Las nuevas piezas del caso Pretelt

No paran las revelaciones sobre el escándalo que protagoniza el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. En la Comisión de Acusaciones, que adelanta la investigación, está toda la información contable de Fidupetrol, actas de los accionistas y la junta directiva, así como correos electrónicos e información confidencial de ejecutivos que dejan en claro que esa empresa adelantó una compleja estrategia para penetrar a la Corte Constitucional, con el fin de que escogiera la tutela que la exonerararía de pagar más de 22.500 millones de pesos, deuda derivada de un pleito con la Gobernación de Casanare.

Fidupetrol contrató a Víctor Pacheco para que adelantara una estrategia jurídica para evitar, por medio de una tutela interpuesta en la Corte Constitucional, pagar la millonaria cifra que había ordenado un fallo de la Corte Suprema en contra de la empresa, y que, a la postre, terminó convirtiéndose en el famoso ‘Preteltgate’. En el contrato se establecieron unos honorarios para el abogado barranquillero de 100 millones de pesos más IVA, pagaderos una vez quedara radicada en el alto tribunal la acción de tutela. Y un “2 por ciento más IVA por el capital que se logre excluir del pago que Fidupetrol debía hacerle a la Gobernación del Casanare”. Es decir, en juego había una prima de éxito para Pacheco que podía superar los 500 millones de pesos.

El 23 de abril, Pacheco pasó la cuenta de cobro por 116 millones de pesos, por concepto de “estructuración y presentación de la acción de tutela en contra de la sala penal de la Corte Suprema”. El 3 de mayo, le fueron girados 101.910.000 de pesos a su cuenta corriente de Bancolombia.

Fidupetrol siguió adelante con el plan. En julio de 2013 en un acta quedó consignada la recomendación “al señor Helbert Otero para que hable con el doctor Víctor Pacheco y con el doctor Gustavo Quintero para la definición de las actuaciones a seguir frente a este proceso, las cuales quedaron plantadas de la siguiente forma: 1. Respecto al doctor Pacheco en relación con la Acción de Tutela: informó que este seguirá como apoderado de la fiduciaria únicamente en los correspondiente a la Corte Constitucional, es decir, si la tutela llega a esa Corporación, por cuanto cualquier trámite que se realice ante el Consejo Superior de la Judicatura será a partir de la fecha competencia del doctor Quintero”.

Según las actas de visita del Palacio de Justicia, que conoció en su momento SEMANA, entre enero y noviembre de 2013 Pacheco fue en 22 ocasiones al complejo. Toda esta información, más otra que reposa en el expediente, dejaría en claro que Pacheco era quien habría asumido la tarea de penetrar a la Corte Constitucional para buscar la selección de la tutela, que él mismo había interpuesto, y no a través de otros abogados. Un correo enviado el 9 de octubre por Camilo Mendoza, secretario de la financiera, a Guillermo Caballero Lozano, presidente de Fidupetrol, dice: “Según información del apoderado de la fiduciaria doctor Víctor Pacheco, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional quedó conformada por los doctores Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos, quienes el próximo 17 de octubre de 2013 decidirán si seleccionan para revisión nuestra tutela. Estaremos pendientes de esta decisión”. Los mismos magistrados que el barranquillero había visitado o volvería a visitar en la corte.

Es curioso que días antes, el 4 de octubre, Pacheco firmó un otrosí al contrato que ya tenía con Fidupetrol. Pero tres días después hubo una cesión de posición contractual entre Víctor Pacheco y la sociedad Servicios Jurídicos Empresariales S. A. S., que fue representada en el acta de cesión por el mismo Víctor Pacheco. Y el 9, el mismo día que notifica de la sala que va a seleccionar la tutela, le giran 50 millones de pesos a la nueva empresa de manera expedita. ¿Por qué se necesitaba con tanta urgencia esa plata? Eso es lo que ahora indagan los investigadores.

Según denunció Pacheco, se enteró de que la tutela había sido seleccionada por boca del magistrado Jorge Pretelt, el 17 de octubre, quien le dijo que se reunieran al día siguiente en su apartamento para hablar sobre el tema. Y en ese encuentro supuestamente Pretelt le pidió el famoso soborno de 500 millones que desató el escándalo que ya todos los colombianos conocen. Pretelt ha dicho que esa reunión no se produjo.

El factor Escobar

Lo cierto es que el 31 de octubre de 2013 Guillermo Caballero, representante legal de Fidupetrol, les presentó a los accionistas dos nuevas propuestas de servicios legales. Una del exfiscal Guillermo Mendoza Diago, para enfrentar el proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría, y otra del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, para la acción de tutela en la Corte Constitucional. Esas propuestas fueron aceptadas.

El contrato de Escobar fijó un anticipo de 200 millones de pesos más IVA. La mitad fueron girados a la firma del contrato y los otros 100 millones el 30 de enero de 2014. Se estipuló, además, una prima de éxito de 200 millones de pesos más IVA, que debían pagarse de la siguiente forma: 100 en caso de que la sala de revisión de la corte accediera a suspender los efectos del fallo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y el saldo restante en caso de que la corte profiriera una sentencia favorable a los intereses de Fidupetrol. Sin embargo, así no hubiera una suspensión pero sí un fallo favorable, Escobar Gil recibiría la bonificación de 200 millones.

El 9 de diciembre de 2013 se le pagó a la sociedad Escobar Campos y Cía., a través del Banco de Occidente, 92.284.000 millones de pesos. Y el 10 de febrero de 2014 se cancelaron 105 millones a la misma sociedad y a la misma cuenta corriente, el pago menos IVA de una factura por 116 millones de pesos que fue presentada el 5 de enero del año pasado. La estrategia iba tan bien, que el 12 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, Helbert Otero le informó a Camilo Mendoza la primicia: “Ya salió el acta en donde se escoge la tutela”, antes de que esta fuera pública.

De todos los correos obtenidos del computador de Caballero, uno resulta revelador por la forma como Fidupetrol estaba avanzando en su tarea de tumbar la tutela, en la que no solo estaría involucrado Jorge Pretelt. Este correo es considerado la prueba reina por quienes ahora manejan el proceso penal y abriría la compuerta para investigar a otras personas, entre ellos magistrados como presuntos responsables de una oscura maniobra que se gestó desde Fidupetrol. El 17 de enero, a las 3:21, Camilo Mendoza le envía a Caballero un correo en el que dice: “Respecto a la Acción de tutela por la condena en el caso de UT Likuen-Gobernación del Casanare ante la Corte Constitucional, según información de nuestros abogados seguimos a la espera de la decisión de la sala plena de dicha corporación. El doctor Víctor Pacheco informó que ya ha hablado con tres magistrados y que tenía cita con la magistrada María Victoria Calle. Y el doctor Rodrigo Escobar informó que hablará con el magistrado Mauricio González”.

Es aquí donde las piezas del rompecabezas que el mismo Pacheco quiso soltar incompletas empiezan a encajar. El abogado no solo tendría la misión de hablarle a Pretelt del tema sino, como dice el correo, a otros magistrados. Según denunció el magistrado González, a comienzos de febrero de 2014 su colega Jorge Pretelt lo invitó a almorzar. Cuando estaban saliendo, Pretelt le dijo que también iba a ir el exmagistrado Rodrigo Escobar. Todos se encontraron en el restaurante La Table de Michel, en la Zona G. En medio de la comida, Rodrigo Escobar le planteó a González el caso Fidupetrol, la tutela y la difícil situación en la que estaba la empresa. Esa curiosa petición le hizo sospechar y preocuparse por el asunto. Al revisar la tutela decidió que ese caso no se iba a revisar en la sala sino por la Plenaria de la corte, tal y como lo denunciaria meses después.

Pese a todo el trabajo de Pacheco y Escobar, en abril Fidupetrol empezó a mostrarse preocupado por la falta de una decisión de la corte. El 16 de abril, Guillermo Caballero les envió un correo a los dos abogados en los que les dice: “Dado que no he podido contactarlos telefónicamente les informo por este medio que respecto de la situación jurídico financiera de la Fiduciaria, la Superintendencia Financiera nos fijó como último plazo para resolver definitivamente las contingencias o tener resultados positivos de la tutela que cursa ante la Corte Constitucional la semana próxima o de lo contrario procederá con las medidas consagradas en el estatuto orgánico del sistema financiero. En consecuencia les agradecería me informara si hay”. En respuesta, Pacheco le advierte que el 23 de abril podrá darle una razón. Esto demuestra que quien seguía al mando de todas las operaciones judiciales de Fidupetrol en la corte era Pacheco.

Mientras las investigaciones avanzan y se conocen más elementos de juicio, también crecen las preguntas. ¿Por qué si Víctor Pacheco había liderado el tema y abordado, como se desprende de los correos, a varios magistrados, solo decidió hablar con Pretelt? ¿De qué les habló a los otros magistrados? ¿Qué pasó con el encuentro que Pacheco y la magistrada María Victoria Calle iban a tener? Además del magistrado González, ¿a qué otros togados abordó el abogado Escobar Gil? Contrario a lo que muchos pensaban, las respuestas están en la Comisión de Acusaciones de la Cámara que después de muchos años de impunidad podría hacer justicia. Pero hay algo más. Si Pacheco es tan inocente como hasta ahora se ha presentado, ¿por qué ha buscado acercamientos con la Fiscalía para una eventual negociación donde presuntamente contará todo lo que sabe a cambio de una segura rebaja de la pena por los delitos por los que es investigado?