La promesa que no cumplió Santos y que ahora recoge Iván Duque

A pesar de la crítica situación fiscal del país y de la desfinanciación que hoy tienen muchos programas sociales, el gobierno nacional se comprometió a reducir el aporte a salud que hacen los pensionados del país del 12 al 4 por ciento.

Cabe recordar que esta fue una promesa que Santos había hecho durante la campaña y que tuvo que incumplir dada su alta inconveniencia fiscal. Si bien el Congreso de la República aprobó esta ley, la administración anterior la objetó por su alto costo fiscal. Se calcula que dicha reducción tiene un costo anual alrededor de los 3,1 billones de pesos. La Corte Constitucional le había dado la razón al gobierno al encontrar fundadas las objeciones.

Sin embargo, durante el encuentro realizado este martes entre el presidente Iván Duque y las centrales obreras, en la primera reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se revivió la propuesta. Según la ministra de Trabajo, Alicia Arango, el jefe de Estado se comprometió a buscar el mecanismo para reducir el aporte a salud que hacen los pensionados, para pasar del 12 al 4 por ciento.

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Sin embargo, aclaró que se aplicaría de forma gradual y únicamente para pensiones inferiores a los 4 salarios mínimos, teniendo en cuenta la situación fiscal del país. "El presidente Duque quedó en el compromiso de estudiar la manera como se pueda realizar esta disminución, pero teniendo en cuenta que para las pensiones altas no puede ser sino para las bajas. Hay que buscar con el Ministerio de Hacienda el origen de los recursos para dar este beneficio. Tenemos en el gobierno toda la disposición de cumplir", afirmó Arango a la salida de la reunión.

Más promesas

Al término del encuentro con las centrales obreras, la ministra de Trabajo también informó que el gobierno “está estudiando” una eventual reducción en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). “Actualmente el IVA es un subsidio para los ricos y hay que buscar que beneficie a los más pobres. Hay muchos países que le devuelven el IVA a los más vulnerables, tenemos que idearnos el método, pero no puede ser posible que nosotros sigamos soportando las necesidades de los ricos mientras que los pobres están pasando mucho trabajo", consideró.

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Algo similar a lo que explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes durante el debate de presupuesto, en el que explicó que la diversidad de tarifas y tratamientos de IVA facilita la evasión y le cuesta al erario billonarios recursos, por lo que insistió en reducir las exenciones y regresar los recursos recaudados a los segmentos más pobres de la población.

“Hay artículos que tienen 19 por ciento de IVA, otros tienen 5 por ciento, otros tienen cero, otros son exentos, otros son excluidos, y esos tratamientos diferenciales hacen no solo que el sistema sea complejo de manejar, sino que facilitan ciertas prácticas que le cuestan al erario unas sumas considerables de dinero; las exenciones de IVA son mucho más grandes que las de renta”, explicó el ministro, al tiempo que resaltó que, reduciendo estas exenciones, los segmentos más altos pagarían más y, de esta manera, se podrían devolver esos recursos a la población más pobre.

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El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, se mostró complacido por los resultados y los acuerdos efectuados durante la reunión pues “no hubo temas tabú”. También confirmaron que la comisión se reunirá de forma periódica para construir una agenda entre gobierno, empresarios y trabajadores, en la búsqueda permanente de mejorar el empleo, reducir la informalidad, la tercerización laboral, simplificación de normas, migración laboral, estabilidad jurídica y salario mínimo. “La comisión de concertación no solo debe limitarse a discutir el salario mínimo, sino todos los temas laborales”, afirmaron.