LA MASACRE DE URABA

Pocos minutos antes de la una de la madrugada del viernes 4, todo el mundo dormía en los campamentos de trabajadores de las fincas de Honduras y La Negra, de la zona bananera de Urabá. Sigilosamente, un grupo de 30 hombres armados hasta los dientes, con las caras cubiertas con toallas, penetraron a la luz de la luna en terrenos de la hacienda Honduras. El silencio de la noche fue violentamente interrumpido por las patadas con las que los intrusos reventaron la puerta de una de la barracas. Uno de los asaltantes, vestido de civil al igual que los demás, sacó una lista de su bolsillo y fue llamando uno a uno a 17 trabajadores que se levantaron aterrorizados, que fueron obligados a salir y ponerse en fila frente al que minutos más tarde se convertiría en un paredón de fusilamiento. En medio de los pedidos de clemencia de las mujeres y de los llantos de sus hijos, fueron rociados a plomo de fusil y rematados con un tiro de pistola en la nuca . Aparte de las mujeres y los niños, sólo 9 trabajadores se salvaron de la masacre puesto que no aparecían en la lista negra de los sicarios.
Los asaltantes se regresaron por donde habían entrado. Pero la orgía de sangre no había terminado aún. Poco después, 3 hombres más habrían de morir en idénticas circunstancias en finca vecina de "La Negra". Este genocidio se sumaba al asesinato el jueves de dos dirigentes liberales y un guardaespaldas en Dabeiba y al de 16 campesinos más, cuyos cadáveres fueron hallados en diferentes sitios de Urabá en la mañana del viernes.
No existe evidencia alguna de que los distintos crímenes tengan conexión entre sí. Sin embargo, en las horas de la tarde del viernes, una voz que se identificó como miembro del Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, MOENS llamó a diferentes medios de comunicación de Medellín para atribuirse la masacre de Currulao. El MOENS había reivindicado también en diciembre del año pasado, el asesinato de 12 miembros de la Juventud Comunista en la capital antioqueña.

OLLA DE GRILLOS
A pesar de que la muerte es, desde hace ya muchos meses, el pan de cada día en Urabá, nunca antes se había producido una masacre como la del viernes en la madrugada. Asesinar lista en mano, a un grupo de trabajadores cuya única participación en la compleja y confusa vida política de la región consistía en pertenecer a un sindicato, indica los siniestros alcances de una cruzada de muerte sistematizada con los más atroces mecanismos.
Pero lo que hace más grave todo esto no son sólo sus características, sino el hecho de que no se trata del primer caso. Hace sólo 2 semanas, en Vistahermosa (Meta), 12 campesinos fueron llamados a lista en una gallera y asesinados por un grupo de encapuchados. Y en muchos otros sitios del país, las cifras de muertes violentas de campesinos han aumentado dramáticamente .
"Si en meses anteriores, la característica era, en materia de orden público, el asesinato de destacados líderes políticos regionales o la voladura de oleoductos, en las últimas semanas el acento ha sido puesto en el asesinato de campesinos", confirmó a SEMANA una fuente del gobierno.
Y en todo esto, Urabá no sólo no ha sido la excepción, sino que se ha convertido en lo que bien podría considerarse una olla de grillos, donde las masacres de los obreros del banano vienen a agregarle un nuevo ingrediente a la ya negra situación que se vivía. Desde los comienzos de la colonización de la zona en los años 30, cuando los antioqueños comenzaron a buscar una salida al mar, hasta el auge económico del banano que se inició en la década pasada, la inmigración desordenada, los conflictos de tierras, la escasa presencia del Estado durante mucho tiempo remplazado por las guerrillas y, en los últimos años, la cada vez menos oculta penetración de los dineros del narcotráfico, han convertido a Urabá en uno de los focos de más grave conflicto en el país, donde se entremezclan diversos tipos de violencia: guerrilla, narcotráfico, delincuencia común y paramilitares.

¿QUE HAY DETRAS?
Varias interpretaciones se podrán dar a la masacre de Currulao. Como de costumbre, la más elemental y simplista sería la de atribuirle a los grupos armados que operan en la zona, FARC y EPL, la responsabilidad del genocidio. Sin embargo, desde hace algún tiempo, estos grupos que antes luchaban entre si por el control del territorio, hoy se mantienen en un estado de tregua y han decidido más bien apoyar a los movimientos políticos y sindicales de "su cuerda" que adelantan su actividad legalmente. De ahí que, como dicen quienes han vivido y conocen la zona, no sea lógico que los que han logrado ganar espacio y tienen ahora la oportunidad del control político a través de la elección popular de alcaldes, se embarquen en acciones de este tipo. La desestabilización que esto produce en vísperas de elecciones podría llevar al gobierno a decisiones tales como la suspensión de elecciones en la zona o al nombramiento de alcaldes militares, circunstancias ambas desfavorables para quienes, como la Unión Patriótica y el Frente Popular, tienen casi que garantizadas las alcaldías de los principales municipios de la región.
Otra de las interpretaciones podría ser la de que el asesinato colectivo fue obra de un grupo financiado por los dueños de algunas fincas, que han tenido frecuentes conflictos por huelgas y paros obreros. Sin embargo, tampoco parece tener fuerza esta interpretación. En los ultimos 2 años, el malestar obrero-patronal ha disminuido considerablemente, gracias a la firma de convenciones colectivas que han logrado mejorar el nivel de vida de los trabajadores de las bananeras y sus familias.
La versión que sí parece tener más piso es la que se refiere a que no sólo en Urabá, sino en otras zonas del país, han venido produciéndose actos de violencia colectiva más o menos parecidos, relacionados con personas y grupos no necesariamente guerrilleros, pero sí vinculados con la izquierda, como es el caso de los dirigentes políticos de la UP y de líderes campesinos y sindicales en regiones como el Meta, Córdoba, Santanderes y Caquetá. Según las últimas estadísticas, en el mes de febrero se han duplicado los asesinatos de líderes políticos y se ha generalizado la guerra sucia, que respondería a un plan desestabilizador para perturbar, si no impedir, la elección popular de alcaldes.
Lo que no queda muy claro es por qué en Urabá, donde hoy por hoy hay una gran concentración de efectivos militares -es la sede de X Brigada con 5 batallones de cerca de mil hombres cada uno- no se ha logrado el control de la zona y la violencia aumenta día a día. En varias oportunidades, los dirigentes de la UP han denunciado la complicidad de militares con los asesinatos de trabajadores y líderes del movimiento, y aunque nada se ha podido comprobar, lo cierto es que o el Ejército es ineficiente para garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes de Urabá, o se está haciendo el de la vista gorda.