MANOS LIMPIAS

En el sentido estricto de la palabra, la operación 'Manos Limpias' se inició en el amanecer del 22 de abril de 1992 cuando varias escuadras de carabineros italianos recorrieron las calles de Milán para notificarles a ocho empresarios, responsables de importantes sociedades de construcción y de otras empresas proveedoras de la administración pública, las órdenes de captura en su contra. Todos ellos fueron llevados a la cárcel de San Vittore, acusados por corrupción. Manos Limpias fue el nombre en código del operativo ordenado por la Procuraduría de Milán y utilizado por los carabineros para comunicarse vía radio.Un mes después fue arrestado Mario Chiesa, presidente de una antigua institución de beneficencia de Milán, el 'Pio Albergo Trivulzio', sorprendido mientras recibía una comisión por parte del titular de una empresa de limpieza. Mario Chiesa era conocido por su estrecha amistad con el honorable Bettino Craxi -secretario general del Partido Socialista, ex primer ministro y líder indiscutible de la política italiana en los años 80-, razón por la cual el caso causó mucha polémica. Craxi minimizó el hecho y definió a Chiesa como un 'mariuolo' (bribón), fórmula que se volvió proverbial al hablar del empresario. Todo esto ocurrió en un momento político en el cual la opinión pública aún estaba muy concentrada en comentar los resultados de las primeras elecciones políticas después de la guerra que mostraron un declive de los partidos tradicionales -la Democracia Cristiana y el Partido Socialista- sobre todo en los sectores de Milán y el norte de Italia.
La forma como transcurrieron las cosas hizo que la operación Manos Limpias se percibiera como una dramática e impresionante novedad. Es cierto que en Italia por más de 40 años hubo muchos escándalos y de vez en cuando se presenció el arresto de personas muy influyentes: banqueros, funcionarios públicos y políticos locales. También es cierto que la corrupción era un tema de la cotidianidad de los italianos, y en particular se sabía que por los grandes contratos con el Estado y las entidades públicas casi siempre se pedía una tajada grande. Aparentemente la Italia de 1992 había conocido todo lo relacionado con la corrupción. Sus más importantes periódicos con frecuencia publicaban caricaturas de los principales líderes políticos con los bolsillos llenos de dinero, o vestidos a la manera de los gangsters.A pesar de estos antecedentes en los días siguientes al 22 de abril de 1992 la opinión pública comprendió inmediatamente que los arrestos de los empresarios eran un asunto mucho más delicado. Una novedad: La detención preventiva de los empresarios cuestionados, como era el caso de Mario Chiesa, se proyectaba como una situación destinada a perdurar. La prensa publicaba artículos sobre aquellos nuevos huéspedes de la cárcel de San Vittore y sobre un pequeño grupo de empresarios que cada día se agrupaban en el cuarto piso del Palacio de Justicia, frente a la oficina de Antonio Di Pietro: aquellos empresarios, que iban acompañados por los mejores abogados de la ciudad, hacían fila para confesar que habían sobornado a intermediarios y políticos. Después de la redada del 22 de abril de 1992 hubo muchas otras en el transcurso del resto de año. Antes del verano fueron incriminados el alcalde y el ex alcalde de Milán. Luego empezaron a pedir autorizaciones para proceder en contra de los miembros del Parlamento.
La operación Manos Limpias se extendió a las ciudades más importantes de Italia. Se iniciaron manifestaciones públicas de apoyo y los nombres de los jueces, sobre todo los de Milán, fueron de dominio público. En los muros de Milán aparecieron frases de apoyo al juez Antonio Di Pietro, a Colombo, que era el otro funcionario del Ministerio Público, y al jefe de la Procuraduría, Francesco Saverio Borrelli. La continua sucesión de arrestos a empresarios y políticos locales se registraba con una satisfacción unánime. El hecho de que las personas detenidas fueran liberadas sólo después de haber rendido una amplia confesión de los hechos era visto como algo conforme a la ley y adecuado a la gravedad del fenómeno de corrupción. Sobre todo, era algo útil para el desarrollo de las investigaciones. Si todo se hubiera quedado ahí, los hechos serían relativamente fáciles de describir. Sin embargo, como era natural, a partir del año siguiente el efecto de luna de miel se derrumbó. Durante el mes de abril de 1993 el Parlamento rechazó clamorosamente la solicitud de autorización para proceder en contra de aquellos que hasta ese momento habían aparecido como los protagonistas del sistema ilegal: el secretario del Partido Socialista, Bettino Craxi, y el secretario administrativo de la Democracia Cristiana, Severino Citaristi. En el verano de 1993, cuando varios de los participantes en la investigación estaban por descubrir casos muy graves de corrupción que involucraban directamente a la cúpula política nacional, dos importantes protagonistas de los hechos de la investigación se suicidaron, uno en la cárcel, el otro poco tiempo antes de que le notificaran una orden de captura.
A partir de ese momento Manos Limpias se convirtió en un símbolo de la contradicción. Los hechos judiciales se cruzaron con los acontecimientos políticos y la actitud hacia los magistrados encargados -de apoyo incondicional, prudente distancia o agresión declarada- terminó por convertirse en un elemento de señalización política.Después de las elecciones de 1994 y la victoria de la derecha, el mismo gobierno -presidido por Silvio Berlusconi- asumió actitudes de crítica radical hacia la acción del Ministerio Público, sobre todo el de Milán, y se estudiaron modificaciones a las normas para contener el poder de los órganos inquisidores. Todo esto mientras el mismo Berlusconi, con gran desconcierto por parte de la opinión pública, era incriminado por corrupción.En el transcurso de 1995, en presencia de una nueva y precaria mayoría parlamentaria, el ministro de Justicia de aquella época -un alto magistrado en retiro, quien declaraba no formar parte de ningún movimiento político- iniciaba una intensa actividad de confrontación y de censura hacia varios magistrados. Se empezaron a desarrollar múltiples procedimientos disciplinarios y varios funcionarios del Ministerio Público fueron sometidos a investigaciones penales por delitos como abuso de autoridad, complicidad y falsedad.Aparentemente, de estos últimos hechos no quedó nada o casi nada. Sin embargo también hacen parte, en su totalidad, de la historia que estamos contando. En efecto, solamente ahora que la operación Manos Limpias -entendida como una actividad permanente de investigación sobre la corrupción- ha pasado por tantas etapas diferentes y tan dramáticas para todos sus protagonistas (los empresarios, los políticos, los administradores públicos, los mismos jueces que construyeron los procesos), se puede hablar en forma neutral de todo lo ocurrido y es fácil detenerse sobre los aspectos más relevantes para describir el caso más allá de las falsas lecturas o de las afirmaciones erradas ligadas al momento.
Los casos judiciales
Antes de que existiera Manos Limpias circulaban en los periódicos y en otros medios de comunicación caricaturas grotescas y disfraces inmorales de la clase política y de la administración pública. Sin embargo Manos Limpias es un asunto distinto. Se trata de casos judiciales, que son algo muy diferente a las campañas de la prensa sobre escándalos reales o presuntos o a las denuncias -sin importar qué tan lúcidas sean- de escritores e intelectuales.
Si bien desde el principio de Manos Limpias los jueces de Milán fueron presentados por algunos comentaristas como personas descuidadas que improvisadamente y por motivos poco claros habían decidido abrir los ojos sobre la corrupción y en general sobre los delitos de la clase burguesa, la verdad es distinta. En los tribunales de Milán durante todos los años 80 hubo procesos en contra de importantes empresarios y políticos locales, banqueros de rango y funcionarios públicos corruptos.
Personas que en muchos casos figuraron nuevamente en las investigaciones de Manos Limpias.
Los procesos guía fueron realmente por bancarrota. Más que en los casos de corrupción, en los cuales los presuntos responsables se presentaban al debate con un prestigio social aún intacto, la indagatoria y los procesos a los empresarios quebrados fueron difundidos más ampliamente porque los acusados llegaban al juicio con una posición social y económica muy comprometida, involucrados en irregularidades financieras y contables más fácilmente comprobables y preocupados por su libertad personal.Precisamente en las investigaciones judiciales sobre la quiebra de dos bancos, la Banca Privata Italiana de Michele Sindona y el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, el sistema político financiero demostró aspectos sorprendentes de ilegalidad. Ha pasado más de una década y el juicio se puede condensar en pocas palabras. Sólo basta con recordar que a Calvi lo encontraron ahorcado bajo un puente en el río Támesis, en Londres, luego del inicio de la indagatoria. Que Sindona murió, al parecer por suicidio, en una cárcel y poco antes de su muerte había sido acusado del homicidio del contador del banco. Que detrás de Calvi se movía una logia masónica secreta llamada P2 de Lucio Gelli y que cerca de Sindona hay pruebas de la presencia de la mafia.Pero lo que más cuenta para nuestros propósitos es que Calvi y Sindona habían constituido a través de sus bancos _el Banco Ambrosiano era de particular prestigio_ circuitos financieros ocultos en los canales off shore, los depósitos fiduciarios en el exterior, las 'cajas chinas' de Sindona y los préstamos millonarios distribuidos por el Banco Ambrosiano a través de sus sucursales en el exterior, por ejemplo el Banco Ambrosiano Andino en Managua. En síntesis, manejaron enormes masas de dinero fuera de la transparencia del balance, totalmente sustraídas a los controles del sistema bancario. A pesar de que en Milán 'todo se sabía', los procesos de corrupción, lo repetimos, no eran capaces de despegar. En los años 80 no existía todavía en la Procuraduría de Milán un grupo de magistrados dedicado exclusivamente a este tipo de casos. Había investigaciones esporádicas, pero en realidad muy prudentes. Pero, una vez más, de las investigaciones sobre quiebras surgió información concreta de la dimensión del problema y sobre las formas de manifestarse y salió a relucir un hilo conductor que llevó hasta las investigaciones de 1992, lo que constituyó por mucho tiempo la principal directriz del desarrollo del proceso.

Los contratos públicos
Al hablar de contratos públicos me refiero a las grandes construcciones, el suministro de material y servicios a la administración pública. Hablo sobre algunas entidades como el Metro de Milán, que es una empresa de propiedad de la ciudad, y de Enel, un organismo público que asumió el control de la empresa de energía eléctrica después de su nacionalización en los años 60.
La Metropolitana y Enel son hoy en Milán sinónimo de procesos monstruo, con numerosos acusados que en su mayoría fueron reconocidos como culpables o condenados por los tribunales. Metropolitana y Enel aparecen ya en los años 80 en un proceso de quiebra de la empresa Construcciones Icomec.Es decir que cuando Mario Chiesa, en febrero de 1992, fue arrestado in fraganti mientras recibía una comisión por parte del titular de la empresa de limpieza, la Procuraduría ya disponía de un background bastante extenso, que le permitiría proceder en la comprobación de los hechos con una rapidez sorprendente.Chiesa no es un empleado público corrupto, ni un político cualquiera. Es un manager público, una persona bien colocada en su partido -el Partido Socialista- y en la cúspide de una empresa pública. En este sentido, es una figura que en el mecanismo de intercambio ilícito asume un papel de bisagra entre el mundo de los empresarios y el de los políticos locales. Es también una figura estructuralmente débil. No se puede presentar como víctima, como los empresarios que admiten haber pagado, pero sostienen que fueron obligados. Pero tampoco funcionan con él los sistemas de protección derivados de la solidaridad de los otros que pertenecen al mismo grupo político ni las defensas de tipo jurídico que formalmente inhiben la apertura de una indagatoria sin previa autorización del órgano político al que pertenecen.
Por lo tanto Chiesa decide revelar que otros empresarios le han consignado sumas de dinero para conseguir contratos u obtener condiciones favorables en las licitaciones con las empresas públicas donde internamente él ejercía mucha influencia.
Se llega así a los arrestos en abril de 1992. Y aquellos empresarios, que a su vez habían obtenido numerosas comisiones en el transcurso de los años por parte de varias empresas públicas, revelan a qué entidades y por cuales contratos consignaron sumas de dinero, quiénes eran los intermediarios de los pagos -dicho con terminología común, 'recolectores'- y a nombre de qué partidos políticos se estaban moviendo.
Corrupción y financiación de los partidos políticos
Con base en este esquema la corrupción en la zona milanesa se convierte pronto en un fenómeno de tipo político-administrativo y no simplemente administrativo. En efecto, el dinero ofrecido por los empresarios muchas veces toma rumbo a las secretarías ciudadanas de los partidos más importantes y llega hasta los niveles más altos, las secretarías nacionales. Todo hecho de corrupción está relacionado con una financiación ilegal.El caso de la Metropolitana Milanesa es probablemente el más claro porque es uno de los más antiguos y consolidados. Cada comisión implicaba un desembolso por parte de la empresa, o con frecuencia por parte de una asociación de empresas. En este segundo caso había una guía del grupo que se encargaba de pagar por parte de todos los empresarios. El dinero lo recogían siempre las mismas personas, fiduciarias de los partidos más importantes, y se les consignaba parte a los jefes políticos locales y parte a los nacionales. Primero se pagaba el 3 por ciento y luego el 4 por ciento sobre el valor de la comisión. Los porcentajes que le correspondían a cada partido eran fijos. Quienes recogían materialmente el dinero a veces eran varios fiduciarios, a veces uno solo de ellos que luego se encargaba de consignar el porcentaje establecido a los fiduciarios de los otros partidos.Todo esto aparentaba ser natural y todos los partidos de cierta importancia participaban en la distribución. En el sistema metropolitano inclusive pasaba que el fiduciario democristiano recogía la plata de parte del Partido Comunista y después con un espíritu fraternal se dividía el botín.La relación entre corrupción y financiación ilegal de los partidos se ratifica a través de la ampliación de la investigación a ciertas empresas públicas de dimensión nacional. En un determinado momento muchos empresarios -sobre todo aquellos en la cúspide de grandes grupos a nivel nacional- empiezan a demostrar la existencia de un canal constante de financiación de los partidos, independiente del otorgamiento de contratos o de otro tipo de comisiones. Se paga sin ninguna contrapartida sólo para quedarse en el club exclusivo del gremio empresarial protegido por el poder político. Estas contribuciones financieras ocultas se vuelven una especie de 'abono' a los partidos.Es más o menos en este punto que el líder político nacional más comprometido en el plano judicial, el honorable Bettino Craxi, declara en el Parlamento con arrogancia que aquello que los funcionarios del Ministerio Público de Milán dicen haber descubierto efectivamente ocurrió. Vale la pena volver sobre sus palabras, pronunciadas en la Cámara de Diputados el 3 de julio de 1992. "En este recinto de frente a la nación pienso que se debe usar un lenguaje que se distinga por su máxima franqueza. Primero que todo hay que decir la verdad sobre las cosas y no esconderse detrás de palabras nobles, de circunstancias que con frecuencia y en algunos casos tienen todo el sabor de la mentira. Se ha difundido en el país, en la vida de las instituciones y de la administración pública, una red de corrupciones grandes y pequeñas que señalan un estado de creciente degradación de la vida pública... Los casos son de diferente naturaleza, con frecuencia rayan con la mala vida y a veces se presentan con características particularmente odiosas de inmoralidad... a la sombra de una financiación irregular de los partidos.... florecen y se entrelazan casos de corrupción y complicidad que como tales han sido definidos, tratados, probados y juzgados. Sin embargo, por otra parte hay que decir algo que todos saben muy bien, y es que gran parte de la financiación política es irregular o ilegal... si gran parte de este argumento se debe considerar como materia puramente criminal, entonces gran parte del sistema sería un sistema criminal...".Han pasado exactamente cuatro años y la persona que pronunciaba aquellas palabras está hoy escondida en Túnez y condenada en diversos procesos a aproximadamente 20 años de cárcel. A pesar de esto hay que reconocer su claridad intelectual y su falta de hipocresía. Sin embargo también hay que evaluar qué tan grande es el riesgo de que se le esté dando un contexto superfluo a un asunto ilegal.El lazo entre corrupción política y financiación ilegal de partidos es ciertamente un fenómeno muy presente en el escenario italiano y, como hemos dicho, constituye un fenómeno mucho más evolucionado que el viejo do ut des entre funcionario privado y empleado público.Pero este no es el quid del asunto ni la verdadera esencia del problema ilegal. Hay que decirlo con más claridad, porque un lugar común puede terminar por mitificar la realidad si se toma demasiado en serio. La corrupción de la Italia de la posguerra no nace ni se desarrolla para financiar la política. La corrupción financia la política porque el mantenimiento de las condiciones políticas existentes constituye una garantía de estabilidad para los intercambios ilegales. En pocas y simples palabras: quien roba financia al político porque éste le permite seguir robando.

Muchos datos confirman la realidad sobre este enunciado. Primero que todo una consideración económica elemental: después de poco más de un año de investigaciones se descubrirá que los partidos más involucrados en la ilegalidad, aquellos que deberían estar llenos de disponibilidad patrimonial, están en cambio a un paso del desastre financiero, despidiendo a funcionarios y vendiendo sedes. En muchos casos se afirma que los responsables de la administración de los partidos -los secretarios administrativos- están detrás de las cuentas millonarias en el exterior repartidas por todo el mundo y que los intermediarios y a veces los mismos políticos dicen estar actuando a nombre de la organización.
Pero, más que los argumentos, lo que cuentan son los hechos. La ampliación de las investigaciones consiste en demostrar que la corrupción en una amplia medida es independiente de las exigencias de la financiación política. Es el descubrimiento de nuevas ramas de criminalidad administrativa y sobre todo la constatación de que hay sistemas de corruptela aún operantes a pesar de la caída de los partidos tradicionales.
Particular impresión causó el descubrimiento de que también la llamada Cooperación Internacional, a favor de los países en vía de desarrollo, había propiciado un inmenso enriquecimiento de las empresas que participaban en proyectos de cooperación y de los intermediarios que, tanto en Italia como en los países beneficiarios de la ayuda, cuidaban de los intereses de los proyectos. Se constató además que para obtener financiación también se pagaban comisiones. En la investigación resultaron involucrados directamente funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir el sector más prestigioso y mejor pago de la burocracia italiana. El escándalo llegó a tocar la cooperación en América Latina, Africa, algunos países del Asia y Europa occidental.Estoy obligado a hablar muy por encima -aunque haya sido para mí la experiencia más importante y dramática de estos últimos años- de uno de los casos judiciales que literalmente ha sacudido la entidad pública italiana económicamente más importante: la petrolera ENI, un coloso empresarial que constituye un orgullo de nuestro país y que fue administrado durante 15 años como si fuera la casa de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Custodiada como si fuera una vaca de su propiedad, que garantizaba a los dos partidos, a través de sociedades exteriores del grupo, un flujo constante de enormes financiaciones ilegales y utilidades igualmente grandes para los políticos, los administradores de la entidad que servían de intermediarios en los negocios más importantes del ENI con grupos empresariales privados.Para uno de estos negocios, una joint-venture que debería haber reunido a la industria química italiana en un único ente público-privado llamado Enimont, fueron descubiertos flujos ocultos de dinero, provenientes del socio privado Montedison, por una suma total equivalente a 100 millones de dólares. Una inmensa comisión destinada a garantizar cerrar el negocio en favor del socio privado. Parte de esta suma terminó en manos de los líderes políticos de la mayoría en el gobierno y de los administradores del ENI. La otra parte se repartió entre un cierto número de intermediarios y fue manejada a través de los canales off shores. En muchos casos se ignora cuál fue el destino final.
Los principales responsables de estos acontecimientos, como recordábamos en un principio, se suicidaron. Uno de ellos, el director general del ministerio que controlaba el desarrollo del operativo, fue encontrado en un campo cerca de Roma.
Pasado y presente
¿Es Italia hoy un país libre de la corrupción? ¿Hubo una ruptura con el pasado o, según nuestra antigua tradición, se cambió todo para que quedara como antes? Comencemos por la paradoja de Armanini. Esta persona, un asesor de los cementerios generales de Milán, ha sido hasta ahora el único condenado de Manos Limpias que está en la cárcel pagando una sentencia definitiva. Para tranquilidad de todos puedo añadir que desde hace un par de meses pasa todo el día fuera de la cárcel trabajando en un anticuario.Las estadísticas de Manos Limpias dicen que cientos de personas han sido condenadas o han cumplido con una pena. Se trata sin embargo de penas declaradas y suspendidas, es decir, sanciones puramente simbólicas. Se consignaron al Estado por parte de corruptos y corruptores a título de resarcimiento algunos millones de liras, pero la suma de las comisiones y de los fondos públicos robados es mucho mayor. Un importante jurista italiano decía que para algunas personas el mismo proceso constituye una pena. Empiezo a creer que quería decir que la pena de esos individuos debería terminar ahí.Alguien podrá percibir en estas observaciones una especie de exaltación de la prisión, entendida como único elemento de higiene en la sociedad. En realidad no existe, entre las creaciones de la ingeniería social, un instituto más repugnante y arcaico que la cárcel. Pero es oportuno decidir, una vez por todas, si los estados deben continuar con la política del doble carril: cárcel para los pobres y sanciones simbólicas para los ricos.
El crecimiento a nivel internacional del interés por el problema de la corrupción indica claramente que es evidente para todos que se trata de un fenómeno destructivo de las reglas democráticas, morales y económicas. Es necesario colocar además en el centro del discurso una cuestión fundamental: el problema de la efectividad de la intervención jurídico-penal frente a la corrupción. En la dimensión interna, racionalizando el sistema del delito y el de la pena, asegurando al procedimiento penal la función de tutelar los derechos de la persona y no la de garantizar la impunidad. En la dimensión internacional se deben armonizar los ordenamientos penales para garantizar una cooperación judicial eficaz y cerrar la vía de escape a través de los paraísos fiscales. De nuevo, ante todo está el conocimiento efectivo de la realidad de la corrupción. Al menos, así ninguno podrá seguir engañándose con fórmulas vagas y proclamas retóricas.