El parto de la JEP en el Congreso

Tras varias semanas de duros debates, concluyó su tránsito en el Senado el acto legislativo que le da vida a la justicia especial para la paz, considerada la columna vertebral del proceso de paz. El proyecto tuvo más de 72 modificaciones desde que comenzó su trámite, la mayoría de las cuales fueron en el cuarto y último debate. El fantasma de la falta de quorum y el precario consenso hacían temer que la discusión se siguiera dilatando. Por eso el gobierno y sus principales escuderos decidieron someterlo a votación con los cambios propuestos, sobre todo, por el fiscal general y la bancada de Cambio Radical.

Al final, esta reforma constitucional tuvo 61 votos a favor y dos en contra, los de Antonio Navarro y Claudia López, ambos del Partido Verde. El Centro Democrático, como era previsible, se abstuvo.

El Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición tendrá una vigencia de 10 años, prorrogable a 15, con el objetivo de juzgar y reparar los crímenes cometidos durante medio siglo por los guerrilleros, los agentes del Estado y los civiles involucrados en el conflicto. Lo más espinoso del modelo está en su componente de justicia, la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El punto que más polvareda levantó en el último debate fue la gabela que tendrán los civiles involucrados en el conflicto, especialmente los financiadores. El proyecto original indicaba que los particulares que no formaron parte de los grupos armados, pero que contribuyeron directa o indirectamente al conflicto “podrán acogerse a la JEP”, para saldar sus deudas con la justicia a cambio de verdad y reparación para las víctimas.

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El senador Germán Varón, de Cambio Radical, cuestionó que por esa vía quienes hayan sido extorsionados podrían terminar procesados y sancionados por la JEP y que la norma ponía a los civiles al mismo nivel de los combatientes enfrentados. Esta observación caló, por lo que el texto aprobado indica que los civiles “voluntariamente” podrán acogerse. Además, aun cuando la JEP cuente con información que relacione a civiles como responsables de actos atroces, podrá obtener pruebas adicionales para hacerlos comparecer. Quienes se oponían a esa modificación sostienen que blindó a los empresarios y particulares que financiaron voluntariamente grupos paramilitares, y también a los políticos.

Duros de desatar

Otro nudo duro de desatar fue el de la participación política de guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad. En el acuerdo de La Habana se convino que la guerrilla tras dejar las armas podría hacer política sin condición alguna. El propio jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, repitió como un mantra que justamente de eso se trataba un proceso de paz, de echar discursos en vez de bala. Pero los críticos del proceso nunca lo aceptaron. Sin embargo, en el Congreso, a última hora, el senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, logró que se incluyera un condicionamiento a la participación en política. Se trata de una certificación que debe expedir el Tribunal de Paz donde se asegure que la persona cumplió con decir la verdad y con las sanciones impuestas antes de saltar a la plaza pública. Desde la óptica de los guerrilleros este punto es un revés y estaría en contravía del acuerdo. Por eso esperan que se aclare su alcance en la conciliación entre el Senado y la Cámara, o en la ley estatutaria de la JEP que se debe aprobar en las próximas semanas.

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No fue menor la discusión respecto al estándar para adoptar al juzgar la responsabilidad del mando frente a los crímenes de sus subordinados. El pulso giró en torno al artículo 28 del Estatuto de Roma, que señala que un comandante debe responder por los crímenes de su tropa si tenía información para prevenirlos o castigarlos. Al respecto, el Senado determinó que la responsabilidad del mando no se podrá fundar exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino en el “control efectivo de la respectiva conducta” y en el conocimiento basado en la información a su alcance. En síntesis, el estándar que adoptó la JEP se aparta del parámetro internacional y lo aterriza en una responsabilidad de mando a la criolla. Voces como la de la senadora Claudia López afirman que con ello quedó una rendija para que la Corte Penal Internacional intervenga.

Durante el último debate, que se extendió por más de nueve horas, intervino una treintena de senadores, ministros y nuevamente el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien asistió a cada una de las sesiones de discusión como uno de los más duros críticos del proyecto inicial. En atención a los peros de este último, el texto incorporó precisiones explícitas como que desertores y reincidentes de las Farc no podrán recibir ningún beneficio del sistema especial.

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Frente a otra de las preocupaciones de Martínez, la de los delitos de ejecución continua (aquellos que siguen existiendo después de la firma de la paz el pasado 1 de diciembre), se decidió que, por un lado, los cultivos ilícitos y los bienes en poder de las Farc serán objeto de un análisis puntual por medio de una ley que definirá su tratamiento y definición penal ante la JEP. Por otra parte, se determinó que crímenes como la desaparición forzada y el reclutamiento de menores serán competencia de la jurisdicción de paz. Al final, el fiscal se mostró complacido con los ajustes y afirmó que “la JEP no es sinónimo de impunidad. Será una justicia de transición para un país que sale de un conflicto armado”.

No ocurrió lo mismo con la bancada uribista. El senador Iván Duque habló de la “JEF, Justicia Especial para las Farc” y tras descalificar el proyecto abandonó el recinto antes de la votación, como hizo el Centro Democrático a lo largo de los debates. Al filo de la medianoche del pasado martes, cuando el Senado aprobó el acto legislativo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que el proyecto se enriqueció a través de las deliberaciones y agradeció al Congreso por el apoyo a la paz.

El documento final del acto legislativo aprobado en Senado ahora irá a conciliación con el texto avalado en la Cámara de Representantes. Una vez cumpla ese último trámite en el Congreso, el acto legislativo pasará a revisión de la Corte Constitucional con carácter de urgencia. Si el máximo tribunal le da su bendición entonces el país tendrá en firme la arquitectura para construir la paz.