Lo que cuestan las mesadas más altas

Uno de los factores que más profundizan la desigualdad son las monumentales pensiones que reciben algunos exfuncionarios del Estado. En Colombia sólo un poco más de mil jubilados reciben más de 25 salarios mínimos, mientras el 75 por ciento de la población en edad de trabajar ni siquiera está en el sistema pensional.

Eso quiere decir que una minoría privilegiada tiene asegurada una gran mesada y, en contraste, una gran parte de la población está en la informalidad y probablemente sufrirá penurias en su vejez.

Las dos terceras partes de los pensionados que todos los meses reciben millonarias mesadas están en el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon). Aunque los funcionarios de las Fuerzas Militares, el magisterio, la rama judicial y Ecopetrol también gozan de un régimen especial.

A pesar de que la ley eliminó algunas gabelas, hay cerca de 200 personas que reciben más de 25 millones de pesos (más de 40 salarios mínimos) por concepto de pensión. Según las cuentas del actual Secretario de Hacienda del distrito, Ricardo Bonilla, quien acaba de publicar la investigación "Pensiones: El costo de las demandas", esas estrambóticas mesadas son las que deslegitiman el sistema. Lo preocupante es que la hemorragia no para y varias de esas pensiones son heredadas por "sustitutos", lo cual sigue generando cargas administrativas al erario.

En muchos casos la sorprendente liquidación de estas pensiones se debe a errores, interpretaciones de las leyes a favor de los jubilados y ‘viveza’. Al final, a punta de fallos, el erario sufre un desangre silencioso. Sólo el año pasado por concepto de retroactividad en el pago de las pensiones, Fonprecón tuvo que pagar 12.000 millones de pesos. Aunque la Corte Constitucional está revisando el artículo que reglamentó el tope de las pensiones de los congresistas y magistrados, es improbable que los casos que ya son “cosa juzgada” sean revisados.

La mesada más alta

El pensionado que más dinero recibe es el exrepresentante del Huila Jesús Antonio García Cabrera. Su mesada suma 31 millones de pesos, un monto que supera casi en 10 millones el salario de un congresista. García recibe esa pensión porque en 1998, en el momento de jubilarse, por un "error de interpretación" se le permitió incluir como parte del salario base, la liquidación los tiquetes aéreos y los viáticos.

En ese momento un congresista ganaba cerca de dos millones de pesos, pero sumando todos los ingresos, podía recibir más de 12 millones. Así aumentó su pensión de manera desmedida. "Es un derecho adquirido, no hay nada ilegal", dijo García, quien argumentó que la exposición en los medios de comunicación lo ha expuesto a un posible secuestro.

Aunque desde 1991 Fonprecon demandó la liquidación, solo en 2010, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila pidió excluir de la liquidación los viáticos y tiquetes aéreos como factores salariales. Las sumas adicionales incluidas en la liquidación, multiplicadas por el número de meses que había sido pagada la pensión hasta ese momento, daba un valor de cerca de 420 millones pesos.

Pero lo más grave es que todavía no hay una sentencia definitiva, lo que quiere decir que García sigue recibiendo su pensión como si no hubiera pasado nada. Y a lo sumo la sección segunda del Consejo de Estado, donde reposa el expediente, podrá ordenar una reliquidación, pero no pedirá devolución de dinero.

Con pensión de congresista

El exsecretario de la Cámara de Representantes Silverio Salcedo Mosquera obtuvo su pensión en 1992 por cerca de 2,5 millones de pesos. La liquidación se hizo con base en la Ley 71 de 1998, que ponía un tope máximo a las pensiones de 15 salarios mínimos vigentes. Eso sí, incluyó como factores para la liquidación la asignación básica; primas técnicas, navideñas, de vacaciones, de antigüedad y de servicios; bonificaciones y quinquenios.

Pero dos años después de que Salcedo se pensionó, entró en vigor la Ley 100 de 1993, que eliminó el tope de salarios para los pensionados. El fondo reliquidó la pensión y como no había tope, esta subió a más de 3,6 millones de pesos.

Pero el régimen que cobijaba a Salcedo, a diferencia del que tienen los recién pensionados, utiliza como base para el incremento anual el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en la década de los 90 alcanzó picos del 22 por ciento. Es decir que durante esa década cada año su pensión aumentó hasta una quinta parte. El incremento, más las reliquidaciones permiten que Salcedo se embolsille actualmente una mesada de 28 millones de pesos.

En el 2005, Fonprecon entabló una demanda para reliquidar la pensión y fijar el límite de 15 salarios que era la ley que le aplicaba en el momento de su pensión. En otras palabras, equivaldría a rebajar su pensión a ocho millones. Para el fondo, Salcedo debía rembolsar el valor de las adiciones. Pero a finales del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que era cosa juzgada y falló a favor de Salcedo. El fondo apeló la decisión y el caso pasó este año al Consejo de Estado.

Del ISS a Fonprecon

Un caso emblemático de cómo algunos fallos agrandan las pensiones exageradas es el de Leonor Serrano de Camargo, exgobernadora de Cundinamarca, excongresista y empresaria. Serrano fue senadora de la  República desde el 20 de julio del 2002 hasta el 30 de abril del 2005. Pero desde 1998 el Instituto de Seguro Social (ISS) ya le había reconocido su pensión de vejez donde figuraba como trabajadora del sector privado. La cuantía de su pensión estaba cerca de tres millones de pesos. Pero de su salario de congresista le hicieron las respectivas deducciones por concepto de pensión.

Cuando se retiró del Congreso, Serrano solicitó la reliquidación de su pensión ante Fonprecon, pero este se la negó con el argumento de que ella no era beneficiaria del régimen de transición para los congresistas. La excongresista pidió una reposición y en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en su contra. El juez adujo que ella debía haber sido congresista por lo menos tres años y ella sólo había estado dos años y tres meses en el cargo. En consecuencia, el fondo expidió una resolución de pensión de Serrano sin la inclusión de los beneficios de que gozan los congresistas.

Serrano apeló la sentencia, que llegó a segunda instancia en la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien al final le dio la razón. Finalmente, en el 2010, el alto tribunal ordenó no sólo la reliquidación de la pensión con base en el 75 por ciento de los ingresos de la congresista en el último año que cotizó, sino el pago de una retroactividad. Lo increíble es que la retroactividad incluyó el pago del faltante de una pensión de los años en los que ella cotizó pero que no era congresista. Ese pago retroactivo le costó a la Nación 896 millones de pesos y su mesada hoy vale 17 millones de pesos. SEMANA intentó comunicarse con la excongresista para que contara su versión de los hechos, pero no atendió las llamadas.

El Consejo de Estado argumentó que aunque Serrano no era congresista en el momento en que obtuvo el derecho a la pensión de vejez, sí la cobija el régimen especial de transición por haber permanecido un año cotizando, que en su criterio, es el requisito mínimo.