La propuesta 'trabada' de Petro

El alcalde Gustavo Petro volvió a sorprender al país con la propuesta de crear centros de consumo de drogas controlados por el Estado. Aunque advirtió que esta polémica medida solo se implementaría con el auspicio del gobierno nacional, lanzó un globo al aire que revivió el debate sobre cómo combatir la drogadicción y el tráfico de drogas.

El burgomaestre vendió la teoría de que si el Estado no solo asiste al drogadicto con medicamentos, sino que le facilita las dosis de sustancias psicoactivas, los índices de criminalidad se reducirían como resultado. Como era de esperarse, pocos se la compraron. La ministra de Salud, Beatriz Londoño, pidió evidencia científica para sustentar la propuesta. El procurador Alejandro Ordoñez fue más lejos, "se la fumó verde", dijo, (aunque después se retractó) y la calificó de inconstitucional. Salvo el fiscal Eduardo Montealegre, quien se refirió a la propuesta como "audaz" y pidió debatirla sin miedo, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, para quien una iniciativa como esta "le haría mucho bien a la sociedad", las opiniones fueron críticas y cargadas de escepticismo.

El problema fue que Petro hizo una propuesta de salud pública con fines de política criminal. Enfatizó en que de esta manera se combatiría al microtráfico, pero no explicó cómo se deberían tratar a los drogadictos. Al final, quedaron en el ambiente más dudas que respuestas y por eso tanto el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el propio alcalde, tuvieron que corregir la plana. Explicaron, días después, que no se trataba de crear zonas de tolerancia al consumo de estupefacientes en la ciudad, sino de debatir un mecanismo que conciba al adicto como a un enfermo, no como a un criminal. Esta forma de ver el problema ya está incluida en la ley colombiana.

El secretario de salud de la capital anunció que en dos meses saldrán a las calles unas unidades móviles (Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas, Camad) para tratar a los drogadictos. Estos vehículos estarán equipados con profesionales de la salud y medicamentos para mitigar el síndrome de abstinencia. Centros como este ya se habían implementado en otros gobiernos distritales. Lo novedoso es que atenderán in situ a las poblaciones alrededor de los expendios (el Bronx y San Bernardo) en el centro de Bogotá. La iniciativa es positiva pues muestra un interés de la Alcaldía por ayudar a personas afectadas por la adicción. Así se rectificó lo que al comienzo pareció una salida en falso del alcalde.

Más allá de la revisión de la medida por el Distrito, la pertinencia del debate, y su incidencia nacional, quedaron sobre la mesa. El aumento del uso de drogas en todo el mundo, pero también el interés de varios países, incluido Colombia, por discutir alternativas distintas a la represión para combatir el narcotráfico, no se puede soslayar.

Uno de los componentes más polémicos de la propuesta sería la eventual entrega de droga a los adictos por parte del Estado. En 2009, una reforma de la Constitución de 1991 que pretendía prohibir el porte de drogas, terminó aceptando que los pacientes puedan portarlas con prescripción médica. Con esa norma en mente Petro invocó la facultad del Estado para darles dosis mínimas a los adictos. No obstante, hasta ahora se desconoce el efecto de esa parte de la Carta, pues en Colombia no se sabe de tratamientos médicos que usen las drogas ilícitas como parte de terapias para dejar de consumirlas. Lo que sí está claro es que el Estado no puede proveer drogas ilegales al consumidor, así sea de manera controlada. Para que esto fuera posible, el debate pasaría por la legalización, cuestión que seguramente los países tendrán que considerar algún día, pero cuyas conclusiones se conocerán en un futuro no tan cercano.

Sin embargo, se ha argumentado que medidas semejantes a las que propone Petro se han implementado en Holanda, Suiza o España (ver recuadro). Pero, como dijo a SEMANA el representante de la Cámara Alfonso Prada, "las realidades de consumo, sociales y económicas de esos países son distintas". En primer lugar, los centros de consumo controlado que han dado resultado en Europa han sido habilitados para adictos a la heroína. Esa particularidad es importante. En Colombia, según el estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá hecho por la Secretaría de Salud en 2008, no se presentó consumo de esa droga entre los más de 6.600 encuestados, y solo 7 personas la habían consumido una vez en la vida. Es decir, si se quisiera replicar la fórmula solo beneficiarían a una minoría de adictos que todavía es difícil determinar. Las razónes por las que España y Suiza, a mediados de los ochenta, implementaron los primeros centros de consumo para heroinómanos, en los que se sustituye la heroína por metadona, fueron para evitar el contagio de Sida y las muertes por el consumo de sustancias adulteradas. En políticas públicas eso se conoce como 'el mal menor'. La medida se ha extendido a muchas ciudades de Europa y de Canadá.

Pero de Madrid a Bogotá hay mucho trecho. Según el estudio mencionado, cuyos datos fueron utilizados por Petro para defender su propuesta, cerca de 70.000 bogotanos podrían considerarse adictos a la marihuana, 16.000 a la cocaína y 7.000 al bazuco. Cada una de estas adicciones, sin embargo, supone retos distintos desde el punto de vista terapéutico y farmacológico. Y en el país no se conoce de tratamientos que utilicen dosis de esas sustancias para tratar las adicciones. El alcalde se atrevió a sugerir que las dosis para atender a los adictos saldrían de las incautaciones que hacen las autoridades, una medida que no se ha implementado en ningún país.

El problema de salud pública que entraña la drogadicción es un reto enorme para cualquier sociedad. Para empezar, los tratamientos son muy costosos. Por ejemplo, en un centro de rehabilitación privado el tratamiento promedio de un adicto vale 15 millones de pesos. Pero la mayoría (más del 70 por ciento) de los adictos reinciden, por lo que se requeriría dos o tres veces esa cantidad de dinero. Según datos del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, en 2008 había cerca de 300.000 adictos a alguna droga. Un país no puede dejar perder esa población y por eso debe actuar. Pero, las políticas públicas, aunque las ha habido, son insuficientes. Actualmente el Estado solo tiene capacidad para atender uno de cada 1.000 adictos. Y solo el 15 por ciento de los centros de rehabilitación son públicos.

El gobierno nacional, sin embargo, hace unas semanas sancionó una ley que reconoce al drogadicto como a un enfermo, no como un delincuente. Además de orientar el enfoque con el cual se debe tratar el problema, esa ley obliga a las EPS y al Estado a darles tratamiento, y a crear políticas públicas para la atención de estos pacientes. Sin embargo, persisten dudas sobre su financiamiento, por lo que hay quienes dicen que esa ley podría acabar siendo un saludo a la bandera.

Para Augusto Pérez, director de la fundación Nuevos Rumbos, el primer escalón de una política pública debe ser la prevención del consumo entre los más jóvenes. En ella deben participar la comunidad, los profesores y los padres de familia. "Hasta ahora los esfuerzos en ese sentido no los conozco", dijo. El segundo escalón deben ser programas dirigidos a población en riesgo de caer en las drogas, y solo en el último peldaño de la escalera se debe pensar en centros regulados para consumidores de sustancias duras. En sus palabras, "no se puede construir el Empire State sin primero poner las bases".

En la escala de consumidores de América Latina, Colombia está por debajo de países como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y El Salvador, mientras que hace 20 años ocupaba el primer lugar en el hemisferio. Eso no quiere decir que el consumo no se ha incrementado, sino que lo ha hecho de manera más lenta que en otros países. No obstante, los más recientes estudios encienden las alarmas sobre varias tendencias. En primer lugar, mientras, por cada diez hombres, una mujer consumía sustancias ilegales, ahora la relación es de dos a una. Además ha aumentado la tendencia entre los jóvenes a consumir sustancias sintéticas o disolventes y se ha incrementado el consumo de heroína.

Por estas razones, cualquier intento por paliar el problema es bienvenido. Pero las propuestas deben estar sustentadas en diagnósticos serios, para que así se puedan formular políticas sostenibles. Todavía falta, como dice el adagio popular, "traer la bestia" para poder ensillarla.
 
Políticas en el mundo
 
Varios países han ensayado propuestas audaces para mitigar los efectos de la drogadicción. Estas son algunas de las más famosas.
 
España

En 2000 se crearon las llamadas ‘narcosalas’ en España. Son centros donde se suministra a los adictos un kit para que se inyecten las drogas que ellos mismos llevan bajo la supervisión de trabajadores sociales. Los adictos también pueden dormir bajo techo, comer caliente o darse una ducha. Debido a la crisis económica, sin embargo, el gobierno ha tenido que comenzar a cerrarlas.
 
Holanda
En la década de los setenta despenalizó el consumo de marihuana. Aunque reporta menores niveles de consumo que el promedio europeo y una de las tasas de mortalidad por droga más bajas de la región, se enfrenta a problemas de narcotráfico. Actualmente ese país contempla modificar la legislación.
 
Portugal

Desde 2001 despenalizó el porte de drogas para uso personal. Es el primer país de la Unión Europea con esta política permisiva que se complementa con amplia información sobre las drogas, tratamientos de rehabilitación y de reducción del daño. Según reportes del gobierno, las cifras de consumidores de sustancias intravenosas se han reducido en un 50 por ciento.
 
Suiza

Después de permitir zonas de consumo libre de drogas, que fueron cerradas paulatinamente, hoy se trata a los adictos a la heroína con metadona u otras sustancias con prescripción médica. Distribuye jeringas y tiene programas de esterilización de jeringas. Un programa para reducir el daño que, aunque ha sido criticado, ha dado resultados en la reducción de muertes por sobredosis y contagio de Sida. El programa de tratamiento con metadona también se utiliza en España y recientemente se ha extendido a varias ciudades alemanas.
 
Uruguay

No criminaliza la dosis personal ni impone un límite específico a ese porte de drogas para el consumo propio. Este año el gobierno presentó un proyecto para dejar la distribución y comercialización de marihuana en manos del gobierno y quitarle el negocio al narcotráfico. El debate que tuvo un eco continental, apenas se abrió.