La paz degollada

A las 5 de la maána del viernes 25 de febrero, 110 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acompañados por algunas ONG y miembros de la Iglesia, tomaron el camino hacia Mulatos, la última vereda del municipio, en límites con el departamento de Córdoba. Sabían que nada bueno les esperaba. Dos días antes un campesino había llegado hasta el pequeño poblado y había traído la peor noticia: el lunes 21 de febrero Luis Eduardo Guerra, uno de los principales líderes de la Comunidad de Paz, había sido retenido por un grupo de hombres armados cuando iba a su parcela en compañía de su esposa y su hijo de 11 años. Y ese mismo día el testigo había visto desolada la casa de Alfonso Bolívar Tuberquia, un campesino que sembraba cacao y que vivía con su esposa y sus dos pequeños hijos. Al acercarse encontró rastros de sangre y una fosa común.

Antes de su peregrinación, los líderes de San José llamaron a Carlos Franco, director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, quien desde Bogotá intentaba coordinar con la Defensoría y la Fiscalía para que fueran a inspeccionar la zona. Pero no era fácil entrar. Las veredas donde sucedieron los hechos son territorios históricos de las Farc. Necesariamente tendrían que coordinar con la Brigada 17 del Ejército, que una semana atrás había desplegado en el área un operativo militar. Y ya se habían presentado un combate -en el que murió un miliciano- y bombardeos.

La comunidad decidió adelantarse y salir en busca de sus muertos. Después de siete horas de camino llegaron a la vereda La Resbalosa, donde ya soplaba el frío de la muerte. Al lado, una rula con sangre, y en la casa grafitos de las AUC. A unos metros estaba la fosa común. Cuatro horas más tarde llegaron el Ejército y la Fiscalía. Bastaron unos cuantos palazos de tierra para que los cuerpos destrozados de Alfonso Bolívar Tuberquia y su familia quedaron al descubierto. Una vecina de la vereda relataría más tarde que en la mañana del 21 de febrero Bolívar llegó hasta su finca poseído por el pánico: "Yo vi a Sandra (su esposa) cuando cayó herida. Le dispararon". El hombre se sentó pensativo en un tronco y después dijo: "Tal vez pueda salvar a los niños", y sin pensarlo se devolvió hasta su casa. Nunca más volvió. Su cuerpo, el de su esposa y de un trabajador de la finca estaban descuartizados. Separados el tronco, las extremidades y la cabeza. Los niños (de 6 años y 18 meses), degollados. Después del terrible hallazgo, un grupo de la Comunidad de Paz salió a buscar a la otra familia desaparecida, la de Luis Eduardo Guerra. Una hora después encontraron al hijo de Guerra -de apenas 11 años- degollado a la orilla del río Mulatos. Más adelante, los cuerpos de Guerra -de 35 años- y su joven compañera de 17 estaban tendidos sobre el camino. Los cerdos y los gallinazos habían devorado sus cuerpos durante los cinco días que permanecieron allí. Esa noche del viernes, en medio del llanto y del dolor, los habitantes de San José cuidaron los cadáveres como si se tratara de una liturgia. Allí permanecieron hasta el domingo, cuando llegó la Fiscalía y se dispuso el entierro.

Mientras tanto la noticia ya le daba la vuelta al mundo. De nuevo el Estado colombiano estaba en la mira pues desde hace cinco años la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno colombiano que protegiera a esta comunidad que se declaró neutral desde 1997. Pero, pese a los esfuerzos, el Estado no lo ha logrado. Han sido asesinadas más de 156 personas, la mayoría de ellas a manos de paramilitares. La comunidad también ha denunciado bloqueos de alimentos, amenazas y hostigamientos de la Fuerzas Armadas. Por eso una de las condiciones que han puesto es que no ingrese al casco urbano de San José, ni a los cultivos colectivos -llamadas zonas humanitarias- ningún miembro de la Fuerza Pública. Y a pesar de que el Estado tiene la obligación de velar por su seguridad, ellos se niegan a tener a la Policía en el caserío.

Sin embargo, la crueldad de la masacre sobrepasó todos los límites.¿Con qué propósito se descuartizan y degüellan niños? ¿Fueron asesinadas las dos familias por los mismos autores?

Para empezar, algo está claro: en la zona hay una fuerte presencia de las Farc y desde el 19 de febrero se había desplegado una envolvente operación del Ejército contra las Farc, llamada Fénix. Sin embargo, no se descarta que los paramilitares hayan ingresado a la zona para cometer este espeluznante crimen.

La primera en salir a señalar culpables fue la misma Comunidad de Paz, que acusó al Ejército de los asesinatos. Sus denuncias fueron secundadas por la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y por el sacerdote Javier Giraldo, quienes conversaron con los sobrevivientes. Los campesinos que fueron testigos coinciden en culpar al Ejército. Particularmente, a los batallones 33 y Cacique Lutaima. También ponen como antecedentes la visible incomodidad que la Comunidad de Paz representa para las fuerzas del Estado. Muchas veces, en público y privado, autoridades policiales, militares e incluso civiles han calificado a la de San José de ser una comunidad guerrillera. Mucha gente en Apartadó también los ha señalado como cercanos a las Farc.

Inmediatamente después de que Cuartas y Giraldo acusaron a las Fuerzas Armadas, el general Jaime Alberto Ospina salió con mapa en mano a mostrar las coordenadas exactas de la posición de sus tropas que, según las bitácoras oficiales, estaban a ocho kilómetros del lugar donde ocurrieron las matanzas. Los argumentos militares señalaron a las Farc como los responsables de las masacres. El primero es que San José es la retaguardia histórica de los frentes 5 y 58. Su convivencia con las gentes de la región es histórica, como también es largo su récord de crímenes atroces en la zona, de los cuales también han sido víctimas miembros de la Comunidad de Paz. En noviembre asesinaron a un campesino y en diciembre, a tres indígenas.

Pero el argumento más contundente del Ejército es el testimonio de Jairo Escarcha*, un joven ex guerrillero que se entregó a las autoridades en diciembre pasado. Escarcha dijo conocer en profundidad la vida de la Comunidad de Paz y aseguró que Luis Eduardo Guerra era miliciano. Dice que Guerra le había dicho por teléfono que tenía la pretensión de desmovilizarse y que por ese motivo fue asesinado por las Farc. Esta versión no tiene mucho asidero. Quienes conocieron a Guerra, un hombre de intenso roce con la comunidad internacional, consideran descabellado que fuera miliciano y que quisiera abandonar la Comunidad de Paz pues era uno de sus líderes más antiguos. Y en todo caso, si lo quisiera hacer, podría recurrir a autoridades del más alto nivel, o podría buscar asilo en otro país. Guerra era el que menos necesitaba a un desertor para contactarse con las autoridades.

Escarcha también aseguró que Alfonso Bolívar Tuberquia fue asesinado por la guerrilla pues sospechaban que éste había delatado al miliciano 'Macho Rucio', abatido por el Ejército el domingo 20 de febrero.

Una tercera tesis es que los paramilitares cometieron las masacres. En Urabá, San José de Apartadó es considerado una comunidad de apoyo a las Farc. "Ellos se comportan con las Farc como el resto de la gente de Urabá se comporta con las autodefensas", dijo un habitante de Apartadó para describir una relación de complacencia. A mediados de los 90, cuando Urabá empezó a ser dominada por las AUC, San José, que era tal vez el pueblo más comunista de todo el Urabá, se declaró Comunidad de Paz y con ello frenó la arremetida paramilitar. Si bien los paras no entraron, los guerrilleros tampoco se fueron y han estado allí durante todo el tiempo. Incluso mataron a varios líderes de esta comunidad cuando, en aras de la neutralidad, se negaron a colaborarles. Según testimonios del propio desmovilizado Escarcha, para evitar que las Farc siguieran matando a los líderes conversaron con Samir, el jefe guerrillero de la zona. ¿Deterioraron estas 'conversaciones' la neutralidad de la Comunidad de Paz? Según Escarcha, sí.

Por las agresiones que venían de afuera, por el constante señalamiento y por un espíritu conspirativo que se siente en las calles, San José de Apartadó terminó siendo una especie de gueto. Una secta en la que impera un régimen dacroniano. No se vende licor en ninguna tienda, no se pueden hacer fiestas a menos que lo autorice el consejo de la comunidad, hay una hora impuesta para dormir y existe una economía centralizada. A tal punto llega el control de los líderes que, según testimonios, cuando la Red de Solidaridad llega a atender desplazados, nunca los pueden ver, los líderes piden que se les entreguen los mercados y se vayan. Los representantes de la Iglesia tampoco tienen acceso a la gente. Mucho menos los periodistas que fueron testigos de la reprensión de los líderes a las personas de la comunidad que estaban dispuestas a hablar. Su espíritu -con razón o sin ella- es de resistencia al Estado.

Por todo esto, más que como Comunidad de Paz, San José es vista por los paramilitares como la punta de lanza del proyecto de las Farc: volver a controlar a Urabá. Varios secuestros ocurridos desde que se desmovilizaron las AUC y el combate hace un mes en Mutatá, donde murieron 17 soldados, prendieron las alarmas. Sectores importantes de la región dicen estar dispuestos a crear nuevos grupos si las Farc insisten en volver a Urabá. "Si siguen con su arrogancia, Urabá va a conocer la más grande autodefensa de que se tenga memoria. La gente de Urabá aprendió que a la guerrilla se la puede derrotar con sus propios métodos", advirtió un líder de la región. Adicionalmente, en Urabá siguen operando dos bloques paramilitares. El Héroes de Tolová, que tiene unos 150 hombres en Córdoba, límites con Apartadó, y el bloque Élmer Cárdenas, hacia el Urabá chocoano.

Dos argumentos hacen creer que los paramilitares pudieron cometer la masacre. Antropólogos que han documentado las masacres en Colombia aseguran que 95 por ciento de los casos en los que las víctimas son degolladas y descuartizadas son cometidos por paramilitares. Y segundo, que estas acciones tienen la connotación de ser 'castigadoras y ejemplificantes'. El investigador y sociólogo Germán de la Hoz explica que "el mensaje del descuartizamiento es: no vamos a dejar piedra sobre piedra. Es una intimidación a nivel colectivo para el control social". Es muy posible que los paramilitares quisieran golpear a las Farc en lo que consideran lo más profundo de su base social, en un punto doloroso, y dejar el mensaje de que si avanzan en Urabá, la Comunidad de Paz será aniquilada. Sin embargo surge otro interrogante: siendo estas montañas territorio de control guerrillero, y estando allí en curso una operación del Ejército, ¿pudieron actuar los paramilitares solos?

La situación puede ser aún más compleja de lo que parece. Hay quienes creen que todos tienen un poco de razón. Que a una de las familias la podrían haber matado paramilitares y a la otra, las Farc. Expertos le confirmaron a SEMANA que el modus operandi en los casos de las dos familias son muy diferentes. "En Urabá está claro que las Farc entierran a la gente que matan y los paras no", dice una fuente de Apartadó que pidió la reserva de su nombre.

Luis Eduardo Guerra era el más importante enlace de la Comunidad de Paz con el mundo diplomático e internacional. Eso posiblemente era un motivo para asesinarlo. Su cuerpo, como el de su familia, quedó tendido junto al río Mulatos. Alfonso Bolívar Tuberquia, en cambio, no era miembro activo de la Comunidad de Paz. Aparentemente, los paramilitares no tendrían un motivo para matarlo. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que semanas atrás un primo suyo, jefe miliciano en una de las veredas, desertó de las Farc y se convirtió en informante del Ejército. Bolívar era pariente del hombre que le había aportado al Ejército datos cruciales para que el 19 de febrero se iniciara la operación militar en el área. Por eso no es improbable que, después de la muerte de Guerra, a manos de paramilitares, las Farc mataran a Bolívar y su familia. Bien fuera aplicando la ley del talión, o porque también desconfiaran de su lealtad, como lo asegura Escarcha.

Todas estas hipótesis están sobre el tapete y la Fiscalía tendrá que investigarlas con premura pues el debate político sobre estos hechos se les adelantó a los resultados judiciales. La Comunidad de Paz no permitirá que los testigos hablen con la Fiscalía. Guardarán sus testimonios para el 14 de marzo, cuando se inicien las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. El gobierno intentará demostrar que sus tropas estaban lejos y llevará pruebas sobre la convivencia de los habitantes de San José con las Farc. "Los desenmascaremos", dijo un alto funcionario del gobierno. Mientras tanto, el futuro de la tan anhelada paz en Urabá es más incierto que nunca.

* Nombre ficticio