La Justicia como arma contra los DD. HH.

El polémico caso de Sigifredo López, señalado de participar en el secuestro de los exdiputados del Valle y el asesinato de un policía, y a quien el fiscal Eduardo Montealegre le pidió perdón tras derrumbarse las pruebas en su contra, es un ‘falso positivo’ judicial, así lo calificó el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2012.

En la investigación se recordó que un desmovilizado de las FARC acusó al exdiputado porque la Fundación Nueva Esperanza le prometió beneficios si lo hacía.

Este mediático caso no es el único. El centro de estudios reveló otras siete historias sobre cómo los actores del conflicto han usado a la población civil con intereses particulares.

El padre Javier Giraldo, coordinador del banco de datos de derechos humanos del CINEP, aseguró que los ‘falsos positivos’ judiciales, al igual que las denunciadas ejecuciones extrajudiciales, son “casos de ficción en los que las víctimas son presentadas como combatientes y agredidas para justificar sus capturas”.

El CINEP señaló que en un caso ocurrido el 23 de mayo del 2012, “el Ejército de Venezuela capturó a cuatro compatriotas en la frontera, a quienes acusaron de atacar a militares colombianos en una zona rural de Maicao (…) Todos ellos, dedicados a negocios honestos, fueron sometidos a crueles torturas antes de ser dejados en libertad”.

Unas semanas después, el 9 de julio, el Ejército detuvo en la vereda La Batalla, ubicada en San Vicente del Caguán, en Caquetá, a tres hermanos a quienes “sindicaron de trabajar en cultivos ilícitos”. Los militares llegaron a la finca donde se encontraban, “los detuvieron, los esposaron y se los llevaron a un sector más lejano, donde había unas plantaciones de coca, allí los hicieron abrir unos huecos y les tomaron unas fotos”.

Como ocurre con las ejecuciones extrajudiciales, este caso fue defendido por un comandante ante sus subalternos como la posibilidad de “ascender y tener vacaciones”. Los hermanos terminaron presos en la cárcel de Villavicencio, donde murió uno de ellos.

Las legítimas protestas en contra de megaproyectos hidroeléctricos también han terminado en casos de ‘falsos positivos’ judiciales. Es el caso de 23 habitantes de Ituango, Antioquia, a quienes detuvo el Ejército y el CTI el pasado 26 de agosto. La razón: su participación en las manifestaciones. Las capturas fueron ordenadas por el fiscal 29 de Medellín.

Tiempo después, el 4 de septiembre, el CINEP indicó que fueron capturados cuatro miembros de Marcha Patriótica, “señalados por el director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, de pertenecer al frente 36 de las FARC”.

Precisamente, otro hecho similar ocurrió un día después, en Villa Rica, Cauca. Allí, miembros de la Dijín y la Fiscalía detuvieron a una estudiante de Trabajo Social, “acusándola de pertenecer a las FARC”. Según relata el informe, en el 2001 la joven pertenecía a un grupo de danza, el cual, en una presentación cultural en Toribío, fue abordado por un grupo armado, que obligó a los bailarines a “diligenciar un formato con información personal y les tomaron fotografías”. Once años después, cuando la universitaria era madre de familia, fue capturada. “Los pobladores de Villa Rica exigieron su libertad”, asegura la investigación.

Horas después de la captura de la estudiante apareció otro ‘falso positivo’ judicial. El CINEP relató que el 6 de septiembre, el CTI detuvo al presunto autor intelectual del atentado contra el exministro Fernando Londoño. “La directora del CTI entregó a los medios descripciones detalladas que resultaron falsas y la víctima tuvo que ser puesta en libertad días después”.

El último caso que documentó el centro de estudios ocurrió en la vereda Miravalle, de Florida, en Valle. Allí, a medianoche, tropas del Ejército sacaron de su vivienda a un líder campesino. “Un soldado introdujo un paquete con estopines en el cielo raso para tener de qué acusarlo. Lo llevaron a la cárcel de Palmira en un helicóptero en el que llevaban a dos mujeres, un hombre y una niña. Aunque estas personas eran desconocidas para él, los militares presentaron ante la prensa a una de las mujeres como su compañera sentimental”. Al parecer, según indica el CINEP, este montaje fue la respuesta del Ejército ante la negativa del líder de convertirse en informante.

“El fenómeno de los ‘falsos positivos’ persiste”

Aunque el CINEP reconoció la disminución de las ejecuciones extrajudiciales en relación con otros años, advirtió que durante el 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas; y en el 2011, 17 con 85 víctimas. Entre las víctimas, el CINEP contempló muertos, heridos y detenidos arbitrariamente.

Los casos sucedieron en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba, Sucre y Bogotá.

El documento también reveló con detalle cómo ocurrieron 58 casos de ‘falsos positivos’ perpetrados entre 1992 y el 2011, los cuales fueron denunciados varios años después de ocurridos.

Al igual que los ‘falsos positivos’, el CINEP aseguró que el paramilitarismo también persiste y “se ha ido reactivando en varias regiones”. En su criterio, los paramilitares no han desaparecido, ya que son los actores del conflicto que presentan el mayor número de violaciones a los derechos humanos en el 2012, con 565 casos. Por su parte, se le atribuyen 268 casos a la Policía Nacional, y al Ejército, 187.

“Se ha dicho que el paramilitarismo ya no es el del pasado, pero todos los análisis de los casos indican que permanecen sus características y sus modalidades”, explicó Giraldo.

Las puyas al Gobierno

Giraldo criticó fuertemente el gobierno de Juan Manuel Santos, al que señaló de “aumentar ficticiamente el número de hechos en los que hay ventajas militares sobre la insurgencia, a través de supuestas detenciones”.

El sacerdote anotó que el gobierno “cubre con cierto manto de legalidad errores militares que terminan con las vidas de la población civil, y afecta a organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y opositoras políticamente, con bajas que justifican como insurgentes o personas que atentan contra el Estado”.

Alejandro Angulo, coordinador del sistema de información del Cinep, fue más allá, y aseguró que “mucha gente en Colombia se dedica a inflar y agredir”, y por eso, “el informe denuncia públicamente estos crímenes”.

Con las graves denuncias que hoy hizo el Cinep, este reconocido centro de investigación puso a tambalear el futuro de los diálogos de paz, o por lo menos, así lo manifestó el padre Giraldo: “Es difícil que el diálogo sea sincero y llegue a terminar el conflicto armado”.