"La reacción al fallo ha sido emocional"

MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Por qué no está de acuerdo con la decisión del presidente Santos de retirarse del Pacto de Bogotá?

ENRIQUE GAVIRIA: Porque me parece extemporánea. El retiro del Pacto tiene efecto dentro de un año y lo que se ha dicho es que se hizo para protegernos de posibles demandas de Nicaragua y concretamente de su reivindicación sobre la plataforma continental larga. Pero resulta que ese punto ya fue rechazado por la Corte y es cosa juzgada. En cambio sí creo que el retiro del Pacto desdice de toda la tradición que ha tenido Colombia en defensa del derecho internacional y de la solución pacifica de las controversias.

M.J.D.: ¿Y entonces por qué la canciller María Ángela Holguín ha insistido en la importancia de ese retiro?

E.G.: No lo sé. ¿Que exista la posibilidad que nos demanden durante ese año?... pues sí, existe. Pero si optamos por la política de denunciar todos los tratados que tengan alguna cláusula que nos lleve a la Corte, con esa misma lógica tendríamos que denunciar cerca de 20 tratados internaciones que tienen disposiciones similares, entre ellos el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial con Venezuela de 1939, que trae esa misma cláusula. Y resulta que si nosotros entramos a denunciar el Pacto de Bogotá, nos vamos a contradecir en nuestra posición de invocar la Corte Internacional frente a las pretensiones de Venezuela. Todos sabemos que durante muchos años estuvimos en negociaciones directas con Venezuela para determinar las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela o de Coquivacoa y que en un momento se agotó esa vía y Colombia sostuvo que ahora podía acudir a la Corte Internacional de La Haya. ¿Cuál va a ser la situación de Colombia ante la eventualidad de un nuevo proceso con Venezuela?

M.J.D.: ¿Está diciendo que esta decisión de retirarnos del Pacto ha sido tomada a la ventolera?

E.G.: Yo diría que la reacción al fallo ha sido más emocional que otra cosa. Todos sabemos que Venezuela no forma parte del estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que no ratificó el Pacto de Bogotá. La única defensa que tenía Colombia es el tratado de 1939 con Venezuela, que por cierto fue suscrito a buena hora por el presidente Eduardo Santos, junto con el Tratado de Límites de 1941. En ese momento definimos los límites y celebramos este tratado para la eventualidad de que pudiera haber discrepancias de cualquier naturaleza y establecimos una serie de etapas jurídicas que iban desde la negociación directa hasta la Corte Internacional de Justicia.

M.J.D.: ¿O sea que por salirnos del Pacto de Bogotá podemos estar perdiendo argumentos frente al diferendo con Venezuela?

E.G.: Sí. Tengo entendido que las negociaciones con Venezuela hace rato están congeladas, pero eso no quiere decir que el problema no esté latente. Debemos pensar hacia el futuro y no simplemente reaccionar de manera primaria denunciando los tratados.

M.J.D.: A propósito del futuro, el presidente Santos ha dicho que de ahora en adelante Colombia no va a aceptar ninguna delimitación que provenga de la Corte Internacional de Justicia y que solamente respetará los límites que se acuerden en tratados internacionales aprobados por el Congreso.

E.G.: Ahí también hay que echar un poco para atrás. Esa posición podría interpretarse que nosotros estamos desconociendo el fallo arbitral de la Reina María Cristina de España con Venezuela de 1890 que nos reconoció La Guajira y el fallo arbitral con Costa Rica de 1900 que nos reconoció la soberanía sobre la mayoría de las formaciones insulares del archipiélago.  

M.J.D.: ¿Le ha sorprendido que el presidente Santos haya reaccionado como lo ha hecho?

E.G.: Le cuento que estoy muy cerca a su pensamiento liberal, ciertamente distinto del que tenía el gobierno anterior. Pero en esto creo que el enfoque es equivocado y que el gobierno está dando palos de ciego.

M.J.D.: Una encuesta de SEMANA y RCN dice que el 80 por ciento de los colombianos quieren que el fallo se desacate. ¿Estará el presidente Santos pensando realmente en desacatar el fallo?

E.G.: Me parece que la opinión pública puede decir lo que quiera. La gente probablemente no conoce los temas y reacciona de una manera más emocional. Todos entendemos que los colombianos y en especial los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no estén de acuerdo con el fallo como yo tampoco lo estoy. Al final Colombia va a tener que acatar el fallo y no creo que le convenga al país que Nicaragua acuda al Consejo de Seguridad para tomar medidas y nos sancionen sepultando esa tradición que tiene el país por el respeto al derecho internacional. A la gente se le olvida la posición de Colombia en casos como el de la guerra de 1932 en Leticia, donde Eduardo Santos tuvo una posición impecable en defensa del derecho internacional en la Sociedad de Naciones, o como la defensa que tuvimos en el caso de Haya de la Torre sobre el derecho de asilo. Ojalá que ahora Colombia no vaya a dar ese paso en falso.  

M.J.D.: ¿Por qué renunció al equipo que defendió a Colombia en La Haya en la segunda administración Uribe?

E.G.: Renuncié porque la tesis que yo había expuesto de considerar San Andrés como un archipiélago de Estado, que tenía la ventaja de defenderlo como una sola unidad política-administrativa y no entrar a defenderlo como se hizo posteriormente,  cayo por cayo, no fue acogida. Renuncié con una carta donde explicaba las razones de mi decisión. Ahora me han dicho que esa carta ni siquiera existe en el Ministerio. 

M.J.D.: El gobierno ahora ha salido en defensa de los derechos de los raizales, pero ellos están muy molestos porque nunca fueron considerados como parte activa en la defensa. Se quedaron sin su mar, sin su cultura y sin su sustento. ¿Quién tiene la razón?

E.G.: Me da la impresión de que nos estamos rasgando las vestiduras. Nos hemos convertido de buenas a primeras en unos grandes defensores de los derechos pesqueros, de los raizales, etcétera. Revisando el fallo encontré el párrafo 223 que dice que ni Colombia ni Nicaragua se refirieron con argumentos muy sólidos para tomar como relevante el tema de los recursos naturales. Aun cuando esos asuntos no están relacionados estrictamente con el derecho, señala la Corte, que en ocasiones se han tenido en cuenta y cita un caso entre Trinidad y Tobago y Barbados. De manera que tampoco podemos irnos lanza en ristre contra la Corte y decir como dijo nuestra canciller que el enemigo de Colombia era la Corte Internacional de Justicia, porque me parece un tanto exagerado.

M.J.D.: ¿Este fallo es una monstruosidad jurídica?   

E.G.: El fallo es jurídico. Los magistrados de la Corte Internacional tienen una trayectoria en derecho internacional y pasan por varios filtros. Y en cuanto a lo que dice la senadora Piraquive de que había magistrados con dudas del procedimiento utilizado, si uno se lee la sentencia encuentra que el fallo fue unánime, que no hubo ninguna reserva, ni un voto en contra, como parece insinuar la senadora.

M.J.D.: Si usted estuviera en esa comisión que integró el presidente, ¿qué le aconsejaría?

E.G.: Nosotros hoy deberíamos estar hablando ya con Nicaragua. Y en ese sentido saludo la decisión del presidente de instruir a su canciller para que empiece a entablar un diálogo con Nicaragua. Oí al antiguo embajador en Nicaragua decir que ellos habían insistido muchas veces en que en una negociación bilateral para resolver temas como el de la pesca, pero Colombia nunca quiso. Acuérdese que el entonces presidente Samper le insinuó a la presidenta Chamorro que se sentaran a discutir sobre los temas limítrofes y Colombia se le vino encima. Después el presidente López Michelsen, quien fue quien realmente proyectó a Colombia sobre el Caribe, también trató de hacer lo mismo y fue muy criticado.  

M.J.D.: ¿Y por qué era mal visto negociar con Nicaragua?

E.G.: Porque se consideraba que si lo hacíamos se les daba la señal a los nicas de que nos estábamos apartando del meridiano 82. Pero resulta que a la vuelta de la esquina nos bajamos de ahí y propusimos una línea media, que para mí fue un error, porque no sé cómo interpretó ese cambio de posición la Corte. Yo sí pienso que con Nicaragua hubiéramos podido llegar a un acercamiento para hacer una cosa similar a la que tenemos con Jamaica, (una zona de explotación común).

M.J.D.: Si Nicaragua decide iniciar la explotación de la zona al oriente del meridiano 82 que era nuestra antes del fallo, ¿de qué van a vivir los pescadores?  

E.G.: Eso debe ser parte de las conversaciones que adelante el presidente Santos con Daniel Ortega para proteger debidamente el sistema de corales Seaflower, de manera que se preserve como un patrimonio protegido por la Unesco.

M.J.D.: ¿Qué opina de la comisión de expertos que acaba de ser nombrada?

E.G.: Que el gobierno está reconociendo que tiene que haber otro equipo negociador, aun cuando sea posfallo. Esa fue una idea que conversé informalmente con el hoy ministro del Interior, Fernando Carrillo, cuando era director de la Agencia de Defensa del Estado. La idea era la de nombrar a un grupo de internacionalistas, pero viendo la nómina de esa comisión, la verdad es que ahí no hay sino dos internacionalistas, que son Rafael Nieto Navia y Juan Daniel Jaramillo. 

M.J.D.: ¿Por qué su nombre no fue incluido en esa comisión?

E.G.: Yo no sé por qué, pero me imagino.  He visto que de parte de la Cancillería hay una especie de resistencia a integrarme porque de golpe discrepo de ciertas posiciones y es mejor tenerme de lejos, como si fuera un enemigo del gobierno, que no soy. Todo lo contrario: en los gobiernos que he participado, siempre he actuado en función de país y de las instituciones independientemente de los partidos, aunque yo soy un liberal integral. Pero ¿sabe qué? Pienso que es mejor así. De esa forma puedo decir cosas que de otra manera no hubiera podido decir si formara parte de tan importante grupo.