La Justicia tocó fondo

Una profunda desilusión colectiva. Así se podría describir el sentimiento generalizado entre la opinión pública causado por el escándalo que explotó en el seno de la Corte Constitucional. Las peleas internas llegaron a un punto que nadie se habría imaginado en el organismo insignia de la Constitución del 91. En la entidad que durante años generó la confianza de que allí se podrían tomar las decisiones progresistas para la sociedad, que otras instituciones, como el Congreso, no habían podido sacar adelante.

En la mañana del viernes un exmagistrado con fama de serio y ponderado, Nilson Pinilla, dijo que no descartaba que su excompañero de corte, Jorge Pretelt, lo mandara asesinar. “Si me ocurre algo, miren hacia Córdoba”, dijo, haciendo alusión al departamento donde Pretelt ejerce una reconocida influencia. El mismo día los miembros de la Corte Constitucional–empezando por el magistrado cordobés– empezaron a publicar sus declaraciones de renta. Un hecho que normalmente denota un ánimo de transparencia entre los funcionarios públicos, pero que en el contexto de la semana pasada era algo mucho peor: un mecanismo de defensa para tratar de demostrar que los siete magistrados no se habían enriquecido en forma ilegítima. Con la tácita acusación, de paso, de que eventualmente algunos de sus compañeros sí.

De ese tono era el ambiente en la sorprendida opinión pública, después de una larga semana de pasión que empezó nada menos que con la denuncia por parte de un expresidente, Mauricio González, contra otro, Jorge Pretelt, por recibir sobornos para cambiar el sentido de una tutela con implicaciones millonarias para una compañía. Y que terminó con versiones encontradas sobre el retiro de Pretelt de la presidencia, insultos, demandas y el descubrimiento de una profunda división en dos bloques ahora casi irreconciliables. Un espectáculo entre circense y patético que mantuvo a la opinión estupefacta toda la semana.

Los dardos y acusaciones no se limitaron a los miembros de la corte. El viernes salieron denuncias, también, contra el representante investigador de la Comisión de Acusaciones, Julián Bedoya, en cuyas manos quedó la responsabilidad de esclarecer las responsabilidades, según las cuales fue expulsado de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía en el año 2000 porque intentó quedarse con un arma oficial. También se supo que, al contrario de lo que él afirma, no tiene un diploma de abogado. Justo en momentos en que el famoso Netflix sacó al aire la tercera temporada de House of Cards, los colombianos tuvieron su propia serie, solo que en la vida real y no en el ring del Congreso, sino en el de la Justicia.

Ya el jueves había salido a flote la magnitud de la crisis. Los magistrados, en cabeza de María Victoria Calle, presidenta encargada, emitieron un comunicado en el que rectificaban a su colega Pretelt, quien había dicho que volvería a la presidencia en un término de 30 días, tiempo que consideró prudente mientras se adelantaba el proceso en la Comisión de Acusaciones. Más allá de las formas, esta fue una inédita destitución de hecho, decidida en forma colectiva por los magistrados contra quien, hacía una semana, era su presidente.

El asunto de fondo no es de poca monta. Los representantes encargados de la investigación deben establecer si Pretelt recibió dinero del abogado barranquillero Víctor Pacheco, para darle un manejo en la Corte Constitucional a una tutela que este había interpuesto a nombre de Fidupetrol, para tumbar la multa de 22.000 millones, que la Corte Suprema de Justicia le impuso en un pleito con la Gobernación de Casanare.

El tema, según las normas, le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un órgano politizado y desprestigiado por su falta de resultados durante muchos años. El representante investigador Julián Bedoya escuchó, durante cuatro horas, la ratificación de la denuncia del magistrado Mauricio González.

González fue a la génesis del asunto. Fue él quien puso en conocimiento de la Comisión de Acusaciones todo este episodio. Dijo que “el martes 3 de febrero, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva le dijo que el señor Víctor Pacheco le había dicho que el año pasado 2013, el día en que el doctor Pretelt les tributaba un homenaje a dos exmagistrados (Humberto Sierra Porto y Juan Carlos Henao) fue citado al apartamento del doctor Pretelt, y allí le habló de la tutela de Fidupetrol contra una sentencia de la Corte Suprema que estaba en revisión en la Corte Constitucional. (…) Además, que como miembro de la corte habría que conseguir 500 millones de pesos para entregárselo o compartirlos con el magistrado ponente (González)”.

Como quedaba claro en esa declaración se trataba de una versión de oídas por parte de dos magistrados que se enteraron por parte de Pacheco de una supuesta solicitud de dinero realizada por Pretelt.

También quedaba claro que Pacheco era un abogado que se movía como pez en el agua en las altas cortes. Semana.com reveló que en la minuta de ingresos de los últimos tres años, el abogado visitó a varios magistrados del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional visitó a Jorge Pretelt, Alberto Rojas, Jorge Iván Palacio y Gabriel Mendoza.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias del escándalo que explotó en la Corte Constitucional? En el muy corto plazo, ha quedado al descubierto que en el seno de la corporación hay dos bloques duramente enfrentados. Dos bancadas que se enfrentaban en una guerra silenciosa y que, a raíz de los últimos acontecimientos, perdieron la máscara. Uno de ellos estaba compuesto por Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle y Nilson Pinilla (antes de cumplir su periodo). El otro, por Jorge Pretelt, Mauricio González, Alberto Rojas (quien tuvo que apartarse del cargo por una decisión del Consejo de Estado) y Luis Guillermo Guerrero. Según algunos analistas, una evaluación de los principales fallos de la corte demostraría que esas tendencias se enfrentaron varias veces y actuaron en bloque.

La paradoja es que la crisis no se desató por esa pelea, sino por otra, que se produjo dentro del grupo que conformaban Pretelt y González. Dos amigos y aliados: ambos fueron ternados por el expresidente Álvaro Uribe y son cercanos a su proyecto político. Lo cierto es que en la situación actual –cuando en la agenda de la corte hay asuntos pendientes de la importancia del fallo sobre la reglamentación del marco para la paz y la adopción por parte de parejas del mismo sexo– obliga a pensar en una crisis de gobernabilidad. ¿Se sentarán Pretelt, González y el resto, a deliberar, como si nada? ¿Podrán deponer los odios y olvidar las denuncias y demandas? ¿Se acercarán los dos bloques?

La corte enfrentará también una crisis de confianza. Durante años, la opinión pública apoyó a la Corte Constitucional con altas tasas de favorabilidad. Pero desde el descalabro de la reforma a la Justicia, en junio de 2012 –cuando se produjo un repudio general que golpeó a todas las instituciones del sector– las percepciones positivas y negativas se acercaron. En la más reciente encuesta Gallup, los que están en contra –47 por ciento– son más de los que están a favor –42 por ciento–. Y eso que la medición se hizo antes de la denuncia de Mauricio González contra Jorge Pretelt. No por coincidencia, autoridades en el campo, como el exmagistrado Jaime Arrubla, consideran que se debe convocar una constituyente para reformar todo el aparato. Y otros, como Ramiro Bejarano, han llegado a proponer la destitución de todos los magistrados de todas las cortes.

A mediano plazo, quedan abiertos nuevos debates. La propia María Victoria Calle, en una declaración en rueda de prensa el jueves, dijo que se deben revisar las funciones electorales de este organismo. Nadie duda que en el fondo de la crisis reciente estuvo la puja por la presidencia de la corporación, pues quien ocupe esa posición tendrá derecho a votar por el próximo gerente de la rama y por el registrador nacional.

Igualmente, queda herida de muerte la figura de la revisión de las tutelas por parte de la corte. En la fuente de los conflictos que quedaron al descubierto también hay una puja entre los magistrados por tener acceso al examen –y decisión– de tutelas sobre temas jugosos. De paso, quienes de tiempo atrás han propuesto eliminar la aplicación de esa figura contra sentencias que ya están en firme, van a encontrar un argumento adicional en la actual coyuntura. No hay que olvidar que la multa a Fidupetrol ya había sido fallada por la Corte Suprema de Justicia.

Quedan muchos platos rotos. Y no va a ser fácil recogerlos ni pegarlos. Peor aún, en un entorno en el que otros organismos judiciales están bajo la lupa, han sido salpicados por otros escándalos, e incluso están en proceso de desaparición –como el Consejo Superior de la Judicatura– o de reforma. Un objetivo tan básico, como es el de contar con unas instituciones de Justicia sólidas, eficaces y creíbles, hoy parece fuera del alcance de los ciudadanos. ¡Qué tristeza!