Los dragones del oro

"Alos hombres les tocó irse para el llano a rebuscarse con lo de la coca. Las más jóvenes se van para Medellín o Bogotá a trabajar en el servicio doméstico, y las que nos quedamos, 'barequeamos' buscando el orito que dejan los dragones. Ya no hay que pescar. Ni se puede tomar el agua del río, ni uno se puede bañar ahí porque le rasca la piel". Así, Isabel, una de las matronas del pueblo de Paimadó, resume el drama que viven desde hace tres años, cuando llegó navegando una enorme construcción metálica, que como los seres de las fábulas, 'rugía', pero en vez de botar fuego, expulsaba toneladas de tierra que succionan del lecho del río. Draga es el nombre técnico de este aparato que llegó para sacar de forma ilegal la mayor cantidad posible de oro, a sólo 80 kilómetros de Quibdó, la capital del Chocó.

Al poco tiempo, el particular armatoste de unos 200 metros cuadrados se había reproducido. Hoy son 27 monstruos que en un recorrido de unos 10 kilómetros a lo largo del río Quito, se instalan en cualquier punto de la orilla. El pionero fue un brasileño entrado en años que se hizo conocer como 'don Marco'. Él ya no está, pero en su lugar llegaron con sus dragas nuevos aventureros, principalmente de esa nacionalidad, que legalizaron su estatus migratorio tras casarse con colombianas. Unos venían del Amazonas, del Caquetá, del norte de Antioquia, y de otros países como Surinam, Bolivia y Perú. Lugares donde han hecho lo mismo: destruir, saquear y partir.

Cada una de estas embarcaciones, cuyo costo oscila entre 500 y 1.000 millones de pesos, está equipada con un tubo de 10 a 16 pulgadas de diámetro que funciona como una poderosa aspiradora. Todo el material que absorbe es pasado por unos tamices, y en unos tapetes queda lo más fino. Al ser sacudidos, aparecen las diminutas partículas de oro. En esencia es el mismo proceso que por años han usado los nativos, sólo que a una escala mayúscula. Mientras un barequero remueve lo que le da la capacidad de una pala y una batea manual, cada una de las dragas mueve cada día una cantidad equivalente a lo que transportarían 300 volquetas. Además, a diferencia de los artesanos, los dragueros utilizan mercurio, en un proceso para juntar todas las partículas que pescan en lo que llaman una retorta.

"Aquí nadie está si no saca al menos 200 gramos al día", dice Luciano, en un español mal hablado, con lo que reconoce que saca unos 50 kilos de oro al año. Por lo tanto, este ejército de 27 dragones al año extrae alrededor de una tonelada de oro, cuyo valor en el mercado supera los 100.000 millones de pesos. Y Luciano advierte que la producción ya está en declive.

Así trabaja un grupo de unas 12 personas por aparato, en jornadas continuas de 20 horas. Operadores, soldadores, ayudantes, cocinera, chalupero y macheteros -estos últimos encargados de tumbar la selva de la orilla- componen la tripulación de estas naves movidas por poderosos motores diésel y equipadas con rústicas habitaciones.

"Aquí hay que pagarle a todo el mundo", dice a modo de queja Óscar, uno de los socios colombianos en dos dragas, en busca de explicar que sus ganancias no son tan abultadas. "El ELN, las Farc, las Águilas Negras y la delincuencia común, a todos les damos", dice, y explica que quien tiene más simpatía con determinado grupo se encarga de negociar con él. "¿Cuál financiación de grupos armados ilegales? -dice como sorprendido-, ¿no ve que ellos son la ley allá?". Pero lo cierto es que ese dinero que los dragueros pagan fortalece a esos grupos, al punto que ni la infantería de marina se atreve a entrar por estos lugares a no ser en un gran operativo.

SEMANA recorrió la zona y presenció el trabajo de 11 de las dragas, concentradas en el punto El Tigre y en El Desecho. Los tensores atravesados para estabilizar los aparatos, arman una peligrosa telaraña que dificulta la movilidad. "Ya varios del pueblo se han abierto la cabeza al pasar cerca y no ver esos cables", dice el lanchero. No es fácil tomar por otro lado. Las dragas redujeron en algunos puntos el cauce navegable del río de 105 metros de ancho a sólo 30.

Pueblo en ruinas

Esta es sólo una de las muchas preocupaciones de los rioquiteños, gentilicio de este municipio que tomó el nombre del río que lo atraviesa y cuya cabecera es Paimadó. "No nos ha traído nada bueno porque ni la mano de obra, ni una libra de arroz compran acá los de las dragas", dice Herlín Mosquera, el alcalde, quien por ley es el primero llamado a contener el problema. "¿Cómo quiere que haga si sólo tengo a cuatro policías capacitados y a una treintena de auxiliares bachilleres?", pregunta. Y añade que los dragueros pagan regalías para legalizar lo que sacan de su municipio, algo que la ley permite así la extracción sea ilegal. Y lo que es peor, dicen que sacaron el mineral en otros lugares del país, por lo que es muy poco lo que le llega al municipio. Río Quito recibió en 2007 por regalías 47 millones de pesos, y luego de que el alcalde les reclamó a los dragueros, en 2008 recibió 118 millones. Una bicoca comparado con lo que sacan de sus tierras, y que contribuye a que este municipio sea el más necesitado del país. El 98,81 por ciento de su población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según registros del Dane.

A todas esas graves preocupaciones los lugareños han tenido que sumar la ambiental, que es la que ahora los tiene más angustiados. Es notable lo turbias que son las aguas de este importante afluente del Atrato, comparadas con las cristalinas de los ríos que lo alimentan. Aunque no hay estudios, las autoridades locales temen que parte de los problemas de piel que producen sus aguas sea resultado del mercurio mal manejado de las dragas y de los combustibles vertidos, pues cada draga consume 340 galones de acpm diarios. Un panorama desolador para una de las regiones más ricas en agua y en biodiversidad del mundo.

Y los cambios en el cauce del río contribuyen a desvelar a los habitantes. A su paso las dragas dejan montañas de cascajo, consumen la ladera y arrasan con el bosque nativo de sus orillas. Hay sectores donde sólo ha quedado un paisaje lunar en medio del exuberante verde de esta zona de reserva. En Paimadó el cambio del cauce le dio más fuerza a la corriente, que ya erosiona el talud que sostiene al pueblo. Hace pocos meses se fue a pique una vía de unos 10 metros de ancho, y arrastró consigo varias casas que, por fortuna, estaban vacías. Sara Palacio, una de las damnificadas, cuenta que una de las dragas se paró justo al frente del pueblo. "¿Daño ambiental?", dice Luciano, mientras muestra orgulloso la draga que opera, "eso es un tema de las autoridades. Es una cuestión de la vida. La vida es así", sostiene con un cinismo que impacta. Otro de los dragueros, hablando en Quibdó, reconoce que "obvio que sí tiene un impacto, pero tampoco estamos acabando el planeta".

Las imágenes aéreas de la zona evidencian cómo ya sólo una delgada barrera natural protege al pueblo de la furia del río. El temor del alcalde y las demás autoridades es que con una crecida, por demás frecuente, la barrera ceda y las aguas se lleven al pueblo, una tragedia para los 8.000 habitantes.

Y nada pasa

Aguas arriba, en el municipio El Cantón de San Pablo, la extracción ilegal ha dividido a la comunidad. En esta zona están el resto de las dragas que SEMANA no llegó a observar. Pero pobladores locales confirmaron que se construyen dos más en un improvisado astillero. En este poblado algunos miembros de la comunidad respaldan a los mineros, pues han logrado que les paguen dos millones de pesos y un porcentaje mínimo cuando instalan las dragas en sus lotes, algo que ven como una forma de desarrollo. Pero ante las autoridades mineras no hay duda de la ilegalidad de esta actividad. La razón es que el sector donde están ubicadas las dragas está amparado por títulos colectivos de comunidades negras y en algunos casos también hay reservas forestales, de ahí que no haya ninguna posibilidad de que se otorguen licencias para esta clase de explotación mecanizada. Aun así varios dragueros pasaron solicitudes a Ingeominas.

"Hay que admitir que esto es un problema de grandes proporciones, que se sale de nuestra capacidad de respuesta. Ni la Fuerza Pública sube a la zona. Esto tiene desbordado al Estado", declara, resignado, Héctor Damián Mosquera, director de Codechocó, máxima autoridad ambiental en la zona, mientras muestra un cartapacio de actas, resoluciones, y documentos, en busca de probar que ellos sí han hecho algo.

Sin embargo, sí han efectuado un par de operativos junto con la Sijín, el DAS, la Policía, la infantería de marina o el Ejército, pero cuando llegan a las dragas las encuentran vacías, o inhabilitadas para moverlas. En los pocos casos que encontraron a alguien les quitan piezas a las dragas para que no puedan moverlas, pero a los pocos días son reemplazadas. No las pueden detener porque la Policía fluvial de Turbo les dio permiso de navegación. Además, el delito de explotación ilícita de recursos es excarcelable, y no tienen dónde dejar las dragas si se las llevan a Quibdó.

Sólo en enero de este año impusieron multas a seis dragas por valores que no superan los 23 millones de pesos. "Tenemos dificultades para ubicar a los dueños y notificarlos de las sanciones", dice una funcionaria, algo sorprendente pues a esta revista no le costó trabajo encontrar a una decena de estos brasileños en un popular restaurante donde tienen su centro de operación en Quibdó, justo en la esquina del comando de Policía.

No es fácil explicar la parsimonia de las autoridades en hacer cumplir la ley. Un antecedente de hace apenas 15 días, que está en investigación, podría ser parte de la respuesta. En un operativo del Gaula detuvieron al secretario general de Codechocó, la persona encargada de imponer las sanciones con 50 millones de pesos en efectivo que le había entregado un draguero. Pero sus compañeros de oficina lo respaldan y dicen que fue un montaje para desprestigiar a la entidad.

Mientras tanto los dragueros responden hasta con sarcasmo, confiados en que nada los toca. En un escrito para defenderse de una multa, el abogado de uno de los brasileños argumenta "la buena fe de su cliente, pues como extranjero no sabía que lo que estaba haciendo era ilegal". Otro de ellos comentó que una persona clave en Bogotá les había avisado que viene un operativo contra ellos, y ya estaban preparados.

Las actuaciones en el orden nacional no parecen ser muy diferentes. En agosto de 2007, los Ministros de Minas y de Medio Ambiente, el Fiscal General, el Procurador General y el director de Ingeominas, firmaron un convenio para trabajar en conjunto para erradicar las explotaciones mineras ilegales. En Bogotá ha habido reuniones en los despachos de los Ministros, y han salido en algunos medios para declarar sobre el asunto. Pero entre convenios, reuniones y sanciones insulsas, hasta ahora ha naufragado cualquier posibilidad de solucionar realmente la tragedia ambiental que se vive en pleno corazón del Chocó y detener el drama de los rioquiteños, que para todo fin práctico ven todo esto como letra muerta.

Esta región del país está sujeta a la voluntad de unos pocos al margen de la ley, mientras el Estado los persigue de forma tímida y en muchos casos hasta ingenua. Entre tanto, los habitantes de Río Quito ven avanzar el drama de su pueblo sin que nadie haga algo. Ya perdieron su tradicional vida tranquila de pesca y de barequeo en el río que hoy los amenaza. Y como dice Isabel, los hombres se irán a buscar fortuna en la coca, y las mujeres jóvenes a rebuscar su vida, en el servicio doméstico de alguna gran ciudad.