LA VERDADERA HISTORIA

Acababan de matar a Sonny Corleone cuando los colombianos se enteraron por primera vez de que algo muy grave estaba sucediendo con Venezuela. La película "El Padrino" fue suspendida a las 11:45 de la noche del lunes 17, con el anuncio de que el presidente Virgilio Barco se dirigiría en los próximos minutos al país, a través de la Radio Nacional.
Curiosamente, la gravedad de la situación se deducía más de lo que el Presidente había dejado de decir y de la forma como había hecho el anuncio, que del contenido del mismo. Este no podía ser más lacónico. En una intervención de menos de un minuto Barco, reiterando los derechos que a Colombia le asisten en el Golfo de Venezuela, informó al país que, acogiéndose a las solicitudes de distensión del secretario general de la OEA, Joao Baena Soares y del presidente argentino, Raúl Alfonsin, y siguiendo la tradición pacifista de Colombia, había tomado "las medidas pertinentes para contribuir a la normalización de la situación creada".
¿Qué quería decir esto? ¿Por qué a la media noche de un día festivo? ¿Por qué por radio y no por televisión? Estos fueron algunos de los muchos interrogantes que surgieron a continuación de la intervención presidencial. Pero apenas al día siguiente los colombianos comenzaron a entender que lo que en un principio pareció ser un simple incidente entre dos naves militares en alta mar había adquirido proporciones casi bélicas. Lo que Barco había querido decir cuando anunció que se habían tomado las "medidas pertinentes" para normalizar la situación, era que el gobierno había ordenado el retiro de una corbeta que desde hacía una semana se encontraba en una medición de fuerzas con buques de la armada venezolana, en aguas que el gobierno colombiano siempre ha reclamado como mar territorial.
Para saber lo que realmente sucedió, SEMANA desplegó un equipo de investigadores que durante una semana trabajaron en la reconstrucción del incidente.
ITINERARIO DE UNA CRISIS
El 14 de julio, el buque Malpelo de la Armada colombiana, navegando al sur del paralelo de Castilletes (ver mapa pp. 28-29) se encontró con seis barcos pesqueros venezolanos. Cordialmente, el capitán del Malpelo solicitó a las embarcaciones venezolanas retirarse de esas aguas por ser colombianas. Los pesqueros consultaron con la base venezolana de Palo Alto, en Punto Fijo, la cual les dio instrucciones de retirarse de la zona (ver N° 1, mapa pp. 28-29). Pocos días más tarde, una corbeta colombiana, la Antioquia, protagonizó un incidente casi idéntico con otros dos pesqueros. El 9 de agosto, la corbeta colombiana Caldas, navegando por la misma zona, tropezó una vez más con una nave venezolana. Pero esta vez había una gran diferencia: se trataba de la cañonera Libertad, una embarcación militar venezolana (ver N° 2, mapa pp. 28-29). A una distancia de dos kilómetros la Caldas envió un mensaje por radio a la Libertad, diciendo: "Se encuentran ustedes en zona económica colombiana. Favor retirarse". La respuesta fue: "Están ustedes en aguas venezolanas. Tienen que retirarse". Era evidente que la cañonera embarcación había sido enviada como consecuencia de los incidentes con los pesqueros venezolanos de las semanas anteriores. Se ha informado, además, que el comandante de la base venezolana que había dado instrucciones de retirarse a los pesqueros fue destituído de su cargo.
Ante el impasse, los dos buques que reclamaban soberanía sobre las aguas en que navegaban consultaron la situación a sus respectivas bases navales, que les ordenaron mantener sus posiciones. Por esos días se encontraba en Bogotá el nuevo ministro de Defensa de Venezuela quien, al ser interrogado sobre comentarios de prensa del vecino país con respecto al incidente, restó importancia a dichas versiones. Al fin y al cabo, en los últimos 17 años, se habían presentado alrededor de 70 episodios similares con pesqueros y buques de guerra venezolanos. Poco tiempo duró, sin embargo, la creencia de que este era otro cruce rutinario de barcos.
El 12 de agosto, según se desprende de la intervención del embajador colombiano ante la OEA, Carlos Lemos Simmonds, la corbeta colombiana fue objeto de acciones de hostigamiento que empezaron con el sobrevuelo de la nave colombiana por parte de aviones Mirage venezolanos (ver N° 3, mapa pp.28-29). Acto seguido, la fragata venezolana Salom le cerró el paso a la nave colombiana ("cruzar la proa"), lo que se considera como un acto hostil. La Salom había llegado a la zona después de que el gobierno de Caracas decidiera reforzar su presencia en el área, enviando tres naves de guerra de alto poder. Mientras tanto, en tierra, los gobiernos de los dos países comenzaban a producir reuniones de alto nivel para estudiar el problema. En Caracas, el presidente Lusinchi, después de consultar con los altos mandos militares y con su cancillería, así como con los presidentes del Congreso y de su partido, dio instrucciones a su embajador en Colombia, Luis Lacorte, para que expresara personalmente su preocupación al presidente Barco. Simultáneamente se preparaba una nota oficial de protesta que el canciller Simón Alberto Consalve debía entregar al embajador de Colombia en Venezuela, Pedro Gómez Barrero.
En Bogotá, la noche del 12, el embajador Lacorte sostuvo una audiencia con Virgilio Barco en la cual, en términos protocolarios, expresó la posición de su gobierno. En medio de esta reunión, llegó el ministro de Relaciones, coronel (r) Julio Londoño, quien venía directamente del aeropuerto de regreso del Brasil, a donde había asistido a una reunión del Grupo de Apoyo de Contadora. La reunión se llevó a cabo en términos cordiales, y el embajador salió de la Casa de Nariño con algunos libros que el presidente Barco le obsequió. Inmediatamente después de la salida del embajador, llegaron a Palacio los altos mandos militares a discutir la situación con el jefe del Estado. En alta mar, mientras tanto, la corbeta colombiana había comenzado a desplazarse hacia el norte, cruzando el paralelo de Castilletes. Detrás de ella, y en la misma dirección, también se movilizaron las embarcaciones venezolanas (ver N° 3, mapa pp. 28-29).
El día 13, el canciller venezolano entregó formalmente la nota de protesta al embajador Pedro Gómez Barrero en Caracas, y simultáneamente hizo público un comunicado en el mismo sentido. Reivindicó la soberanía venezolana sobre las aguas, acusó a Colombia de provocación y comunicó oficialmente que Venezuela había reforzado su presencia militar en el área.
Ese mismo día, el gobierno venezolano entregó a Colombia la nota de respuesta a la prsposición colombiana del 6 de mayo para reconstituír la Comisión de Conciliación. Las dos notas dejaban claro que aumentaba la tensión.
Un síntoma significativo de la seriedad que el gobierno venezolano le atribuía al desarrollo de los hechos, fue que Lusinchi, en un gesto inusual y violando el conducto regular, llamó a los ex presidentes López Michelsen y Betancur, para expresarles su preocupación sobre la posibilidad de que el asunto se saliera de las manos. Betancur se comunicó con Barco para transmitirle las inquietudes del Presidente venezolano. Barco le agradeció y le pidió el favor de que se comunicara con los ministros de Relaciones y de Defensa.
En los dos días siguientes, el gobierno colombiano estudió la nota venezolana para determinar la clase de respuesta que debía darle. Interrogado al respecto por los periodistas durante una ceremonia militar, Barco calificó el comunicado venezolano como "un poco subido de tono", y agregó que esos incidentes pasan cuando no hay delimitación de las aguas.
No menos enérgico fue el tono de la respuesta colombiana a la nota venezolana. En ella se dice que se rechaza la posición venezolana que afirma que el incidente ocurrió en aguas de ese país, se reitera la posición tradicional de Colombia sobre el asunto y se le pide al presidente Lusinchi que ordene el retiro de sus naves de las aguas territoriales colombianas.
El gobierno de Caracas recibió la nota el domingo 16. Su reacción fue la de ordenar la movilización de tropas sobre la frontera con Colombia, cerrar dicha frontera y recomendar el regreso de los habitantes venezolanos residenciados en ciertas zonas limítrofes colombianas, como la intendencia de Arauca. Colombia, por su, parte, decretó el relevo de la corbeta Caldas por la Independiente, que se situó en aguas territoriales colombianas arriba del paralelo de Castilletes, donde se encontraban las naves militares venezolanas que siguieron a la corbeta Caldas. (Ver N° 4, mapa pp. 28-29).
En Venezuela, donde la opinión pública había sido informada minuciosamente de los acontecimientos, el ambiente se caldeó más y más. El canciller colombiano entró en contacto telefónico con el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, para expresarle su preocupación por las tensiones que estaban surgiendo entre los dos países. Por su parte, y sobre el mismo tema, el presidente Barco hablaba con su colega argentino, Raúl Alfonsín.
En la mañana del lunes 17, día festivo en Colombia, el gobierno recibió comunicaciones oficiales de la OEA y de Alfonsín, enviadas tanto a Colombia como a Venezuela, en las que solicitaban que ambos países tomaran medidas para distensionar la situación en el Golfo. Barco pasó toda la mañana en compañía de su canciller y estudiando las diferentes opciones diplomáticas posibles. En la tarde se reunieron con los altos mandos y analizaron las implicaciones militares.

Al finalizar la tarde llegó una información muy preocupante. Las comunicaciones entre la córbeta colombiana y las naves venezolanas que la seguían, que habían sido permanentes durante todo el conflicto, se suspendieron abruptamente por decisión venezolana. Igualmente se interrumpió la comunicación entre la base venezolana de Palo Alto, y la Base Naval del Atlántico en Cartagena. La interrupción de las comunicaciones hizo suponer que en cualquier momento Venezuela podía abrir fuego. La expectativa aumentó ante la noticia de que Lusinchi se iba a dirigir a sus compatriotas por televisión, a las nueve de la noche. A última hora, la Secretaría de Información venezolana comunicó que el Presidente había postergado su intervención hasta las ocho de la mañana del día siguiente.
Mientras en Venezuela toda esta cadena de eventos creaba una atmósfera de posible desenlance militar, los colombianos, ignorantes sobre la gravedad del asunto, no tenían más preocupación que la "operación regreso" del lunes Emiliani y la selección de los especiales que anunciaba la televisión para la noche del 17.
Barco, después de estudiar todas las alternativas tanto militares como diplomáticas, tomó la decisión de adelantarse a cualquier pronunciamiento del Presidente venezolano y acogiendo las sugerencias de distensión de Baena Soares y Alfonsin, ordenó el retiro de la corbeta Independiente de las aguas territoriales colombianas y, por radio, dirigió al país un lacónico mensaje de 60 segundos. (ver N° 5, mapa pp. 28-29).
Las repercusiones de la segunda semana de agosto de 1987 se sentirán durante muchos años. No sólo en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, sino también en lo que respecta a la posición de Colombia en el campo del derecho internacional. Antes de analizar estas implicaciones, es necesario hacer precisión sobre ciertos puntos.
LA ZONA DE CANDELA
En cuestión de la soberanía de las aguas en disputa existen matices. Cada uno de los países tiene una posición extrema sobre sus aspiraciones que no es reconocida por la contraparte. En el caso de Colombia, la máxima aspiración es la llamada "línea media y equidistante". En el caso de Venezuela, la máxima aspiración es la llamada "línea de prolongación de la frontera terrestre". Con base en estas aspiraciones, que son las extremas intentos de negociación como el de Caraballeda (1980) han propuesto fórmulas de transacción que aunque han fracasado, crean líneas imaginarias que tienen cierto peso sicológico, particularmente la del paralelo de Castilletes, que dividió en dos las aspiraciones de los dos países. (Ver mapa, pp. 34-35) Colombia cedió en la hipótesis de Caraballeda alrededor del 50% de sus aspiraciones, en aras de lograr una solución definitiva del conflicto. Pero una vez llegada al acuerdo preliminar, Venezuela "se corrió" de la firma a través de la fórmula de la consulta popular, modalidad insólita para el tratamiento de algo tan especializado. Colombia considera que le "pusieron conejo" en esta negociación, y desea evitar, a toda costa, que lo que era su aspiración mínima en la hipótesis de Caraballeda, sea considerada ahora por Venezuela como su ambición máxima, en cualquier nueva negociación que surja.
Por lo tanto, aunque no cree necesaria una presencia constante en las aguas en litigio, piensa que tampoco puede retirarse permanentemente de la zona, pues mientras no haya un acuerdo en contrario, la línea media y equidistante sigue siendo para Colombia la frontera marítima con Venezuela.
No es frecuente que se presenten incidentes en esta especie de triángulo marítimo comprendido entre las líneas de máxima aspiración de los dos países. El último fue en 1976, cuando se encontraron dos embarcaciones militares de Colombia y Venezuela y se produjo un cruce de notas.
¿QUIEN DIO LA ORDEN?
Cuando se inició este gobierno, el Ministerio de Defensa le consultó al Presidente sobre qué instrucciones daba en relación con el patrullaje en la zona fronteriza. Al estudiarse el tema, se encontró que en 1985, en una reunión sobre el mismo asunto, el presidente Betancur había firmado un acta trazando una ruta de patrullaje que incluía la zona sur del paralelo de Castilletes. Curiosamente, en el año que le quedaba de gobierno a Betancur después de la firma del acta ningún buque de guerra entró en esa zona. Barco y su canciller Londoño decidieron acoger el criterio del acta de 1985, que fue transmitido a la Armada.
¿HUBO O NO ULTIMATUM?
El anuncio que, casi a la media noche, hizo el Presidente de la República de que se iba a producir el retiro de la nave colombiana, dejó en muchos la sensación de que se trataba del resultado de un ultimátum. SEMANA ha podido establecer que, en ningún momento, el gobierno venezolano lanzó un ultimátum explícito de abrir fuego al gobierno colombiano. Sin embargo, todas las acciones del gobierno de Lusinchi entre el domingo y el lunes constituían una escalada de medidas militares y de orden público (cierre de fronteras, movilización militar, etc.), que iban creando un clima de amenaza.
Pero más concreta, tal vez, fue la interrupción de las comunicaciones por parte de los buques venezolanos, pues en términos militares con frecuencia el silencio es la antesala del gatillo. Por último, el anuncio de la alocución de Lusinchi y su posterior aplazamiento de 12 horas, dejaban el mal sabor de que algo grave podía suceder, puesto que cuando un país ha ordenado la movilización militar y su Presidente anuncia una intervención en televisión no se puede descartar que el paso siguiente sea un ultimátum en regla. Sin embargo, personas allegadas al gobierno consideran que la forma aparentemente apresurada en que se produjo la intervención de Barco no obedeció a que se estuviera terminando ningún plazo, sino a la intención de adelantársele a Lusinchi que debía hablar a las nueve de la mañana del día siguiente.
Interrogado el ministro de Relaciones por SEMANA sobre este punto, manifestó en forma categórica que la nave colombiana, bajo ninguna circunstancia, habría sido retirada como respuesta a un ultimátum. Al parecer, el retiro de la ARC Independiente se decidió, para evitar que Colombia quedara encasillada en un punto de no retorno.
¿PORQUE LA FALTA DE INFORMACION?
Mientras Venezuela entera vivió paso a paso la crisis en su dimensión real, y entendia el significado y la razón de cada una de las medidas que el gobierno de Lusinchi iba tomando en Colombia sucedió lo contrario.
Solamente cuando el presidente Barco tomó la decisión de evitar un conflicto militar, supieron sus compatriotas que este peligro había existido. Como es inverosímil que un país pueda llegar a una guerra sin enterarse, se está haciendo mucho análisis retrospectivo sobre cómo pudo haber sucedido esto.
La explicación es doble. Por un lado, Colombia tiene una tradición de no ventilar públicamente su política internacional. Si a eso se suman las reconocidas fallas del gobierno en materia de comunicación, puede explicarse la ignorancia en que se mantuvo al país durante la trascendental semana de agosto.
Un episodio de esta naturaleza requería un manejo de información diferente al que tuvo. La exposición que hizo el canciller Londoño en una entrevista concedida a Yamid Amat debió haber sido un programa oficial, y transmitirse preferiblemente antes del desenlace. El lacónico anunció del presidente Barco a la media noche del 17 no estuvo a la altura de las circunstancias, dada la gravedad de la crisis y la importancia de un mensaje presidencial. Contrastan los 30 minutos que había gastado el Presidente semanas antes, para ilustrar a sus compatriotas en horario triple A de televisión sobre un tema de competencia del alcalde como el de la ciudadela El Salitre, con los escasos 60 segundos por radio que dedicó a la que, por la trascendencia del tema, podría haber sido la intervención más importante de su Presidencia, en la función suprema de un jefe del Estado, como es la de tomar las decisiones sobre la guerra y la paz.

¿QUE SIGUE?
Si bien hay consenso sobre el mal manejo de la información que tuvo este capítulo, no se puede decir lo mismo sobre el manejo diplomático e inclusive sobre el militar. Sobre estos dos últimos puntos hay versiones encontradas.
Las negociaciones sobre el diferendo se encontraban estancadas en las líneas tradicionales: Venezuela exigiendo negociación bilateral, y Colombia buscando arbitraje o Corte Internacional.
El juego de Colombia es el de una victoria jurídica y no el de una victoria militar, campo este último en el cual no tiene ninguna posibilidad dada la relación de fuerzas existentes (ver páginas 36 y 37). Después del fracaso de la hipótesis de Caraballeda, que en la práctica constituye la última posibilidad de arreglo bilateral, Colombia sólo tenía dos opciones: congelar el diferendo, o tratar de llegar a La Haya aun contra la voluntad de Venezuela.
La primera alternativa equivale a la prolongación indefinida del statu quo y, en este caso, el mantenimiento del statu quo favorece a Venezuela, ya que su superioridad militar le permite ejercer lo que reclama como su soberanía, más que un país pobre en armas como Colombia. Un experto entrevistado por SEMANA manifestó al respecto: "Si hoy en día un barco en aguas litigiosas produce un conflicto parecido, en 40 años Colombia no podrá ni sobrevolar el Golfo"
Consideraciones de esta naturaleza llevaron al gobierno a tomar la decisión de adoptar la segunda opción: tratar de llegar a La Haya, así sea en contra de Venezuela. Para esto sólo quedaba una carta por jugar: la aplicación del Tratado de 1939, que contempla la aplicación de mecanismos sucesivos, comenzando por la conciliación, y terminando por el arbitraje o por la Corte Internacional.
En teoría, la aplicación de este tratado es obligatoria cuando una de las partes lo solicita. Sin embargo, en la práctica existen fórmulas a las que Venezuela podría recurrir si quisiera dilatar el proceso. Una de ellas es la de prolongar indefinidamente, ya que no tienen plazo, las instancias sugeridas por Colombia, empezando por la primera que es la de integrar una comisión permanente de conciliación. La crisis produjo una respuesta con tres meses de retraso que, aunque fue negativa, le permite a Colombia seguir adelante con los mecanismos previstos en el tratado.
Otra consecuencia favorable es que, en alguna forma, se logró internacionalizar el conflicto. Venezuela siempre había intentado circunscribir el asunto a los dos países. Ahora la intervención de la OEA, Argentina, Brasil y otros países del hemisferio, aunque limitada a principios universales, hace que la preocupación por solucionar el diferendo se salga del ámbito bilateral.
Sería simplista, sin embargo, considerar la crisis de la semana pasada una victoria para Colombia. La sensación general es que nuestro país cedió ante un acto de intimidación por parte de Venezuela. Que esto obedeciera a un simple reconocimiento de la realidad de la superioridad militar no cambia las implicaciones. Colombia puede tener la razón jurídica, pero un fallo al respecto por parte de una Corte Internacional está aún lejano e improbable.
Por otra parte, es poco probable que se llegue a un acuerdo con Venezuela, mientras las relaciones entre los dos países sean hostiles. Tanto el acuerdo bilateral como el de La Haya requieren un consenso, puesto que los fallos de las cortes internacionales no tienen poder coercitivo. La semana pasada las relaciones entre Colombia y Venezuela llegaron a su punto más bajo en muchos años. Desde el inicio del gobierno se habían deteriorado con el nombramiento del canciller Julio Londoño, quien es considerado por los venezolanos como la máxima expresión de la línea dura en materia de intereses colombianos. Incidentes como el de los miembros de la Guardia Nacional venezolana muertos por colombianos en la Serranía del Perijá y la propuesta de aplicación del Tratado de 1939 hecha en mayo por el presidente Barco habían enfriado las relaciones aún más. Ahora con la crisis del Golfo la situación está tocando fondo.
Para Colombia no se trata solamente de lograr victorias morales sobré principios jurídicos, sino que está en juego el acceso a una porción considerable de unas reservas de petróleo que según estudios preliminares pueden llegar a diez mil millones de barriles. En la actualidad la totalidad de las reservas colombianas asciende a 2.500 millones de barriles.
Lo que representan los derechos sobre el Golfo de Venezuela es la posibilidad de duplicar o triplicar la base del futuro energético del país.
En Venezuela, cualquier bachiller puede discutir el diferendo limítrofe con conocimiento y convicción de que es suyo. Aquí en cambio, fuera de los ex presidentes, los ex cancilleres y media docena de internacionalistas, existía una casi total ignorancia e indiferencia sobre el tema. Tal vez lo más positivo para el país de la tensa semana que acaba de terminar, es que por primera vez los colombianos adquirieron conciencia de lo que es el Golfo de Venezuela, de lo que son los derechos nacionales sobre el mismo y de la explosiva situación que allá existe.