Las inquietudes que sembró el ministro de Defensa

El extenso comunicado del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre el caso de corrupción en el Ejército denunciado por SEMANA, trató de despejar algunas dudas, pero terminó generando más inquietudes.

Lo primero que llama la atención es que a lo largo del comunicado el ministro no hace alusión a la polémica frase del actual comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, cuando le sugiere al coronel Róbinson González del Río (detenido por dos asesinatos) que hiciera una “mafia” para denunciar fiscales. No se trata de un tema menor, pues es, ni más ni menos, la conversación de un general de la República con un sindicado de delitos de lesa humanidad.

La veracidad de esa grabación había sido, incluso, reconocida por el general Barrero el domingo. Es más, se vio obligado a pedir perdón a la Fiscalía: “Como hombre de honor, y en aras de la responsabilidad que entraña mi cargo, ofrezco disculpas públicas al señor fiscal general de la Nación y, por su conducto, a los funcionarios de la entidad, y al país en general, por el desafortunado empleo de expresiones que considero apresuradas y desobligantes”, escribió el alto oficial.

No obstante, en la alocución de Pinzón no se hace referencia a este tema de uno de sus hombres más cercanos y de mayor responsabilidad en el mando de la tropa.

Lo que sí hace el ministro es poner el énfasis en que una de las grabaciones publicadas no correspondía a la voz de Barrero, sino de otro general. En efecto, en una de las tantas comunicaciones, se trata de la voz del general Fernando Pineda, quien le manda un regalo al detenido coronel González.

Pineda es el comandante de la base militar de Tolemaida, en donde queda la cárcel militar que ha sido protagonista de múltiples escándalos a lo largo de los últimos dos años.

El ministro, sin embargo, no ahonda en este detalle. ¿Por qué? No sólo se trata de otro general hablando con un preso, sino que justamente este alto oficial sabe perfectamente que los internos no pueden tener celulares y privilegios. Y más grave aún si el detenido es un coronel que está sindicado de manchar el honor del Ejército pues está recluido como protagonista de una de las páginas más oscuras de la institución.

Cerca de 4.000 muchachos de los lugares más humildes fueron engañados y con la promesa de un empleo llevados a distantes lugares para después matarlos a sangre fría y, posteriormente, presentarlos como terroristas caídos en combate. A tan execrables delitos se les conoce en el país como 'falsos positivos'.

En el comunicado Pinzón afirma también que se han tomado correctivos debido a los escándalos en las cárceles. Sin embargo, no es fácil entender por qué uno de los generales, como Pineda, encargado de tomar esas medidas, tenga comunicaciones con las que claramente se infringen las normas carcelarias.

En el segundo punto del comunicado el ministro aseguró que, después de 14 horas de trabajo y de revisar los 19 audios publicados por SEMANA, en 10 de ellos se hace referencia a un presunto tráfico de influencias, lo cual por sí solo es un delito. El ministro posiblemente desconoce otros aspectos de la investigación, pues no sólo se trata de 19 audios publicados. 

Son más de 5.000 audios legales que abarcan un período de dos años y que están en poder de la Fiscalía. Una copia de esta investigación reposa en la Comisión de Acusaciones encargada de investigar al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, quien protagonizó un escándalo en octubre pasado cuando conversaba con el coronel del Río, sobre procesos que llegaron a ese tribunal.

Sobre este punto resulta llamativo que aunque esos audios fueron en su momento un escándalo nacional, sólo cuatro meses más tarde el Ejército y el Ministerio de Defensa se dieron cuenta de que el coronel Del Río tenía celular y hacía todo tipo de gestiones non sanctas desde su sitio de reclusión en la PM 13.

En el comunicado del ministro también se afirma que el inspector del Ejército revisó, de manera aleatoria, 201 contratos en cinco diferentes jefaturas, entre ellas la de Aviación que aparece mencionada en el reportaje de SEMANA. Dice el ministro que se verificaron 105 contratos y se encontraron 10 hallazgos con “una posible connotación disciplinaria”. Esto quiere decir que, revisando los contratos mencionados en los pocos audios publicados del total que existen, ya hay algunos descubrimientos.

A lo largo del comunicado el Ministerio también evita referirse a otros detalles que contienen los audios. Por ejemplo, no explicó cómo dos soldados activos del Ejército fueron puestos al servicio personal del detenido coronel y toda su familia, lo mismo que la gasolina y los vehículos oficiales que le fueron asignados. Según juristas consultados, allí se pudo configurar un peculado que los entes de control deberán revisar.

En el sexto punto de su comunicado Pinzón asegura que es muy posible que la información que se ha publicado recientemente hiciera parte de “un mercado de venta de información o como si quisieran inventar, incluso, información creando confusión”. Posiblemente el ministro ni los jefes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército y de las Fuerzas Militares estén enterados de que las más recientes publicaciones se derivan de investigaciones formales y expedientes judiciales.

Una cosa es que el ministro salga a respaldar a sus hombres y al Ejército, pero no puede mirar para un lado y eludir la situación. El problema no está en los medios de comunicación, sino en los hombres que han manchado con sus malas actuaciones una institución integrada por miles y miles de soldados que hoy se juegan la vida en defensa de la democracia. En honor a esos hombres que han muerto, o que han quedado mutilados, es que la verdad se debe imponer en este asunto. Es la sociedad la que exige respuestas.