La rectora y los paras

Hay una historia que ha sacudido a Barranquilla, pero curiosamente poco sobre ella ha salido a la luz pública. La rectora de una de las universidades más importantes de la ciudad ha sido señalada por tres paramilitares de haber pagado 150 millones de pesos, en 2003, para asesinar a un prestante ganadero. El caso, si se llega a probar, sería increíble, pero sería aún más grave si se tiene en cuenta que el hombre asesinado, Fernando Cepeda, era el esposo de María Paulina Ceballos, hija del exrector de la Universidad Autónoma del Caribe. Una de las hipótesis que baraja la Fiscalía es que la hoy rectora estaría detrás del asesinato en medio de la puja por quedarse con el poder en dicha universidad.

Pero este es apenas el más reciente capítulo de una increíble historia que se cuenta sotto voce en La Arenosa. No es la primera vez que el nombre de Silvia Gette se ve salpicado por este asesinato. "Lo que pasa es que la señora Silvia es muy inteligente y ha montado un poder en la Fiscalía y en los medios que la blinda", dice uno de sus contradictores.

Todo comenzó en 1987 cuando Silvia Gette era apenas una argentina que iba de paso por Cartagena como una de las artistas de la compañía Pepe Bronce, un espectáculo itinerante para público adulto. El grupo se fue a Bogotá y dejó atrás a la joven y despampanante Silvia haciendo sola su propio show. Una de esas noches asistió a su función Mario Ceballos Araújo, quien para ese entonces ya tenía más de 60 años, había sido durante un cuarto de siglo magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, y había fundado con tres amigos más, en 1967, la Universidad Autónoma del Caribe. Desde el primer momento, Ceballos quedó prendado de aquella mujer.

Silvia Gette dejó su oficio y se instaló en Barranquilla. Su primer trabajo fue como 'coordinadora artística' en la Universidad Autónoma, donde Mario Ceballos era rector. También comenzó a aparecer en espacios de la misma universidad en el canal Telecaribe: uno se llamaba Risas y lentejuelas y el otro El show de Silvia. Con el paso del tiempo, y ya como esposa del rector, fue ganando enorme poder en las decisiones en la universidad.

Su llegada no cayó bien en ciertos sectores de la universidad y comenzaron a aparecer panfletos dentro del campus y pasacalles en la ciudad pidiendo la salida de la argentina. En el Concejo de la ciudad y en espacios locales de televisión también se habló del tema. La situación llegó a tal punto que en 1995 Silvia se declaró víctima de un complot y denunció penalmente a quienes ella consideraba como los incitadores: el entonces vicerrector Antonio Vallejo, María Paulina Ceballos -la única hija para ese momento del rector Ceballos- y el esposo de ésta, Fernando Cepeda.

La Fiscalía ordenó la captura de los investigados por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. La noticia tomó visos de tragedia familiar pues, dicho en otras palabras, Silvia Gette, la esposa del rector, había mandado a la cárcel a la hija y al yerno de su esposo. Con el agravante de que la pareja hacía apenas dos meses había tenido una bebé: la primera nieta del rector.

El papel de la Fiscalía dejó un mal sabor. En primer lugar, porque siendo un caso menor lo asumió una fiscal regional, en segundo término, porque parecía desproporcionada la calificación del delito y la orden de captura, y en tercer lugar, porque cuando el proceso fue trasladado a Medellín, se derrumbó. En 1999 un juez absolvió a los acusados. Silvia Gette apeló el fallo y el Tribunal, un año después, fue aún más contundente y puso en duda toda la recolección de las pruebas que se había hecho en Barranquilla.

Un detalle importante de lo que ocurrió allí es que el abogado John Jairo Ramírez Vásquez, que fue apoderado de Gette, decidió encender su ventilador. En una declaración que dio en 1999 a la directora seccional de Fiscalías de Barranquilla dejó al descubierto que él mismo había sobornado, con recursos de la universidad, a fiscales e investigadores del caso. Su declaración estaba llena de detalles sobre cómo le giraban el dinero y, a su vez, lo entregaba a sus destinatarios. Contó cómo al detective que recogió las pruebas para la investigación de la Fiscalía le pagaban una suma mensual y en diciembre le dieron un aguinaldo de 5 millones de pesos. Explicó esa repentina contrición de corazón con que "al conocer la providencia por la cual fueron llamados a juicio los señores Vallejo y Cepeda me llené de estupor y decidí, en aras de la justicia, acercarme a esta instancia".

Su declaración dio pie para que le abrieran una investigación a Silvia Gette. Y en una indagatoria, en diciembre de 2001, John Jairo Ramírez ratificó sus denuncias: "Los hechos irregulares tienen que ver con tráfico de dinero por parte de los directivos de la Universidad Autónoma del Caribe que se encuentran vinculados a esta investigación" y añadió: "Los dineros iban dirigidos a engrasar la maquinaria que tuvo en su momento la Universidad para hacer condenar a Vallejo, Cepeda y otros".

Meses después de esta última declaración, en agosto de 2002, John Jairo Ramírez Vásquez fue asesinado por un sicario en una calle de Barranquilla.

Fernando Cepeda siguió empecinado con el proceso contra Silvia Gette que se seguía en Bogotá. A los pocos meses, en agosto de 2003, también él fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando transitaba por la circunvalar de Barranquilla. Nunca se supo ni quién ni por qué lo habían matado.

Hasta el año pasado, cuando comenzaron a hablar los paramilitares. Primero, durante una versión colectiva del grupo de sicarios urbanos del frente José Pablo Díaz de los paramilitares. Desde la sala de víctimas les preguntaron si sabían quién y por qué habían asesinado a Fernando Cepeda Vargas. Alias Chiqui, uno de los más despiadados del frente, dijo que sí, que él tenía conocimiento, pero que quien sabía todos los detalles era alias Don Antonio. Algo parecido dijo alias 28, quien confirmó que él había estado presente en la planeación del homicidio, pero que Don Antonio tenía los pormenores.

Don Antonio, cuyo nombre es Édgar Ignacio Fierro, es recordado por ser el verdadero dueño del famoso 'computador de Jorge 40', en el cual se llevaba una macabra contabilidad de los asesinatos de las autodefensas en el Atlántico, gracias al cual se destapó el escándalo de la parapolítica. El fiscal de Justicia y Paz, entonces, para seguir en la reconstrucción del crimen de Fernando Cepeda, llamó a declarar a Don Antonio en septiembre pasado. Y el jefe paramilitar dijo: "Para esa época (2003), Aguas me manifiesta que hay una persona que está pagando 150 millones de pesos para que se lleve a cabo la muerte del señor Fernando Cepeda. (...) Yo le pregunto que quién es la persona que está pagando, me dice que es la señora Silvia Gette (…). Yo me voy con la inquietud y se la transmito a Jorge 40, y él autoriza". Luego, sigue Don Antonio: "Para verificar esta información yo le ordeno a Jorge Palacios que se reúna con la señora Gette. Palacios se reúne con ella. Creo que en esa reunión estuvo 28". Palacios era un abogado que defendía a los paramilitares ante la Justicia y fue asesinado en 2006 en Barranquilla por la misma organización porque reveló muchos detalles de esta.

El fiscal decidió entonces llamar nuevamente a Jhonny Acosta Garizábalo, alias 28, para que ampliara su declaración y le leyó lo que Don Antonio había dicho. Lo primero que 28 contestó fue: "Esa es una señora muy peligrosa y muy poderosa aquí. Ya va a ver usted. Yo por eso no quería hablar de ese tema".

Este paramilitar confirmó todo lo dicho por Don Antonio. Y aún más. Dijo que acompañó a Jorge Palacios Salas a una reunión con la señora Gette en las afueras de las oficinas de la empresa de Seguridad Assis. Se reunieron a bordo de un carro, cuenta 28, y él se quedó a unos tres o cuatro metros del automóvil.

Cuando terminó la charla, "Palacios me dice que la vieja quiere también joder a la mujer del man que es la piedra en el zapato", dijo 28 al fiscal, haciendo referencia a que Silvia Gette quería que mataran, ahora no solo a Fernando Cepeda sino también a su esposa María Paulina Ceballos. Y ante nuevas preguntas del fiscal, 28 trajo a colación el asesinato del ya mencionado abogado John Jairo Ramírez a manos de otro de los paramilitares de ese grupo: "Palacios me dice que esa vieja es el diablo, que ya mandó a ripiar a su primer abogado. (…) A ese lo mató Chucky".

En el carro, según 28, estaba Silvia Gette acompañada por Juan Carlos Rada, para ese entonces jefe de sistemas de la Universidad Autónoma, quien después fue condenado y preso en Cómbita por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad. En la investigación, la Policía judicial documentó que Rada era quien elaboraba los carnés de Assis Ltda., una empresa de vigilancia de fachada del frente de los paramilitares en Barranquilla.

Ese año, 2003, marcó la historia de homicidios en Barranquilla. Nunca antes hubo tantos. Ni tampoco después. Sin embargo, al día siguiente del asesinato de Fernando Cepeda, El Heraldo, el diario de mayor circulación en esa capital, registró la noticia con gran despliegue en la primera página. Tal vez por eso, los paramilitares no se metieron con su esposa. Esta revista trató de comunicarse con María Paulina Ceballos y fue imposible. Sus allegados dicen que después de la muerte de su esposo ella decidió apartarse de toda esta historia.

Silvia Gette tomó las riendas de la Universidad en 2003, luego de que murió su esposo Mario Ceballos, en octubre de ese mismo año. Ahora vive con sus cuatro hijos, tres de ellos adoptados y uno de ellos nacido dos meses antes de la muerte de su esposo.

SEMANA buscó durante más de un mes a la rectora pero ella, finalmente, encargó a su abogado Germán Eduardo Gómez para que diera su versión. Él dice que nada de lo que se le acusa es cierto y que la prueba de ello es que los paramilitares han extorsionado a la rectora desde la cárcel dos veces, una en 2007 y otra en 2010. Esta revista revisó los casos y, en efecto, según un proceso que reposa en despachos judiciales, el 9 de agosto de 2008 la rectora entregó 25 millones de pesos a una persona que presuntamente iba como emisario de Don Antonio. A pesar de que dicho emisario fue capturado en flagrancia, un juez lo absolvió con el argumento de que las pruebas no eran contundentes. La Universidad apeló y el Tribunal lo condenó. En el otro caso, según el número de radicado, no figura la rectora como víctima.

Sin embargo, a pesar de estos argumentos, la Fiscalía decidió en diciembre pasado reabrir la investigación por el asesinato de Cepeda a partir de los nuevos testimonios de los paramilitares. Entre otras cosas porque, dice un investigador, el hecho de que haya existido esa extorsión contra la rectora no necesariamente descarta que haya participado en los hechos. Y eso es lo que quieren investigar.