Los 5 pendientes del Congreso

Juntar política y Justicia en el mismo coctel ha sido la pelea más fuerte del gobierno desde que arrancó el Congreso. El llamado ‘proyecto de reequilibrio de poderes’ es la prioridad en la agenda legislativa del presidente Juan Manuel Santos, y aunque la mayoría de artículos sobrevivieron a la primera vuelta todavía quedan cuatro debates por delante. Esa segunda vuelta, que promete ser difícil, arranca la semana del 23 al 27 de marzo. Mientras puntos como la eliminación de la reelección cuentan con cómodas mayorías y son hoy casi un hecho, otros como la lista cerrada y el tribunal de aforados siguen sin consenso. El pulso está reñido y no todos quedarán contentos.

La historia ha demostrado que no existen fórmulas normativas perfectas. Desde 2004 se han aprobado al menos ocho reformas sustanciales para el sistema de Justicia y ninguna ha sido la solución mágica. La respuesta a estos problemas no solo depende de fortalecer las instituciones, sino de cambiar la cultura de la gente y su antipatía hacia la política. Ese es un reto inmenso para el Estado colombiano y lo más seguro es que esta reforma sea apenas el comienzo. Por eso Foros Semana quiso sentar en la misma mesa a los actores más relevantes del proyecto en el foro ‘Equilibrio de poderes: los expertos opinan’, que se llevó a cabo en Cartagena el pasado 4 y 5 de marzo. En el encuentro discutieron sobre el pulso político que se viene y el enorme esfuerzo que implica pensar cuál es el poder legislativo, ejecutivo y judicial que deberá tener Colombia para enfrentar un eventual posconflicto. Estos son los cinco puntos clave que se decidirán de aquí a junio.

1. Adiós a la reelección

Este parece ser el único tema en el que casi todos los partidos están de acuerdo. El gobierno propone eliminar la reelección presidencial y la de otros servidores públicos elegidos por corporaciones u organismos colegiados, con el argumento de que mantener esa figura genera desajustes institucionales muy grandes y paraliza gobiernos de cuatro años un año antes por estar dedicados al proselitismo político. De hecho, en varias ocasiones el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo ha dicho que la reelección es ajena a la tradición colombiana y es mejor ponerle freno. Sin embargo, al Centro Democrático no le suena esa medida y varios de sus congresistas consideran que es un derecho que tienen los colombianos de premiar o castigar a los gobiernos. Como las voces en contra han sido minoría en esa discusión, desde el tercer debate en la comisión primera de Cámara ya fue aprobado y lo más probable es que así se mantenga.

2. No al voto preferente, sí a la lista cerrada

El proyecto busca eliminar el voto preferente hoy vigente, que permite que los ciudadanos voten no solo por el partido sino también por sus candidatos individualmente. Al final, logran la curul quienes saquen más votos sin importar el orden en la lista. Con la lista cerrada, los ciudadanos solo votan por el partido y los escaños se asignan de acuerdo con el orden en ella. Esa propuesta no ha caído nada bien, sobre todo a los políticos regionales pues sienten que si se elimina el voto preferente las elites de los partidos en Bogotá los dejarían sin cupo, y eso afectaría aún más la representación regional. Es el llamado ‘bolígrafo’. Y a los partidos alternativos que basan su fuerza en el voto de opinión tampoco les convendría esa fórmula pues esos liderazgos individuales quedarían opacados. Sobre este punto el ambiente para la aprobación será difícil, porque muchos congresistas sienten que si dan el sí se estarían afectando a ellos mismos. No obstante, el gobierno no lo ve así y asegura que es la única manera de fortalecer a los partidos y dejar atrás los personalismos. Además, el ministro Cristo aclaró que si se aprueba, solo entrará en vigencia cuando se presente una ley estatutaria que determine los mecanismos de democracia interna.

3. Acabar la Circunscripción Nacional

La propuesta es que 89 curules se elijan por la actual circunscripción nacional vigente y 11 queden libres para que los departamentos de menos de 500.000 habitantes tengan un senador. Frente a este punto las posturas mayoritarias de Senado y Cámara difieren. ¿La razón? Muchos senadores no quieren ceder las curules mientras que para miembros de la Cámara baja de esas regiones se facilita el tránsito a la Cámara alta. Algunos expertos, invitados al foro, creen que esas 11 curules no solucionan el problema de fondo de la representatividad regional. Entre otras porque el tope de habitantes es bajo y deja por fuera departamentos medianos sin senadores. Por otra parte, la oposición del Centro Democrático propone que la circunscripción se mantenga tal y como está.

4. No va más el Consejo Superior de la Judicatura

Esta corte fue protagonista del carrusel de las pensiones y es muy criticada por estar politizada. Así lo aseguró el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, durante el foro: “La judicatura ha quedado expuesta a intereses de la política desde 1991 y hay que resolverlo en un nuevo marco institucional”. El gobierno defiende la idea de que no tiene que existir una alta corte que administre la Justicia. Por eso propone reemplazarla por una sala de gobierno compuesta por un director y dos salas: una judicial y una ejecutiva. La judicial estaría conformada por los presidentes de las cortes y delegados de la rama. La ejecutiva se encargaría de la gerencia y allí también tendrían presencia las tres altas cortes.

Esta es la segunda vez que el gobierno busca eliminar ese alto tribunal. Ya lo había intentado en la reforma fallida de 2012 y esta vez esperan que el ambiente en el Capitolio sí sea favorable. Pero la presión es tan alta que en las últimas semanas hasta se rumoró que algunos magistrados habían hecho lobby a congresistas para frenar el artículo. Con o sin coqueteos, lo cierto es que la eliminación de este consejo es vista por casi todos los partidos como algo positivo y el gobierno espera tener el mismo consenso que logró en la primera vuelta.

5.Tribunal de aforados

La eliminación de la Comisión de Acusaciones es la manzana de la discordia. El gobierno propone que exista un tribunal de aforados conformado por cinco magistrados que investigue al presidente, al vicepresidente, a los magistrados, al contralor, al procurador, al fiscal y al defensor del pueblo. La razón es que desde su creación en 1886 esa comisión no ha sancionado a nadie. Solo dos casos lograron algún avance pero al final se hundieron: los de Gustavo Rojas Pinilla y Ernesto Samper. Hoy la comisión tiene 1.570 denuncias vigentes: 303 contra presidentes, de las cuales 192 son contra Álvaro Uribe, 1.052 contra magistrados y 175 contra fiscales. Todas siguen estancadas y para el gobierno eso es inaceptable. Por eso creen que la solución de los cinco magistrados agilizaría el proceso y le daría una respuesta a los casos que la sociedad tanto reclama. Pero si sobre este punto no había consenso hasta diciembre, el reciente escándalo del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, levantará todavía más ampolla frente a si la propuesta del gobierno es de forma o de fondo. “El tribunal de aforados es el mismo circo pero con distintos payasos”, señaló el senador Armando Benedetti. Otros contradictores, como la representante de Alianza Verde Angélica Lozano, señalan que de nada sirve un tribunal que investigue y no juzgue y que el único aforado debería ser el presidente.

En todo caso el segundo round del reequilibrio de poderes será agitado. Por ahora se sabe que en el gobierno prefieren sacrificar algunos artículos y no la reforma completa. A estas alturas el tiempo es el principal enemigo y solo queda no repetir los errores del orangután de 2012.