“La verdad puede ser una forma de justicia”

Será muy difícil que las posiciones encontradas frente al marco jurídico para la paz puedan ponerse de acuerdo. La discusión en la que se encuentra la sociedad colombiana, entre cuánto se debe sacrificar en justicia para alcanzar el anhelo de la paz, parece no tener zonas de encuentro.

Por un lado, los que consideran que el derecho a la paz debe prevalecer sobre las obligaciones del Estado de aplicar justicia, y por eso admiten la existencia de beneficios jurídicos para los actores ilegales en aras de su definitiva desmovilización.

Y por el otro, quienes consideran que por alcanzar la paz no se pueden sacrificar la aplicación de la justicia porque generaría impunidad frente a las graves violaciones cometidas por los actores ilegales del conflicto.

Esas posturas polarizadas han sido propiciadas por el marco para la paz, la herramienta que diseñó el gobierno y el Congreso pensando en la desmovilización de las FARC, es la norma que ha precipitado esta discusión.

Porque esta norma establece “criterios de selección” para que el Estado sólo investigue penalmente a “los máximos responsables” de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra “cometidos de manera sistemática”.

Los defensores aseguran que todos los delitos de más de medio siglo de conflicto son imposibles de investigar y que si se investigan caso por caso y de forma individual, se generaría una impunidad de facto.

Los críticos del marco creen que al seleccionar entre máximos responsables y que los delitos a investigar sólo hayan sido cometidos de formas sistemática se vulnera el derecho de las víctimas de los delitos que no sean definidos mediantes esta categoría y que los responsables pueden beneficiarse hasta con la suspensión de la pena.

Pero el gobierno colombiano parece tener una tesis para legitimar su hoja de ruta para alcanzar la paz. Que los mecanismos de justicia transicional permiten garantizar los derechos de las víctimas, derechos a la verdad, a la justicia a la reparación y las garantías de no repetición.

Esos postulados deben ser el eje de la discusión, señala el Gobierno, más allá de la discusión de que si todos los miembros de los grupos armados ilegales paguen con penas privativas de la libertad o puedan beneficiarse de la suspensión condicionada de las penas.

En el marco del foro sobre el Marco Jurídico para la Paz', a instancias de SEMANA y la Fiscalía General de la Nación, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, defendió la tesis de que la verdad en sí misma es una de las formas de hacer justicia. “Para las víctimas la verdad es fundamental y lleva al perdón y a la reconciliación”, aseguró, y por eso señaló a las víctimas como las encargadas de equilibrar el debate entre la justicia y la paz.

Y es precisamente en las víctimas donde el Gobierno quiere concentrar la legitimidad del Marco para la paz. Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, asegura que en las mesas regionales que ha adelantado el parlamento donde ha escuchado las peticiones de las víctimas el consenso es general. Las victimas quieren saber la verdad sobre los crimines que las victimizaron y estarían dispuestas a sacrificar justicia. “Están dispuestas a perdonar si se les dice la verdad, si se les pide perdón, pero no se va a saber esa verdad y no se les podrá pedir perdón si no hay proceso de paz”.

Cristo asegura que esta discusión nacional está propiciada por la actitud de las FARC que en La Habana no han hecho reconocimiento a sus víctimas. “Si hubieran dicho somos responsables de miles de víctimas, el clima en el país sería otro. Pero llegaron fue a presentarse como víctimas”.

El fiscal Eduardo Montealegre, quien de nuevo contempló que dentro de los mecanismos de justicia transicional puede haber otro tipo de medidas de castigo más allá de las penas privativas de la libertad, consideró que el derecho a la verdad puede resultar más efectivo si se da prioridad a la investigación en los crímenes sistemáticos, gracias a que podrán generar un mayor contexto y permitirá serios avances en materia de lucha contra la impunidad.

Buena parte de esta discusión tendrá que ser resuelta por el Congreso colombiano cuando diseñe la ley que reglamente el Marco para la paz, que será discutida solamente cuando haya un acuerdo para poner fin al conflicto entre el Gobierno y las FARC.

En el debate se adelantó la discusión de los elementos que tendría esa futura norma, que tendrá que definir entre otras cuáles serán los máximos responsables que el Estado va a judicializar, cuáles serán los máximos responsables y cuáles serán los delitos conexos al delito político para aplicar la suspensión de las penas.

Para Montealegre, los máximos responsables deben estar definidos por quienes han ocupado un alto grado en la jerarquía del grupo ilegal y que con su rol jerárquico han tenido responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos. También señaló como máximos responsables a quienes en el entorno político y militar han posibilitado que se cometan este tipo de delitos.

Clara López considera que en esa ley estatutaria debe quedar consagrado que en una eventual participación política que pueda brindárseles a los grupos armados “no podrán ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por connotación de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática”.

Pero los más duros críticos del marco para la paz, como José Miguel Vivanco, director de la Human Rights Watch para las Américas, se oponen a que haya suspensión de las penas, pues asegura que los tratados internacionales suscritos por Colombia lo prohíben, al señalar que los autores de crímenes de guerra deben pagar con penas de cárcel proporcionadas a la gravedad del delito. Esa obligación no se puede sobreponer al derecho a la paz, deben armonizarse.

Vivanco asegura que la Corte Penal Internacional se reserva a actuar en determinado país para castigar a los máximos responsables, pero que esa premisa no debe ser adoptada por la justicia interna de los países en que está en la obligación de investigar todos los delitos. Por eso asegura que si sólo se da prioridad en la investigación a los máximos responsables, la CPI puede perfectamente intervenir en Colombia.

Miguel Samper, viceministro de justicia y encargado de la justicia transicional, asegura que "las víctimas no están pidiendo venganza, sino que se materialicen sus derechos”. Reconoció que sin justicia no habrá transición, pero que tampoco habrá paz sin verdad y reparación.

José Obdulio Gaviria, del centro de pensamiento Primero Colombia, dice que esa discusión no la tiene que resolver el Congreso sino que debe ser la ciudadanía la que decida en el próximo debate electoral del 2014. Consideró que el propósito del Gobierno es darles “el Congreso por cárcel” a Timochenko e Iván Márquez y consideró que los beneficios que se les piensa otorgar a las FARC pueden ser reclamados por los paramilitares extraditados.

La discusión fue calificada de “bizantina” por Horacio Serpa, quien consideró que el debate sobre la justicia y la paz debe ser analizado sólo cuando las partes en conflicto firmen un acuerdo. “Nunca vamos a poner de acuerdo a Santos y a Uribe, ni al fiscal y al procurador, ni a Angelino y a Pachito (…) Y mientras tanto Colombia va a seguir en guerra”.