¿Y después de las armas qué?

La semana pasada Álvaro Guazá Caravalí empacó en su maleta un par de mudas de ropa, y salió de la habitación que durante casi un año había ocupado en el hotel Puerta de Alcalá de Villavicencio. Miró al cielo y se preguntó qué camino tomar. Ese día terminaron sus funciones en el mecanismo de monitoreo y verificación del proceso de desarme de las Farc, la organización a la que perteneció por más de 30 años. Planeaba presentarse en Bogotá ante el Consejo Político Nacional del nuevo partido para que le definieran su futuro. Pero sabía, en el fondo de su corazón, que de ahora en adelante el porvenir quedaba en sus manos, y que tendría que dar una batalla en terreno desconocido.

Este moreno fortachón de 54 años nació en la costa pacífica caucana, pero vivió la guerra en los Llanos del Yarí. Lo conocían como Kunta Kinte en honor al héroe de la famosa serie de televisión Raíces. Guazá era uno de los coroneles del Mono Jojoy, siempre portaba su fusil de francotirador al hombro y tenía el pecho lleno de pertrechos y granadas. En el bloque Oriental lo temían y respetaban, y conoció como la palma de su mano a quienes hoy se han declarado en disidencia: Gentil Duarte y Rodrigo Cadete.

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Guazá representa, junto a otros exmandos de las Farc, a una franja cuya reincorporación es el mayor desafío para el país. Se trata de 340, tienen más de 48 años, y de ellos 310 son hombres. Tuvieron poder, conocen el oficio de la guerra, y ahora deben reinventar su vida. Si bien muchos tienen formación política y pueden soportar las dificultades de una transición que hasta ahora no parece tener un horizonte claro, los observadores temen que algunos de ellos podrían retornar a la actividad armada. El clima de escepticismo proviene, sobre todo, de la lenta respuesta del gobierno, que en palabras tajantes ellos llaman “incumplimientos”.

Desde Llano Grande en Dabeiba, Antioquia, Omar Gadafi, otro de estos mandos medios, hace un diagnóstico demoledor: “Esto está en el limbo. Hay una desmotivación en toda la base fariana. Y uno se pregunta dónde está el ser maquiavélico que construyó toda esta vaina”. Gadafi tiene 50 años, de los cuales ha pasado 36 en la guerrilla, y, sin embargo, siente que se le está escapando de las manos todo el tiempo invertido en la revolución. “La principal base del nuevo partido es la que acompañó la guerra y si esa base se desintegra, ¿dónde se va a construir? Ese cuento de que allí hay cientos de miles que nos acompañan no es cierto. No podemos ser ilusos. Nosotros movimos mucha gente metiéndole dinero. Ahora no hay recursos para eso”, reconoce con realismo.

El clima empezó a enrarecerse hace un año cuando el Sí perdió el plebiscito y el gobierno y la guerrilla decidieron que los frentes se preagruparían en puntos transitorios. “La gente se preguntaba, ¿esto para dónde va?”, recuerda Guazá. Luego, llegar a unas zonas veredales donde no había nada fue una “tortura psicológica”, según dice. “Era como un chiste: mandaban estufas, pero no había gas. Mandaban refrigeradores para la carne, pero no había energía”.

Guazá conoce los protocolos del cese del fuego al derecho y al revés, y por eso cita de memoria los párrafos por los cuales el gobierno garantizaría la construcción de estas zonas en condiciones de dignidad. Al final, ninguna de ellas estuvo terminada al cien por ciento, y esta semana, cuando se puso fin al mecanismo de verificación del desarme, recibieron la noticia de que hasta aquí llegaba el gobierno con el pago de agua, luz, gas y todos los servicios básicos en las zonas de reincorporación. Ahora todo dependerá de que cada quien ponga sus 600.000 pesos, el estipendio que por dos años recibirá cada combatiente, para sobrevivir. Muchos prefieren irse y muchas zonas son ahora pueblos fantasmas.

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Guazá no oculta el estupor que le causa encontrarse con los guerrilleros que esperan de él, como exmando, una respuesta sobre su futuro. Respuesta que él no tiene. A su juicio el momento más crítico, donde se quebró la fe de muchos combatientes en el proceso, llegó el 27 de junio cuando en Mesetas, Meta, se cerró el último contenedor con las armas. El gobierno celebró orgulloso, pero en muchos de los miembros de las Farc este fue un triunfo amargo. “¿Cómo así que nosotros entregamos las armas y en esa zona veredal no había ni una estaca?”, se pregunta el propio Guazá.

Rubín Morro, otro de los delegados por la exguerrilla al mecanismo de monitoreo, reconoce que ese día se le salieron las lágrimas al despedirse de los fusiles, al tiempo que leía que acababan de matar a uno de los indultados. Muchos guerrilleros aún sin cédula, sin bancarización, con órdenes de captura vigentes sintieron que con esas armas se iba el último recurso que tenían para que el gobierno les cumpliera. Eso ha roto la cohesión que durante estos años se mantuvo bastante fuerte. “Hay una incertidumbre que cala hasta en los huesos”, dice Francisco González, conocido en la guerra como Pacho Chino, uno de los jefes de las Farc en el occidente del país, alzado en armas desde 1977 y cercano a los 60 años.

“Si nosotros somos transformadores sociales, si dejamos los fusiles y certificamos que no vamos a volver a delinquir, ¿por qué no nos dan la oportunidad de trabajar si lo único que necesita el guerrillero es un pedazo de tierra?”, se pregunta Guazá, quien afirma que sus compañeros del mecanismo de monitoreo se fueron a cosechar café y que muchos guerrilleros se han convertido en jornaleros para poder sostener a sus hijos recién nacidos.

En las bases algunos culpan a sus jefes por haber sido demasiado apresurados o de estar pensando solo en ellos. Gadafi, por ejemplo, es duro: “Me da tristeza que esta dirigencia esté traicionando el ideario de Marulanda y de Jacobo, porque siempre llamaron a la unidad y ahora hay división. Yo veo que pesa más lo personal que lo colectivo”, dice.

Pero el desarme en los tiempos pactados tuvo razones de fondo. El desgranamiento se veía inevitable, y los jefes de las Farc entendieron que era mejor hacerlo de una vez y reclamar coherencia del gobierno con la voz y no con los fierros. Además, enviar el mensaje político de que por encima de todo ellos estaban cumpliendo. Gran parte del problema, según Guazá, fue lo rápido que ocurrió todo. “Un verdadero ‘fast track’”, dice. “Nos ha salvado la formación política y que estamos convencidos de que la guerra no va más. Estas dificultades no nos van a dar escalofríos”.

En Bogotá, en un barrio residencial de casas amplias, está Rubín Morro, hoy conocido por su nombre, Martín Cruz Vega. Duerme en un hostal mientras termina de contribuir a la extracción de las 200 caletas que faltan. Después de eso, no tiene muy claro su futuro. Cruz estaba hace 40 años en las Farc y llegó a pertenecer a la dirección del bloque José María Córdoba, en Urabá. Se alzó en armas siendo niño cuando su padre, un marquetaliano que peleó junto a Marulanda durante 25 años, se lo llevó al monte. Fue uno de los mandos que más tiempo pasó en La Habana y eso le abrió un horizonte inesperado. “Antes creía que mi único destino era la guerra”. Reconoce que esa estancia le permitió hacer una transición mental que otros no han hecho. “Me abrió la cosmovisión” asegura.

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Uno de los paradigmas con los que se mueve el gobierno para la reincorporación es que los guerrilleros vuelven al seno de sus familias. Pero como dice Cruz, los que superan los 50 años ya no la tienen. “Mis hermanas son todas madres solteras, están en la olla y esperando que yo las ayude”. Con los 600.000 pesos que le da el gobierno como estipendio, apenas compró un par de zapatos, pagó un celular y sacó el pasaporte. La vida civil le ha permitido desplegar un talento cultivado en la manigua: el de poeta y escritor, pues ahora no da abasto con las invitaciones a festivales de poesía. “Escribir es mi plan B si es que el partido no me resuelve la situación”.

Cruz está convencido de que las demoras en la reincorporación son una estrategia pensada para diluir a la otrora guerrilla y sabotear la capacidad del nuevo partido. Aun así cree que si se suma lo bueno y lo malo, el balance es positivo. “Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, pero que aún hoy haya gente que la detienen cuando sale a la calle, le daña la cabeza a más de uno”. Esas dificultades tampoco arredran a González, quien está seguro de que cuando los proyectos empiecen a andar, la gente va a volver a las zonas. “Pero se nos ha duplicado el esfuerzo”, dice.

Cada uno a su manera empieza a definir su futuro. Hace unos meses Guazá se tomó la licencia de viajar, por tierra y de incógnito, a su tierra natal. Se dio un baño de música en el Festival Petronio Álvarez en agosto y recorrió la zona minera del Cauca. Un sobrino suyo fue uno de los enviados a Cuba a estudiar medicina, y a cambio, el joven le dejó su cuarto, con cama y armario incluidos, en Cali. Así ya tiene resuelta por lo menos la dormida. “Le voy a dedicar mi vida a la gente que más me necesita, la que ha sido ultrajada, desconocida, la del perfil más bajo, que son las negritudes”. Y recuerda que en ese viaje encontró a su pueblo en escombros. El paso de la guerra fue una catástrofe para su gente. Vino aterrado de ver a las mujeres barequeando con aguas llenas de mercurio hasta la cintura. “Sueño que el partido me mande al Pacífico a seguir luchando. En cualquier caso mi decisión está tomada. Lo que se pudo lograr se logró y los acuerdos hay que apoyarlos”, dice.

Cruz, por su parte, también logró enviar a su hija a Cuba. La niña, hija de una guerrillera, nació en 1987, y cuando tenía dos meses, los paramilitares secuestraron y asesinaron a la madre. La bebé terminó en un hogar del ICBF en un pueblo a orillas del río Magdalena de donde Cruz la sacó en medio de un operativo militar. La llevó al monte, pero se dio cuenta de que no la podría tener allí. “Yo sentía que se me iba a desbaratar”, recuerda. Entonces la entregó a una familia de amigos en Bogotá, que la acogieron con una condición: llevaría los apellidos de la familia adoptiva y no los de Cruz. Solo en 2014 él pudo encontrarse con ella en La Habana, pero hubo un choque emocional fuerte para ambos. Aunque se supone que pasarían dos semanas juntos, ella a la semana decidió irse y dejaron de hablar un año, al cabo del cual la joven se acercó de nuevo y le dijo que estaba preparada para entablar por fin una relación. Cruz dice que lamenta nunca haberla llevado a la escuela de la mano ni haberle cambiado un pañal. Desea vivir eso ahora cuando el amor le llegó por primera vez en su vida, con una civil.

Los reencuentros familiares no son fáciles. Francisco González, de casi 60 años, lleva 40 en la guerrilla. Aunque de origen urbano, de Cali, ha pasado dos terceras partes de su vida en el monte. Toda su familia está en el exilio, pues al haber sido él uno de los guerrilleros más buscados del país, siempre los persiguieron. También está a la espera de que el nuevo partido le asigne una tarea. El martes pasado, cuando le notificaron que finalizado el mecanismo de monitoreo tenía que salir del hotel donde estuvo el último año, se fue a pasar la noche donde un amigo. Pero esas son soluciones temporales. Sin embargo, González no se arredra: “Vamos a superar esta crisis y eso nos hará más fuertes”, afirma, convencido.

Cruz, por su parte, no quiere volver al monte, sino ocasionalmente. “Viví 40 años en la selva, ya no más. Quiero vivir en medio de la civilización, la cultura y la ciencia”. Por ahora escribe tres horas al día y sueña con estudiar literatura. “A pesar de todo vamos por buen camino. Nosotros hicimos el mejor acuerdo posible. El que representa una realidad. No se pudo más”, dice.

Él, al igual que Guazá, González y muchos otros, tiene puesta su fe en que la segunda misión de la ONU, que empezó esta semana, presione al gobierno para que cumpla con lo acordado en materia de reincorporación económica, social, y en cuanto a garantías de seguridad física y jurídica. Menos optimista se muestra Gadafi, quien asegura que si esto no se resuelve rápido, muchos mandos medios volverán al monte: “Eso es lo que hay que tratar de parar”.