Los líos de la Unidad Nacional de Protección

Desde hace más de un año la Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha visto envuelta en una espiral de escándalos. Esta se generó cuando se hicieron públicas las presuntas deficiencias en el manejo presupuestal y administrativo de esa entidad.

Las recientes advertencias son de la Contraloría General de la República. El tema tiene una especial relevancia pues la UNP es la entidad encargada de velar por la seguridad de 600 sindicalistas, 600 defensores de Derechos Humanos, 150 congresistas, 130 alcaldes del país, además de varios expresidentes de la República y altos funcionarios.

El documento revelado por la Contraloría evidencia que los hallazgos por sobrecostos podrían ser del orden de 14.000 millones de pesos. Esto tendría que ver con reconocimientos, pagos y gastos (tiquetes aéreos, peajes y gasolina).

La compra de 1.669 armas

La Contraloría hace una larga lista de observaciones. La investigación encontró, por ejemplo, que en el 2014 se compraron más armas de las que se necesitaban. Adquirieron 1.669, cuando su planta de escoltas no superaba 400 funcionarios. Esto habría representado un gasto de más de 6.000 millones de pesos. Otro elemento que destaca la investigación de la Contraloría es el alquiler de chalecos antibalas, que nunca fueron usados, por un costo de 225 millones de pesos.

Esta no es la única investigación que se adelanta por la presunta corrupción en esa entidad. Desde hace un año la Fiscalía está intentando armar el rompecabezas y dar con quienes estarían detrás de los pagos ilícitos y la adjudicación a dedo de muchos de esos contratos.

En ese camino los investigadores que llevan el caso se encontraron con un ‘elefante blanco’ que los llevó a trazar seis líneas de investigación. Se sabe que en los próximos días se conocerán las primeras medidas. “Las decisiones contemplan el anuncio de preacuerdos, principios de oportunidad, medidas de aseguramiento e imputación de cargos contra los máximos responsables de estos hechos de corrupción entre el 2012 y el 2014”, señaló la Fiscalía a Semana.com

Como parte de la investigación, el ente investigador le abrió un proceso a Julián Marulanda Calero, quien era en ese período secretario de la UNP, bajo la dirección de Andrés Villamizar. Este último fue quien denunció a la Secretaria de Transparencia lo que estaba sucediendo en la entidad que dirigía.

Según la Fiscalía, Marulanda podría ser responsable de los sobrecostos generados en la facturación. También está por establecerse si él era el líder de la red que operaba en la entidad y que favorecía a contratistas a cambio de coimas.

Una vez el funcionario se enteró del proceso que corría en su contra por los delitos de concusión, cohecho, prevaricato y concierto para delinquir, salió del país el 25 de agosto rumbo a Miami, según certificó Migración Colombia.

La versión de Marulanda

Debido a los constantes señalamientos que ponen como único responsable a Marulanda, el funcionario habló con Semana.com y manifestó que se fue por “la injusticia que se venía en su contra y por las amenazas de las que era víctima”.

Afirmó tener las pruebas que lo exoneran de cada una de las acusaciones y que él solo es víctima de un montaje, “una de las contrataciones de las que me acusan se hacía con cargo al director de la entidad (era quien aprobaba) y las otras las hacía una abogada y yo no tuve participación”, dijo.

Marulanda sostiene que la investigación en su contra es una cortina de humo. A su juicio, se hizo para desviar la polémica que se generó por la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien la UNP le había retirado el esquema de seguridad. Agrega que le parece muy curioso que el secretario de Transparencia de entonces, Rafael Merchán, se declarara impedido frente a las denuncias que llegaban sobre Villamizar y que sí hubiera actuado cuando fue él quien denunció.

La acusación de Marulanda tiene algo de injusto si se tiene en cuenta que Merchán es amigo cercano de Villamizar, ambos militaron en Cambio Radical y esa cercanía lo obligaba a declararse impedido para actuar en su contra.    

Por último, cuestionó la actuación de la Fiscalía. “Existe una orden de captura en mi contra que yo considero totalmente ilegal. Hasta el momento, después de un año no he tenido ninguna imputación de cargos y el proceso no ha avanzado”.

En qué va el proceso

La Fiscalía contradice la versión de Marulanda. Para el ente investigador, su participación es clara. Una de las pruebas que tienen contra él es el registro de los ingresos económicos muy superiores a su salario. “Marulanda tenía una designación de más o menos 8.000 millones de pesos anuales para contratar y de estas operaciones es de donde se desprenden las acusaciones en su contra por la mala facturación que realizó mientras se desempeñó como secretario general de la Unidad Nacional de Protección”, reveló la Fiscalía a este portal.

La misma tesis tiene el exdirector de la UNP Andrés Villamizar. “Las irregularidades fueron detectadas en la ejecución de los contratos, lo que estaba a cargo del secretario de protección, Julián Marulanda, y la subdirección de la entidad, a cargo de Alonso Miranda. Mi participación se dio en la adjudicación de los mismos y en esa parte del proceso no se registraron anomalías”, le dijo a Semana.com

Aunque no se responsabiliza a Julián Marulanda de todo el presunto detrimento patrimonial de la entidad, la Fiscalía asegura tener las pruebas para acusarlo por lo menos de uno de ellos. El funcionario ha pedido en dos ocasiones ser llamado a imputación de cargos para resolver su situación jurídica. Aun así, ha dejado claro que no regresará al país.

De ahí que en unos días la Fiscalía solicitará ante un juez para que le sea declarada la contumacia (es decir, que sea procesado como persona ausente). De aprobarse esta solicitud, se podría tramitar con la Interpol una circular roja con la que se podría ordenar su detención y su extradición a Colombia. A la fecha ya tiene una circular azul emitida por esta entidad.