Llamado desgarrador al presidente y al país

El informe ¡Basta ya! que el Centro de Memoria Histórica entrega este miércoles al presidente de la República es el trabajo más importante que se ha producido en Colombia sobre el conflicto armado, probablemente, desde el texto seminal La violencia en Colombia, que analizó la Violencia con mayúscula de los años 50.

El informe de desarrollo humano que hizo el PNUD en el 2003, El conflicto: callejón con salida, fue un hito importante (sin hablar de la literatura sobre el conflicto colombiano, que llena una biblioteca). Pero este reporte, con el que se ‘estrena’ el Centro de Memoria Histórica, creado por la ley de Víctimas, tiene un origen distinto, llega en un momento muy distinto y va más lejos.

En la medida en que es producto de un mandato legal y de un organismo que, aunque es independiente, pertenece al Gobierno, pues es parte de la Unidad de Víctimas, debería tener implicaciones muy distintas. En materia de responsabilidades sobre lo ocurrido en estos 50 años se puede convertir en un referente para las complejas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en Cuba. Y propone una narrativa del conflicto que, al involucrar a todas las partes sin excepción en sus peores excesos, ofrece una ruta para la reconciliación.

En cinco capítulos, el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad provee algunas de las respuestas más ambiciosas –y polémicas, pues van a pisar muchos callos– a tres preguntas cruciales para que el país logre superar el conflicto armado que lo ha devastado durante medio siglo: ¿Qué pasó y quiénes son los responsables?; ¿cómo pasó? y ¿qué hacer para pasar la página?

Las voces de las víctimas, de lo que han sufrido, pero también de sus esfuerzos por resistir y mantener la dignidad ante la bárbara autocracia de los fusiles de todos los calibres, están en la base del informe. Sus testimonios, recogidos en todas las regiones del país y en los hechos más atroces que vivieron, y las lecciones que dejan en materia de reparación, memoria y reconciliación, son un eje central de este trabajo. En esto, se distingue de lo producido hasta ahora.

También es la primera vez desde la Violencia que, por mandato legal, un informe de un organismo adscrito al Gobierno pone en blanco y negro las cifras de la victimización que ha tenido lugar en estos 50 años, con énfasis en las víctimas y la población civil y con una evaluación de la responsabilidad de todos los actores.

La escala de la victimización que presenta es aterradora y, en algunos campos, rompe con los estudios tradicionales. Afirma que en medio siglo, el conflicto ha causado 220.000 muertos, casi 180.000 de ellos, civiles. Y, contra la mayoría de los analistas, concluye que uno de cada tres homicidios en estos 50 años ha sido producto del conflicto.

La violencia guerrillera, paramilitar y de los grupos rearmados que hoy se llaman ‘bacrim’ se detalla y se analiza. Y, también por primera vez, en un informe elaborado por mandato legal, se ponen sobre la mesa las responsabilidades que el Estado y sus agentes –y la Justicia– tienen por acción, omisión o decisiones de política.

Los datos son producto del trabajo que ha venido haciendo la Unidad de Víctimas para conformar un registro único y de las investigaciones que hizo el antecesor del Centro, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación, constituido por la Ley de Justicia y Paz del 2005. El actual director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, y buena parte del equipo de investigadores vienen de ese Grupo, que produjo 24 estudios de caso sobre el conflicto armado.

El informe es una especie de gran conclusión de esos trabajos y provee no sólo datos sino una narrativa y una ambiciosa relectura del conflicto armado. Pero, como sus autores lo dicen, es ante todo un punto de partida, un argumento para una conversación nacional que Colombia está en mora de emprender, como sociedad, si quiere pasar la página de medio siglo de una guerra que, además de decenas de miles de civiles, ha cobrado la vida de 40.000 combatientes regulares e irregulares y ha desplazado casi el equivalente de la población de Medellín y Cali sumados.

¿Qué dice el informe? (Vea una selección de citas)

I. Qué pasó

Al inventario estadístico de la violencia armada, el primer capítulo añade el esclarecimiento de los responsables, uno de los grandes aportes de este trabajo. Catorce categorías de crímenes internacionales, desde el desplazamiento, el asesinato selectivo y el secuestro, hasta la violencia sexual, los ataques a bienes civiles y la desaparición forzosa son sujetas a un inventario que expone tanto la escala de los daños que ha causado medio siglo de conflicto como las limitaciones para hacer una estadística concluyente y establecer responsabilidades.

Algunas de las cifras –desplazamiento, víctimas de minas antipersonal– son conocidas (aunque el mérito es que se consoliden y expongan por primera vez por mandato oficial). Otras van a generar arrebato académico, como la conclusión de que uno de cada tres de los homicidios que se han cometido en el país en este medio siglo es producto del conflicto armado. Algunas, como la compilación que hizo para el Centro de Memoria Histórica la firma Cifras & Conceptos de 27.000 secuestros ligados al conflicto, son novedosas. Otras más son juiciosamente macabras, como la revista de los 11.751 asesinados en 1.982 masacres en los pasados 30 años.

En cualquier caso, a medida que se apilan los muertos y heridos en atentados terroristas, los casos de sevicia y tortura, los niños reclutados y el vasto universo macabro de la desaparición forzosa y el asesinato selectivo, la escala de lo ocurrido en Colombia aparece en su sobrecogedora dimensión. Las solas desapariciones forzosas más que doblan las cifras de las comisiones de la verdad de las dictaduras del Cono Sur.

Uno de los aportes del estudio, en una sociedad habituada a condonar los crímenes de los próximos y condenar los de los ajenos, es el análisis de responsabilidades. Y de este nadie sale indemne.

Los grupos armados –y las fuerzas oficiales– se especializaron en diversas formas de violencia degradada. En masacres, sevicia, asesinatos selectivos y desplazamiento masivo, entre otros, los paramilitares. En secuestro, ataques a poblaciones y bienes civiles, atentados terroristas y desplazamiento selectivo, las guerrillas. Y está presente la fuerza pública, con desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Esas violencias, las razones por las cuales se cebaron en los civiles como parte de estrategias militares y políticas y la decisión consciente de los actores de invisibilizar sus prácticas y confundirlas con las del enemigo son de los análisis más provocadores del informe.

El papel del Estado, los militares, los gobiernos y los políticos es central –e “inquietante”, dicen los investigadores– en el cuadro de responsabilidades que surge, tanto de las cifras como del relato del conflicto.

II. Por qué pasó

El conflicto es objeto de una narrativa que se podría leer en los colegios, y se hace a partir de un desafío que rompe de entrada con la idea simple y tranquilizadora de unos bandidos malos enfrentados a un Estado bueno.

“La violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales”. Este anuncio del comienzo del informe lo desarrolla el capítulo II, que divide la narración del conflicto en cuatro etapas.

En la primera se pasa de la violencia bipartidista a la violencia subversiva entre 1958 y 1982, los años en que, como dijo García Márquez, “el país de los poetas se nos volvió el país más peligroso del mundo”, cuando se crearon las guerrillas y se reunieron los factores para el escalamiento de la confrontación.

En la segunda (1982-1996) estas se expanden y surgen los paramilitares, se propagan el narcotráfico y su cultura que cambia la sociedad y el Estado entra en crisis. Se crea una nueva Constitución y se desmovilizan algunas guerrillas.

Pese a eso, la guerra entra en su etapa más tremenda (1996-2005) con la expansión paramilitar y guerrillera, el fracaso de las negociaciones del Caguán y la radicalización de la opinión pública, hastiada de los excesos de las FARC, a favor de una salida militar.

Que se consolida en la última etapa considerada por el estudio (2005-2012), marcada por una ofensiva militar oficial y una negociación con los paramilitares que el informe califica de “fracaso” que deriva en rearme y creación de nuevos grupos, ligados al narcotráfico y desafiantes frente al Estado.

A lo largo de la narración, se muestran los papeles de guerrillas y paramilitares en el deterioro creciente de la situación y la degradación geométrica de la guerra, que afecta principalmente a los civiles, “antes que un daño colateral, un recurso empleado de manera premeditada por los actores armados”, como dice el reporte.

Y se muestra también el papel del Estado, cuyas decisiones políticas, su resistencia a resolver los problemas del mundo rural, las complejas relaciones entre las élites y el papel que confirió a los militares, según el informe, son claves sin las cuales no se puede entender por qué la confrontación ha durado tanto tiempo.

La débil independencia de la Justicia y su competencia desigual con el peso que el Estado, desde el Frente Nacional hasta hoy, ha dado a los militares son objeto de un capítulo completo, que analiza medio siglo de evolución de una Cenicienta sobre la que recae uno de los más graves alicientes del conflicto armado, según el estudio: la impunidad.

Esta es la primera vez que un informe de este tipo, producido por un grupo de investigadores adscrito a una unidad del Ejecutivo, expone una explicación que intenta comprender las complejas dinámicas que generaron y sostuvieron el conflicto armado desde 1958. Un esfuerzo indispensable si se busca superarlo y pasar a otra página.

III. Cómo pasó

Los capítulos IV y V son las voces de las víctimas, que cuentan en relatos espeluznantes cómo la violencia operó impune por años a nivel local “con muy poca resonancia en lo nacional”, como dice el informe. Pero también hablan de cómo resistieron y defendieron su dignidad con las manos desnudas frente a uniformes y fusiles que, con metódica sevicia, intentaron imponer un control autocrático sobre sociedades campesinas, indígenas y afros.

Los daños que sufrió ese país silenciado y marginal son múltiples e irreparables. Un proceso en el que las víctimas han ganado un protagonismo importante a nivel nacional está abriendo las puertas de la reconstrucción de lo que pasó, mediante iniciativas del Estado, como la Ley de Víctimas, pero también a través de infinidad de proyectos locales en los que la memoria y la reivindicación de los derechos perdidos se ha vuelto central. (Vea el artículo sobre los testimonios).

IV. Qué hacer

El informe se cierra con 28 recomendaciones, que comienzan con un llamado al presidente de la República –a quien se entrega hoy el texto en una ceremonia formal en la Plaza de Armas, en Bogotá– a reconocer “la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos vinculadas al conflicto armado ante la sociedad en su conjunto”.

Igual llamado se hace a los grupos armados y se propone, en la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz, la creación de un tribunal especial para el esclarecimiento y la sanción de los actores armados.

Hay propuestas de Justicia, de reparación y de reformas de fondo para la construcción de paz. Y una insistencia en el papel central que deben jugar las víctimas en el diseño de las políticas de reparación.

Según el informe, se impone “la necesidad del reconocimiento y la responsabilidad (subrayado en el informe) como dos fundamentos de todo esfuerzo de políticas públicas dirigidas a responder a la magnitud de lo ocurrido en tantos años de guerra”.

*    *     *
En el fondo, ¡Basta ya! es una invitación a toda la nación a mirarse en el espejo del “retrato escalofriante de Colombia” y encarar el reto de pasar la página de medio siglo de confrontación fratricida.

El informe es una lectura de alto impacto para las FARC, que las confronta con el inventario tremendo de las violencias que han perpetrado contra civiles inermes en nombre de la insurgencia, cuando se resisten a reconocer en La Habana su papel como victimarios. Pero el estudio es también una evidencia inquietante para el Estado y los militares, cuya responsabilidad en lo ocurrido se traza desde el Frente Nacional de 1958 hasta los falsos positivos del 2008, pasando por el Estatuto de Seguridad de Turbay de 1978. Y para los paramilitares y sus promotores, en las cárceles y fuera de ellas, a los que tanta verdad les falta contar al país.

Pero el informe es un material para toda la sociedad. Como dice Gonzalo Sánchez en el prólogo: “La sociedad ha sido víctima, pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de una reflexión colectiva”.

Si todos ellos escucharan lo que las víctimas intentan decirles en este informe académico, Colombia tendría, quizás, una oportunidad.