La reforma a las altas cortes está aquí

Una revolución silenciosa, en marcha aunque aún inadvertida, podría recuperar el averiado prestigio de la Justicia. En los próximos meses habrá una gran renovación en las altas cortes: ingresarán más de 25 magistrados nuevos. Se trata de una oportunidad excepcional para devolver la credibilidad, la altura y la transparencia de una rama del poder que enfrenta la peor crisis de la historia reciente.

Como dice un exmagistrado, para la hecatombe que se está viviendo “es mejor arreglar el ‘humanigrama’ que el organigrama”.  Es decir, que más que reformas, lo que podría salvar a la Justicia es que a sus altos cargos lleguen los mejores. Esto se daba por hecho hace décadas cuando de la Corte Suprema se decía que era la ‘corte de oro’ o la ‘corte admirable’, y lo mismo pasaba hasta hace muy poco con la Corte Constitucional. Esas instituciones registraban una favorabilidad de más del 80 por ciento y hoy tienen casi esa misma cifra en imagen negativa.

Con el escándalo de estas semanas, el primer gran revolcón se dará en la Corte Constitucional. Este año hay dos cupos libres y, si renuncia el magistrado Pretelt, podrían ser tres, la tercera parte de ese organismo.

La corte tiene un sistema de elección bastante particular. Sus nueve miembros son ternados así: tres por el presidente, tres por la Corte Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado. Esas ternas luego van al Senado, que tiene la decisión final.

En este momento Juan Manuel Santos tiene dos de esos tres cupos: el de Mauricio González y el de Jorge Pretelt, si este renuncia. Esto significa que en cabeza del primer mandatario está la posibilidad de entregarle al país juristas del más alto nivel que puedan ocupar esas plazas sin tacha alguna.  El tercer cupo es del exmagistrado Alberto Rojas Ríos y lo tiene el Consejo de Estado. Como se recordará, Rojas fue posesionado en medio de una polémica pues una viuda lo acusó de haberse quedado con la indemnización de la muerte de su esposo cuando se desempeñaba como abogado.

El cupo de Rojas es el mejor ejemplo de los poderes que se enfrentan en la elección de cada magistrado. Hace algunos años, a la Corte Constitucional llegaban respetados académicos como Carlos Gaviria, Vladimiro Naranjo y Ciro Angarita. Pero una vez ese alto tribunal comenzó a tener más poder y prestigio, los políticos han intentado tomárselo. Por eso, en cada elección de magistrado en el Senado se enfrentan diferentes tendencias en las más enconadas peleas.

Rojas, finalmente, fue ungido como magistrado con el apoyo del liberalismo. El Consejo de Estado anuló su elección en junio del año pasado, no por la acusación de la viuda, sino por un tema procedimental pues el voto cuando lo ternaron no fue secreto. Han pasado más de seis meses y ese alto tribunal aún no ha pasado al Congreso la nueva terna para reemplazar a Rojas. La secretaria de la Corte Constitucional, Martha Sáchica, una de las personas más reputadas de ese medio, está encargada de ese puesto. Quienes entren a la Corte Constitucional serán vitales en la implementación de los diálogos con las Farc, por ejemplo, respecto a la reglamentación del Marco para la Paz y otras decisiones clave como el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo.

En el Consejo de Estado la situación es muy similar. También puede cambiar en una tercera parte su composición pues en los próximos meses habrá diez vacantes de 31 cupos. Esto va a transformar completamente esa alta corte pues quienes se retiran son en su mayoría cercanos a Alejandro Ordóñez, quien también fue magistrado de ese tribunal. Allá también hay casos de hondo calado como la nulidad contra la elección del procurador (la magistrada ponente Susana Buitrago es una de las que termina su periodo), el POT de Bogotá y el concurso de la carrera judicial.

Los miembros de esta corte son elegidos por ellos mismos de listas que envía la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, cada nombramiento genera un trancón en su interior por el gran número de intereses que se baraja. Por ejemplo, hay una gran pelea por un cupo en la sección quinta que es la que trata los asuntos electorales. Es decir, las pérdidas de investidura de los congresistas y las nulidades contra la elección de procurador, fiscal y contralor.  El Consejo Superior de la Judicatura envió la lista de aspirantes hace año y medio, y aún no hay humo blanco.

Ese trancón por cuenta de los nombramientos se ha visto con mayor ferocidad en la Corte Suprema de Justicia. Vale recordar que el país no tuvo fiscal general por más de un año y medio pues ese alto tribunal, que elige ese cargo de ternas del presidente, se demoró todo eso en nombrarlo. Aunque una de las explicaciones era el choque de trenes con Uribe (pues la corte no quisiera elegir un fiscal de su agrado), había otra razón de mucho peso. En ese momento la corte solo tenía 18 de 23 magistrados pues los demás cupos estaban vacantes. Para elegir fiscal se necesitaban 16 votos, lo que en la práctica implicaba unanimidad.

Para resolver ese entuerto se creó una nueva interpretación según la cual las dos terceras partes requeridas para elegir fiscal  no se debían calcular sobre la totalidad de los miembros de la corporación (23), sino sobre los que estaban  actuando (18). Así fue elegida Viviane Morales, quien obtuvo 12  votos de una terna enviada por Santos. Meses después el Consejo de Estado declaró por esa razón nula su elección.

El interés por las vacantes en las altas cortes quedó en evidencia con el escándalo del crucero. Las vacaciones de la entonces presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, fueron un escándalo nacional. La indignación no fue solamente porque se había ido al Caribe en época laboral con permiso de la corporación que presidía, sino porque en el crucero había al menos dos magistrados de tribunal que estaban concursando por un cupo en esa corte. En este momento el Consejo Superior de la Judicatura está haciendo las listas para reemplazar a Díaz y este año habrá cuatro sillas más: en la sala laboral la de Carlos Molina (quien ya se retiró), Elsy Cuello y Gustavo López, y en la sala penal la de María del Rosario González.

Y por último, el que sí cambiará completamente es el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. Si no se elimina con la reforma de equilibrio de poderes, en los próximos 15 meses saldrán cinco de siete miembros de la sala disciplinaria y habrá tres de seis cupos en la sala administrativa. En este momento están libres los de Francisco Ricaurte y Pedro Munar, a quienes les anularon su postulación por el ‘yo te elijo, tú me eliges’ pues venían de ser presidentes de la Corte Suprema. Encontrar a todos estos nuevos magistrados será una tarea titánica.

Entre otras cosas porque la Justicia está tan desprestigiada que la gente prestante ni siquiera se inscribe. Aspirar a estos cargos, que en el pasado era el mayor triunfo de la carrera jurídica, hoy es casi un descrédito. Los abogados que quieren llegar allí tienen que someterse a un proceso electoral con decenas de otros aspirantes, hacer lobby y esperar hasta dos años a una decisión.

Por eso, la selección que se viene es totalmente clave para el país. Un grupo de organizaciones conforman Elección Visible con miras a ponerle la lupa a los perfiles de los aspirantes y a hacer un seguimiento exhaustivo para que las manzanas podridas nunca vuelvan a llegar. De esta alianza hacen parte Corporación Excelencia por la Justicia, la MOE, Transparencia por Colombia, el Instituto de Ciencia Política, entre otros.  El presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Agustín Suarez, es consciente de este enorme reto y por eso, en un hecho sin antecedentes, ha vuelto público todo el proceso. Todos en la Justicia hoy saben que las altas cortes terminaron pagando los platos rotos de una degradación moral de los seres humanos que las integran. Y esto último es lo que sí se puede cambiar.