La polémica por el papel de los ambientalistas

En el alto gobierno circula desde hace meses un chiste. A algunos funcionarios se les ha oído decir que la única diferencia entre un ambientalista y un guerrillero es que con el último se puede negociar. Esa expresión, que hasta ahora no era más que una broma de mal gusto, retumbó esta semana con la polémica que generó una columna de Ramiro Bejarano titulada “Ambientalistas extremos”. 

El escrito armó todo un ‘berenjenal’. Durante las últimas dos semanas un grupo de ambientalistas se ha cruzado con el periodista Bejarano todo tipo de mensajes: desde argumentos técnicos hasta insultos personales. Con esa pelea, el debate sobre el dilema entre los desafíos del desarrollo y la conservación de la naturaleza salió de los foros académicos y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

En su texto, el mordaz columnista acusó a los ambientalistas extremos de lo divino y lo humano. Culpó a su intransigencia del atraso en las carreteras, de no pronunciarse en contra de la minería ilegal y de la caída de la producción petrolera, entre otras cosas. “¿Cuántos de los furiosos ambientalistas estarían dispuestos a dejar su celular, cada vez más delgado gracias al coltán, lleno de cobre y otros minerales, para ser verdaderamente consecuentes? … Si los fundamentalistas del medioambiente quieren vivir en la selva o con taparrabos, están en su derecho, pero que no se olviden de los derechos de los demás”, exigió Bejarano.

El texto se convirtió en la columna de opinión más leída de esa semana y desató una oleada de indignación en las redes sociales. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez asumió la vocería del sector verde y defendió sus posturas en varios trinos, programas de radio y entrevistas. En diálogo con Semana Sostenible, Rodríguez afirmó que “En Colombia el único extremismo y radicalismo que existen en esta materia es la creciente destrucción y deterioro del medioambiente, que están a la vista”.

El grupo de expertos de la Contraloría que ha hecho los estudios sobre los impactos de la minería también se despachó. En una durísima carta enviada al director de El Espectador no solo calificaron la columna de “ofensiva e irrespetuosa”, sino que le sumaron dos señalamientos de talla mayor. Primero, acusaron a Bejarano de tener un conflicto de intereses porque su esposa, Margarita Ricaurte, es asesora de empresas mineras en el país. “Es evidente la frustración del autor por la no aprobación de las licencias en tres meses, trámite en su concepto inocuo y banal”, afirman en la carta.  Y segundo, enviaron una copia de esa comunicación a la Sociedad Interamericana de Prensa porque consideran que Bejarano está faltando a los criterios de la ética periodística y a la transparencia en un debate fundamental para el país.

La carta le pareció un golpe bajo a Bejarano, quien dijo que ni él ni su esposa han realizado trámites ante las autoridades ambientales.  El columnista también contestó que los ataques de este grupo de ambientalistas eran una retaliación de la excontralora Sandra Morelli por el enconado enfrentamiento que han tenido. Para apoyar su tesis, adjuntó el contrato por 79 millones de pesos que Morelli firmó en enero de este año con el geólogo Julio Fierro, uno de los firmantes de la carta.

La discusión subió tanto de tono que ambos protagonistas denunciaron que sus vidas podían estar en riesgo por ese motivo. En una segunda columna, Bejarano se quejó de que había recibido amenazas. “En 16 años como columnista, pocos episodios representaron tan estruendosa respuesta como la que dieron a mi columna anterior el grupo de intocables ‘técnicos’ extremistas del medioambiente. Tal fue la violencia, que concluyó con amenazas en mi contra y de mi familia”, escribió.

Por su parte, Manuel Rodriguez dijo en el programa Hora 20 que en Colombia el calificativo de “extremista” siempre se le ha aplicado a los guerrilleros, y que por esa razón las acusaciones de Bejarano también ponían en peligro la vida de muchos activistas. Los ambientalistas agregaron que según la ONG Global Witness, el país es el quinto lugar en el mundo en el que más asesinan ambientalistas. De acuerdo con esta organización, entre 2001 y 2013 murieron 52 colombianos por motivos relacionados con la defensa de esa causa.

Pero más allá del tono pugnaz de las columnas de Bejarano o del despropósito del grupo de ambientalistas de mandar una carta a la Sociedad Interamericana de Prensa, lo cierto es que ambas partes tienen argumentos rescatables en un debate trascendental para el futuro de Colombia.

La columna de Bejarano resume la mayor parte de los prejuicios que existen en ciertos sectores empresariales y del gobierno en torno a los ambientalistas. De hecho, hace un mes, la directora de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, dijo en una entrevista que “no podían dejarse ganar la batalla de los ambientalistas radicales”.

No solo Bejarano, sino muchos sectores productivos del país culpan a los ‘verdes’ de frenar el desarrollo. El gremio de los hidrocarburos, por ejemplo, asegura que no han alcanzado la meta del millón de barriles por cuenta de las demoras en las licencias ambientales. Según la Asociación Colombiana del Petróleo, actualmente hay 113 licencias en trámite y muchas de ellas llevan más de 14 meses en lista de espera. Un sentimiento similar tienen en el sector de la infraestructura, pues proyectos como el túnel de la línea y la Ruta del Sol también se han retrasado por esas licencias. Esa crítica es válida pero es solo un elemento dentro de un conjunto de factores como las consultas previas, las tutelas, intereses políticos o la misma corrupción los que afectan el desarrollo de los proyectos de modernización del país.

La otra crítica de Bejarano es que más de la mitad del territorio colombiano está amparado por zonas protegidas, resguardos y territorios colectivos. “Y aunque suenen las alarmas del desabastecimiento energético, a los extremo-ambientalistas les parece que hay que crear más parques naturales”, escribió Bejarano en su columna.

En ese punto Bejarano no tiene la razón. Para las empresas el problema nunca han sido las áreas protegidas que se han declarado sino las que faltan por declarar. El gobierno está tan retrasado en ese proceso de delimitación geográfica que ha generado una enorme inseguridad jurídica para el sector productivo. El caso de los páramos es quizás el más diciente. En el país hay 3 millones de hectáreas de esos ecosistemas, vitales para el agua, pero menos de la mitad están declarados formalmente como tal. Esa, por ejemplo, es la situación de Santurbán en donde tres años después de que comenzó la discusión, y más de dos décadas de la llegada de las grandes compañías mineras, aún no se sabe en dónde comienza y termina el páramo, y por lo tanto dónde se puede hacer o no minería.

Los ambientalistas también tienen razón. Colombia es uno de los países más megadiversos y ricos en recursos hídricos del mundo. Pero a su vez es uno de los más vulnerables a los efectos de la destrucción de la naturaleza. Las Naciones Unidas aseguran que es el tercero con más riesgo frente al cambio climático. El Atlas de Justicia ambiental establece que es el segundo con más conflictos por cuenta de los recursos naturales. El índice de manejo ambiental de la Universidad de Yale, que tenía a Colombia en los primeros puestos hace una década, lo ubicó este año en un vergonzoso 84 lugar.

El debate deja varias lecciones. Primero, que Bejarano puso el dedo en la llaga en un debate muy polarizado que debe salir de los radicalismos para encontrar una salida racional al dilema del desarrollo sostenible. Segundo, que en el mundo de los ambientalistas hay extremos que no están dejando espacio para un debate público donde quepa el desarrollo y la generación de riqueza con impactos ambientales controlados, como sucede en muchos países. Tercero, que no todos los ambientalistas son enemigos del desarrollo y de los grandes proyectos petroleros o de infraestructura. Cuarto, que muchas empresas tienen que entender que hay zonas protegidas y zonas de biodiversidad estratégicas donde prima claramente la protección del medioambiente. Y quinto, que el gobierno tiene que poner reglas del juego claras y ser lo más diligente posible a la hora de entregar o negar una licencia ambiental para evitar más inseguridad jurídica y angustia fiscal.

En el fondo, se trata de desestigmatizar el debate y ubicarlo en los matices necesarios para poder conciliar desarrollo y conservación. Porque, si algo ha demostrado la historia del país es que esa histeria colectiva le hace mucho daño a las grandes causas. Como dice el profesor Julio Carrizosa, “lastimosamente la discusión tomó formas iguales a las de todos los debates políticos colombianos. Y en este sentido es el fiel reflejo de las estrategias personales que impiden la consecución de la paz”.