NACIÓN
La seguridad, un problema enorme
Un fantasma persigue al presidente: ¿hay una reactivación de la guerrilla y un retroceso en seguridad ciudadana?
Una pregunta que flota sobre el segundo mandato de Juan Manuel Santos es qué tanto se han deteriorado en su primer periodo el orden público y la seguridad ciudadana. El gobierno se defiende, pero, además de la percepción de la gente, las cifras acumuladas no le ayudan.
Días antes de ser ratificado, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón hizo su balance: uno de los principales indicadores de seguridad, el homicidio, está en su momento más bajo en 12 años. Según él, 93 por ciento de los municipios del país no sufrió acciones terroristas; el secuestro extorsivo bajó casi 9 por ciento en el cuatrenio, las denominadas bandas criminales se redujeron de 33 a 3, y las Farc perdieron a 54 jefes (entre ellos a sus dos máximos comandantes, Alfonso Cano y el mono Jojoy), el Eln, a 17 y las bandas, a 42.
Poco antes, el presidente Santos, al terminar un consejo de seguridad en Buenaventura, que estaba sin luz por la voladura de una torre eléctrica por parte de las Farc, contó que en 82 por ciento de los municipios no hay Farc y en 86 por ciento no existen bandas criminales, y destacó la baja en varios delitos en el primer semestre de este año, como el hurto de motos y a residencias y la piratería terrestre.
El gobierno ha venido insistiendo a lo largo de estos cuatro años en balances optimistas como esos. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas oficiales del ministerio de Defensa, la evolución de numerosas cifras en materia de orden público y seguridad ciudadana en ese periodo muestra por qué la percepción de mucha gente es otra.
Han bajado el hurto de vehículos y a residencias. Pero el hurto a personas (sobre todo, de celulares), el robo de motos y las lesiones personales son particularmente preocupantes, sin hablar de los niveles de violencia sexual e intrafamiliar.
Podría aducirse que la denuncia ha aumentado, estimulada por la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo cual es posible, pero probablemente esto no explica todo el aumento.
La Policía lanzó su estrategia Corazón Verde y de vigilancia por cuadrantes. Se hizo énfasis en la seguridad de una veintena de municipios críticos. Se comenzó a implementar la Encuesta de Seguridad y Convivencia. Se pusieron en funcionamiento 20 Casas de Justicia y cientos de cámaras de video para vigilar. Pero, por lo visto, aún falta.
En orden público también hay motivos de preocupación. Como lo muestra la siguiente gráfica, disminuyeron las masacres y el secuestro extorsivo, pero aumentaron levemente las acciones guerrilleras y, sobre todo, la extorsión, que es un delito de muy baja denuncia pero del que muchos se quejan, tanto en el campo como en ciertas ciudades.
Aunque hay una disminución significativa de los atentados en el primer semestre de 2014 frente al mismo periodo de 2013 (de 537 a 337), casi todos los atentados contra la infraestructura han experimentado un crecimiento muy fuerte desde 2010. El más afectado ha sido el oleoducto, que pasó de sufrir 31 atentados en 2010 a 259 en 2013.
En total, según el ministerio de Defensa, hubo casi 3.000 actos de terrorismo entre 2010 y 2013.
¿Y las metas?
Por último, si de balances se trata, hay que constatar que varias de las metas de seguridad trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 no se han cumplido. Basta comparar lo propuesto en el Plan con el más reciente informe del Presidente al Congreso o con las cifras del ministerio de Defensa.
Pese al descenso en el homicidio, el plan de reducir la tasa de 34 a 28 por 100.000 habitantes entre 2010 y agosto de 2014, no se cumplió. Hubo un leve aumento en 2011 y 2012 y luego bajó. A fines de 2013, estaba en 32,7 y, pese a que los homicidios disminuyeron 18 por ciento en este semestre frente al primero del año pasado, la tasa seguirá por encima de la meta.
Se previó reducir las acciones terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, pero estas se dispararon (la meta para agosto de 2014 era reducir los atentados contra el oleoducto a 23; a junio, pese a una reducción notable, iban ya 67, según minDefensa). Los atentados contra la infraestructura vial bajaron, pero tampoco se llegó a la meta.
Se planteó bajar la extorsión a 1.190 casos denunciados. A fines de 2013, hubo 4.805.
En 2010 se estimó que no había bandas criminales en 83 por ciento de los municipios y se planeó tener el 100 por ciento libre de ese fenómeno, meta que, obviamente, no se alcanzó.
Se planeó bajar de 68.000 a 30.000 las hectáreas de coca cultivada en el país, pero solo se llegó a 48.000, pese a que se asperjaron desde el aire 296.000 y a que se erradicaron manualmente 112.000 hectáreas.
El hacinamiento carcelario nunca había sido tan grande. Pese a que se aumentaron 8.000 cupos en estos cuatro años con la construcción de varias cárceles y pabellones, la población carcelaria aumentó en 33.000 personas, para un total récord de casi 118.000. Ello, sin contar con los 36.000 adolescentes que se hacinan en 23 centros especiales.
Y pese a la caída de un número sin precedente de jefes de las Farc, el Eln y las bacrim, algunas cifras son algo sorprendentes. Según Mindefensa, en estos cuatro años se habrían desmovilizado, capturado o muerto en combate casi 18.000 guerrilleros. Esto es más de dos veces el tamaño actual de las Farc y el Eln sumados. Algo parecido se afirma frente a las bacrim: más de 15.700 de sus integrantes habrían sido ‘neutralizados’ en el cuatrenio.
Todo indica que en el segundo tiempo de Santos la seguridad será una de las grandes preocupaciones.
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