RELACIONES INTERNACIONALES
Canciller se reunió con miembros de la CIDH por caso Petro
En el encuentro se explicó cuál fue la posición del Gobierno al descartar las medidas cautelares de la CIDH.
1 de abril de 2014
Este martes la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, sostuvo una reunión con todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir cuál fue la posición que adoptó el Gobierno en el momento que decidió descartar la solicitud del organismo para que se reevaluara la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
En el comunicado emitido por la Cancillería se manifiesta que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer y profundizar el diálogo entre este organismo internacional y el Estado.
"Se aprovechó este espacio para explicar en detalle la posición del Gobierno frente a la reciente solicitud de medidas cautelares que hiciera la Comisión a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y reiteró la disposición del Gobierno de seguir atendiendo las inquietudes que surjan en esta materia, así como el compromiso de Colombia con el Sistema Interamericano" puntualiza el comunicado.
La reunión se llevó en Washington y participó el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH.
A mediados de marzo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, le solicitó al Estado colombiano que protejiera con medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Eso impedía que fuera destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Horas después el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Así, el jefe de Estado hizo caso omiso a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares.
A mediados de marzo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, le solicitó al Estado colombiano que protejiera con medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Eso impedía que fuera destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Horas después el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Así, el jefe de Estado hizo caso omiso a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares.
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