Los Madoff criollos

Si usted es un empresario que para financiar su negocio pide plata prestada aquí y allá, y ofrece pagar un interés sobre ella, tenga cuidado; peligrosamente puede estar incurriendo en captación masiva y habitual de recursos del público, una violación a la ley que se ha vuelto muy popular desde el descalabro de las llamadas pirámides a finales del año pasado. La situación se puede agravar si usted es de los que se enamora de sus proyectos, no acepta la quiebra y empieza a tapar un hueco con otro. En este caso, además de enfrentar embargos, puede ser procesado penalmente e incluso terminar en la cárcel.

Esto en parte es lo que pudo haber sucedido en dos sonoros casos que por estos días tienen conmocionados los estratos altos de Bogotá, Medellín y Manizales. Uno es el de la firma de negocios agrícolas CI Tango Trading Ltda., que compromete a la reconocida periodista Adriana Arango y a su esposo. Allí hay involucrados más de 12.000 millones de pesos y unos 300 afectados. El otro es el de la sociedad anónima Integramos, que salpica al ex alcalde de Manizales Luis Roberto Rivas, y que tiene sufriendo a unas 100 personas que le confiaron a esta empresa cerca de 5.000 millones de pesos. Calificar a estas firmas como pirámides es desproporcionado. Cualquiera de estas dos empresas dista mucho de un negocio que aparece de la noche a la mañana en la puerta de un garaje, anuncia que va a pagar rendimientos del 100 por ciento o más en seis meses, con la intención de recoger dinero de incautos y luego fugarse con las inversiones. En este ejemplo la motivación es la estafa, y sus consecuencias en materia penal son diferentes frente a alguien que en medio de un infortunio comercial se vale de dinero para sacar adelante un negocio que a la postre fracasa. Sin embargo, en la práctica, para los afectados de uno u otro el efecto es el mismo: se quedan sin su plata.

Precisamente la salvaguarda de los bienes de los ciudadanos, una obligación constitucional, es lo que la Casa de Nariño buscó garantizar con las medidas de emergencia que tomó a finales del año pasado. Ante el crecimiento exponencial de las captadoras, y en vista de que no tenía herramientas jurídicas para detener este fenómeno, el gobierno dictó medidas extraordinarias que les dieron dientes a la Superfinanciera y a la Supersociedades para que los captadores ilegales no engatusaran al Estado eludiendo sus controles tras la fachada de comercializadoras u otras figuras.

Las medidas que permiten actuar de manera más expedita al Estado no sólo fueron útiles para los casos polémicos de entonces, sino también para otros casos que habrían sido más difíciles de detectar en otras circunstancias.

En el caso de Arango, logró que amigos de su exclusivo círculo social le entregaran dinero para sacar adelante las operaciones internacionales de su compañía de negocios agrícolas. En contraprestación, los prestamistas recibían entre el 36 y el 60 por ciento de rendimiento anual, la transacción era soportada en pagarés. Luego, ante la iliquidez, les pagó a unos con lo que recibió de otros.

La captación ilegal se presenta cuando alguien se vale de recursos de más de 20 personas o se contraen más de 50 deudas, y además los recursos recibidos sobrepasan el 50 por ciento del patrimonio del captador. Con los decretos de emergencia social se facilita la intervención, pues frente a hechos notorios como una aglomeración de personas que llevan dinero o denuncian incumplimiento de pagos, se puede actuar.

Para las autoridades, Arango y su esposo violaron la ley. La situación sería diferente si en vez de tomar prestado hubieran invitado a sus amigos a ser socios a sabiendas del riesgo que corrían sus inversiones.

El panorama de Integramos S.A. tiene otros bemoles. Esta firma se presenta como intermediaria financiera, y aclaran que ellos sólo obtienen comisiones de los negocios en los que participan, en especial con operadores de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Desde 2003 hizo parte de esta sociedad Luis Roberto Rivas, quien pertenece a una de las familias de mayor abolengo de esta capital cafetera. Él se retiro a finales del año pasado de la empresa, pero su hermano y una nueva socia continuaron con el negocio. Para esa época, Integramos empezó a incumplir con sus obligaciones y cundió el pánico entre los llamados 'blancos de Manizales', que son las familias de mayor prestigio de la región. Las cuantiosas sumas se entregaron a la mencionada empresa confiados en el respaldo del apellido Rivas y por la ambición de lograr una rentabilidad de entre el 18 y el 20 por ciento efectivo anual. Más de dos veces de lo que ofrece el sector financiero.

La explicación de la firma es que invirtieron el dinero en Certificados de Depósitos de Mercancía (CDM) con Almagrario y les han incumplido en el pago de los rendimientos. También que negociaron unos descuentos de facturas con una firma arrocera de la que hacen parte reconocidos banqueros, y no les cumplieron por problemas con la cosecha. Los Rivas han buscado conjurar la crisis y ofrecieron a sus deudores colocar parte de sus bienes en una fiducia, mientras se hacen efectivos los pagos esperados. Si eso no sucede, los inversionistas se quedarían con los bienes. Las autoridades evalúan si en las transacciones de Integramos hubo captación ilegal y se espera un pronunciamiento en los próximos días.

En este caso, al igual que en el de la periodista Adriana Arango, una cosa es la voluntad de pagar y otra si se cruzó el límite de la norma. Además, por su impacto en selectos círculos sociales, ambos casos hoy son considerados como una suerte de réplica local de Bernard Madoff, el financista que conmocionó a Wall Street al defraudar multimillonarios de Estados Unidos y España. Al igual que en el caso gringo, los clientes de los Madoff criollos son prestantes miembros de sus sociedades, que aceptaron en silencio mientras les pagaban los abultados intereses.

Gracias a las medidas extraordinarias, en los últimos dos meses se ha logrado atajar 55 operaciones comerciales que a juicio de las autoridades violaban la norma y ponían en riesgo dineros entregados sin mayor control. Tras la intervención con sanciones y multas, llega la Fiscalía, que valorará lo penal. Allí el abanico de posibilidades va desde el simple incumplimiento de una deuda, hasta estafa masiva y lavado de activos, fruto de la captación ilegal.

Durante meses la opinión pública fue implacable con el gobierno. Se le señaló de que no actuaba de forma eficiente ante los evidentes indicios de alerta. Ahora, tras la conmoción interior, está haciendo lo que le corresponde. Y los responsables tendrán que pagar las consecuencias legales de sus acciones. Pero otro es el juicio que le corresponde hacer a la sociedad y en estos casos tendrá que aplicar un claro criterio para diferenciar quiénes cometen errores por desconocimiento de la norma o por mal manejo de sus negocios, y quiénes son unos vulgares timadores.