versiones oficiales". Todo el que trabaje en un medio de comunicación en Colombia sabe que esta última afirmación es tan falsa como temeraria.

El informe también minimiza los logros del gobierno en reducir por primera vez en muchos años los índices de homicidios, secuestros, masacres (ver recuadro). El capítulo sobre sindicalismo reconoce en sólo una línea que los asesinatos de sindicalistas han disminuido en 68 por ciento durante el primer año de Uribe. Pero luego afirma: "Para desgracia de los sindicalistas, de las ONG y de las instituciones políticas, esta disminución se encuentra relacionada con los cambios en las estrategias de guerra".

El capítulo de educación sobre el gobierno, que ha creado en un tiempo récord 400.000 nuevos cupos escolares, se titula El sacrificio de la educación en los altares de la guerra y el ajuste. Los ejemplos abundan.

El Presidente tenía razones de sobra para enfurecerse pues lo cierto es que el libro, aunque dice algunas cosas que son verdad en general, transmite al mundo una información distorsionada de la realidad colombiana.

Sin embargo el Presidente, por la majestad de su cargo y su altísima credibilidad, se equivocó al reaccionar como si fuera un ciudadano cualquiera indignado. El es un símbolo, un líder y la gente le cree. Al no identificar con nombre propio a las ONG que son fachada de la guerrilla y los paramilitares terminó por estigmatizar a todas, con los graves peligros que esto acarrea en un país con una tradición tan marcada de atentados contra defensores de derechos humanos y en el que, pese a los avances de la Fuerza Pública, aún se cometen atropellos.

Esto sin mencionar el escenario que escogió para descalificar su labor. Nada menos que un recinto militar donde, al lado de militares respetuosos de los derechos humanos y conscientes de su labor, hay otros que ven al 'enemigo interno' en cada esquina y que no distinguen entre el disidente político y el 'auxiliador' de la insurgencia.

Con ese discurso Uribe borró con el codo el esfuerzo que había hecho hasta el momento por convencer a la Fuerza Pública de que la protección de los derechos humanos era el objetivo y no el obstáculo para la política de seguridad del gobierno. Y, obviamente, puso en duda la directiva 09 emitida por la Ministra de Defensa el pasado 8 de junio, que daba instrucciones a soldados y policías de proteger a los defensores de derechos humanos. ¿Se va a sentir ahora un agente en Saravena con más libertad de acosar a un dirigente social que critica abiertamente sus labores?

Pero quizá la mayor víctima de las palabras de Uribe sea la diplomacia internacional que habían emprendido con gran ímpetu la Cancillería y la Vicepresidencia. Luego de estos discursos, convencer a los europeos de que era errada la imagen que tenían de Uribe como un hombre autoritario y poco respetuoso de sus críticos no va a ser fácil. El respaldo de estos países a la política de seguridad del Presidente en la cumbre de Londres hace unos meses fue un logro importante que se refleja en un mayor apoyo de Inglaterra y España a la inteligencia colombiana y a otras labores contrainsurgentes. ¿Y ahora? "Muchos en la comunidad internacional, que han mantenido una actitud de darle el beneficio de la duda al Presidente, revisarán sus posiciones después del discurso", dijo a SEMANA Susan Lee, representante de Amnistía Internacional para las Américas.

Es difícil calibrar con certeza el daño internacional que le puede acarrear al gobierno tener a las ONG en su contra. Su influencia sobre los gobiernos depende mucho de la sensibilidad que tenga la opinión pública de sus países sobre esos temas y de la orientación política del gobierno de turno. Es decir, que tienen más influencia en Alemania, donde el presidente es de centroizquierda, que en Italia, con un gobierno más conservador.

Sin embargo ya tuvieron un papel definitivo para evitar el apoyo de Europa para el Plan Colombia hace tres años y también para que se prohibiera el uso de equipos bélicos de Estados Unidos contra la guerrilla, restricción que fue levantada el año pasado.

¿Que hay detras?

Pero si el costo de estas afirmaciones era tan alto, ¿por qué las hizo el Presidente? Porque es claro que no las hizo al calor del momento ya que las ratificó tres días después. Una hipótesis es que el primer mandatario se ha sentido personalmente herido por la estigmatización que le han hecho las ONG en Europa y aprovechó ese segundo 'papayazo' del informe para devolver el golpe. La otra, que suena más convincente, es que: "Fernando Londoño y el sector del gobierno más radical están ganando fuerza", afirma un analista. El Ministro del Interior y de Justicia no ha ocultado nunca su animadversión frente a las ONG. La diatriba del Presidente contra ellas va más en esa línea dura e ideológica que en la del vicepresidente Santos, que no fue consultado en su elaboración, como habría sido lo lógico.

Algunas personas creen que Uribe estaría tratando de radicalizar a la opinión para minimizar la resistencia a varios proyectos que son clave para él en este momento y que son más fáciles de pasar si se cierran espacios para debatir los argumentos que se le oponen: se está discutiendo el estatuto antiterrorista, que le daría facultades permanentes de policía judicial a las Fuerzas Militares; la ley de penas alternativas para los delitos atroces, que facilitaría la desmovilización de los paramilitares, y la creación de un nuevo impuesto para recaudar fondos para el sector de defensa.

Si es así, el efecto podría ser contraproducente. Esta es una guerra política en la cual gana el que más amigos tenga. Uribe no necesita granjearse más simpatía entre sus seguidores. Las encuestas le confirman que tiene suficiente. Su labor más bien es atraer a los que están más lejos, convencerlos de que este es un Estado legítimo y arrebatarle discurso a la guerrilla. El Presidente no puede cometer el error de entregar al final de su mandato una sociedad más polarizada y unas Farc fortalecidas políticamente a punta de mensajes equivocados.