La tenaza de los García Romero

En la ciudad amurallada, como en Caracas, la preocupación es por el manejo del poder. Los cartageneros han registrado cómo en ausencia de Terán, el alcalde designado, Carlos Otero, cambió gran parte del gabinete y dejó 13 Secretarías o cargos de ese rango en manos del grupo político de los García Romero.

Las dos cabezas del clan, los hermanos Juan José y Álvaro el ‘Gordo’ García Romero, ambos senadores por varios periodos, han tenido líos con la Justicia. El primero fue condenado porque desvió auxilios parlamentarios.  Al segundo también lo condenó la Corte a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Héctor, otro de sus hermanos, fue protagonista del escándalo de Chambacú. Y durante la Alcaldía de otro García Romero, Gabriel, se dieron escándalos como el del Puente Heredia, que se cayó a los pocos días de haber sido inaugurado. En un momento dado, tres de los García Romero (Álvaro, Juan José y Héctor) estuvieron en líos con la Justicia.

El grupo supo adaptarse y Piedad Zuccardi, esposa de Juan José,  y Teresita, hermana de ambos, heredaron las dos curules en el Senado. ¿Cómo un grupo que ha estado salpicado por tales escándalos ahora fortalece su poder? La respuesta es una: hicieron de la política un buen negocio. Esa capacidad que tienen de endosar votos indica que las curules no se consiguen por mérito personal, sino que son resultado de la empresa familiar. Y esas curules, a su vez, les dan influencia que les facilita obtener todo tipo de contratos con el Estado.

Un episodio que ilustra cómo se da esa combinación de política y negocios se dio cuando Juan José García todavía era senador y se vio salpicado con el escándalo del miti-miti de Telecartagena. En ese entonces, según una grabación que se hizo pública, le propuso al  designado gerente de esta empresa: “Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo se va a manejar la burocracia y la contratación: a mí me parece que tú debes coger el 33 por ciento, nosotros cogemos el 33 por ciento y el resto lo dejamos a las circunstancias”.

La familia que ha marcado la política de los departamentos de Bolívar y Sucre en los últimos 30 años tiene su origen en los matrimonios de Juan José y Gabriel García Taboada, dos hermanos oriundos de Ovejas, Sucre, con las hermanas Maddy y Betty Romero, de El Carmen de Bolívar (a 10 kilómetros de distancia). Cada matrimonio tuvo ocho hijos apellidados García Romero. Los patriarcas, los García Taboada, dieron la pauta. Mientras Juan José se dedicaba a comercializar tabaco y era elegido diputado a la Asamblea de Bolívar, Gabriel, su hermano, se dedicaba a comprar y vender ganado y era elegido concejal de El Carmen. Así, en medio de la política y los negocios, educaron a sus hijos.

A finales de los setenta, los hijos del primer tronco familiar, el de Juan José y Maddy, comenzaron a figurar en la política. Juan José, el mayor, llegó al Senado en 1978 como suplente de Marún Gossaín, padre del actual gobernador de Bolívar. Y lo siguieron eligiendo hasta 1998 cuando se retiró antes de que se conociera la condena que le impuso la Corte Suprema a 42 meses de prisión por el desvío de auxilios parlamentarios. En Sucre, a su hermano Álvaro, el Gordo, lo nombraron alcalde de Ovejas. El Gordo fue muy hábil para decidir elecciones, al punto que le decían el mago de la Registraduría, en 1982 fue elegido representante a la Cámara por Sucre y desde entonces, hasta 2007, cuando fue capturado por parapolítica, estuvo en el Congreso. De su paso por el Capitolio se recuerda su desfachatado intento de sabotaje a la reforma agraria del gobierno de Barco cuando depositó varios votos en la urna y lo pillaron las cámaras de televisión. Y su salida al debate que le hizo Gustavo Petro cuando reconoció que era la primera vez que hablaba allí en diez años.

Del otro tronco familiar, el del matrimonio de Gabriel y Betty, se comenzó a destacar Gabriel Antonio García Romero. Fue concejal de Cartagena y en 1992 fue elegido alcalde, lo cual terminó consolidando el poder de la dinastía en la ciudad. Desde allí se gestó una de las jugadas más rentables para ellos al quedarse con un porcentaje del Puerto de Cartagena.

Ocurrió algo insólito. Tras la liquidación de los Puertos de Colombia, se entregaron en concesión sus instalaciones y el terminal portuario de Manga se convirtió, en 1993, con la Sociedad Portuaria de Cartagena, en el centro del poder económico y político de la ciudad. El distrito de Cartagena tenía derecho a suscribir 275.200 acciones (de las 3.670.000 que se emitieron) pero solo adquirió 43.019. El alcalde de entonces Gabriel García Romero ha dicho a la Justicia que el municipio no tenía dinero para comprar las acciones. Lo cual resulta por lo menos curioso pues, a 500 pesos cada una, solo valían 137 millones de pesos de la época. Pero él, además, recomendó que esas acciones las compraran entre otros Gerardo Rumié (quien es reconocido socio histórico de los negocios de los García Romero) y una firma llamada Tractores del Caribe. Tiempo después se descubrió que esta tenía como socia a Cecilia Buelvas, empleada doméstica de la mamá del exsenador Juan José García. Y en 1998 esas acciones de la doméstica quedaron en manos de Juan José y su esposa, la hoy senadora Piedad Zuccardi y sus hijos, a través de la sociedad Inversiones Cubita, de propiedad de García Zuccardi  S. en C. 

Para esa misma época, 1993, Héctor García Romero, hermano de Juan José y de Álvaro, se desempeñaba como gerente del Inurbe. Desde ese cargo, Tico García dejó lista la venta de los terrenos de Chambacú, los cuales le fueron después adjudicados a un consorcio en el cual él tenía el 15 por ciento y un tío de ellos, un 20 por ciento más. Mientras todo eso ocurría, El Gordo se hacía el dueño absoluto de Sucre eligiendo gobernador, periodo tras periodo, y Juan José, en Bolívar, hacía alianzas y mantenía cuotas tanto en el Distrito como en la Gobernación.

Desde que Gabriel Antonio terminó la Alcaldía abrió un gran frente de negocios para los García Romero: la salud. Hoy es propietario o socio mayoritario en varias IPS y EPS, así como en empresas proveedoras de insumos y medicamentos. Una de las sociedades es Sumecar constituida en 2000, y en la que hoy coinciden como socios el exalcalde Gabriel Antonio, su primo el exsenador Juan José y su esposa la senadora Piedad Zuccardi (a través de Inversiones Cubita con 14 por ciento), y su hijo Juan José García Zuccardi. Sumecar provee medicamentos y equipos quirúrgicos al Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis; a la ESE Cartagena y a Caprecom, entre otras entidades públicas.

A eso se le suma que Gabriel Antonio también es socio mayoritario del Hospital Bocagrande de Cartagena y  tiene a su hermano Miguel Eduardo y a su hijo Gabriel Enrique García Sotelo como representantes legales de dos entidades (la Fundación Renal y la Fundación Renal de Colombia) que tienen contratos desde el Amazonas hasta la Guajira con EPS e IPS y prestan servicios de alta complejidad a Caprecom.

El hecho de que a los García Romero les vaya bien en los negocios no es ilegal. Sin embargo, lo que sí deja un mal sabor es que el nombre de la senadora aparezca registrado en sociedades que contratan con el Estado. Y también abre un gran interrogante la denuncia de un director de una IPS de la Costa Atlántica que publicó el portal La Silla Vacía en agosto pasado. Según el director, un grupo de personas le dijo que Caprecom le cancelaría el total de una deuda a cambio de que el hospital les diera como comisión a ellos un 25 por ciento del dinero. “Me dijeron que ellos conocían a los senadores que manejaban la Supersalud y Caprecom, y que podían lograr que a nosotros nos pagaran. Luego dijeron que quien manejaba estas dos entidades era la senadora Piedad Zuccardi”, dijo el director. En ese entonces la senadora se defendió diciendo que su nombre estaba siendo utilizado y que condenaba esa prácticas.

Tal vez por todo eso no resulta extraño que la senadora Piedad Zuccardi haga parte de la que se conoce coloquialmente como la bancada de la Salud en el Senado.

El otro gran frente del conglomerado García Romero es el de las obras públicas. En este rubro aparece el nombre de otro de los primos, Iván García Romero (a través de la firma Proyectos S.A.), en la concesión vial de Cartagena que comunica la Sociedad Portuaria en Manga con la Troncal de Occidente y es la primera vía en el país, dentro de una ciudad, que se paga con peajes.

SEMANA siguió el rastro de una sociedad, Promotora El Campín, que ha sido una de las contratistas favoritas para obras públicas, en teoría pequeñas, de gobernaciones y municipios, pero que juntas suman miles de millones de pesos. Si bien en su creación en 1998 no aparece ninguno de los García Romero, un año después quedó el 60 por ciento en manos del matrimonio García Zuccardi y de las matronas de la familia, Mady y Betty Romero de García. Esta firma, Promotora El Campín, además es propietaria de la mitad del Consorcio Regional Bolívar, que tiene contratos de obras para control de inundaciones y eléctricas en el país, y obtuvo títulos mineros durante los últimos años.

Otro episodio reciente muestra cómo operan en algunos casos los García Romero. En 2009, el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Galo Alfonso Torres, denunció que los esposos Juan José García y Piedad Zuccardi lo citaron en su apartamento para proponerle que firmara una prórroga del contrato de la construcción del acueducto del municipio y le ofrecieron 150 millones de pesos. La discusión llegó hasta la Casa de Huéspedes Ilustres, a donde los protagonistas fueron citados por el presidente Uribe, pero nada pasó, se perdieron los recursos y El Carmen sigue sin acueducto, aunque ha sido inaugurado cinco veces.

En los 200 años de historia republicana de Cartagena se pueden contar con los dedos de las manos las familias que han sido hegemónicas. En algunos casos, la hegemonía política ha sido consecuencia de la hegemonía económica, pero la fortuna personal tenía su origen en  negocios familiares, no como consecuencia del poder político. Eso es lo que ha cambiado la dinastía García Romero: la política se convirtió en factor generador de fortuna.