La mano dura de Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez recibió a Medellín con la cifra de homicidios más baja de su historia y, por otro lado, con una percepción de inseguridad altísima. Y es que a pesar de que el número de muertos en actos violentos ha venido disminuyendo, en los últimos años delitos como el hurto, la extorsión y la venta de alucinógenos se han vuelto incontrolables. Decidido a recuperar espacios públicos y a superar las positivas y cacareadas cifras, el alcalde se lanzó a las calles con un operativo que ha llegado primero al centro y ya le valió una amenaza de muerte.

A algunos comerciantes de esa zona no les entró muy en gracia que se aplicara el Código de Policía en lugares públicos, por lo que ahora no se puede vender licor ni consumir drogas en parques, empezando con el tradicional parque de Berrío, la plaza Botero y el parque Bolívar. Los operativos, que empezaron con arreglos de fuentes, pisos y paredes, derivaron en un barrido de los negocios ilegales que terminó en un fuerte descontento entre los vendedores. La prohibición también derivó en protestas ciudadanas como una ‘tomatón’ en Carlos E. Restrepo, un lugar neurálgico donde el comercio y apartamentos residenciales conviven rodeados de consumo de alcohol, marihuana y música a altos volúmenes.

Gustavo Villegas, secretario de Seguridad, se pregunta cómo no se intervino antes un lugar como el parque de Berrío, cuando el 50 por ciento de los hurtos del centro ocurren allí, “es ahí cuando uno tiene que establecer el orden y tomar medidas que no son de la complacencia de todo el mundo”. Los hurtos en el centro se volvieron tan graves que, entre septiembre de 2012 y septiembre de 2015, solo en el parque de Berrío subieron más de un 1.000 por ciento, pasando de tres denuncias diarias a 38, “y estamos hablando solamente de las denuncias, póngale que los hechos se puedan subir diez veces más”, dice Villegas.

La estrategia no tiene muy contentos a los capos de las Convivir, que desde los noventa se acostumbraron a recibir aportes de los comerciantes a cambio de seguridad. Por eso, sumadas a la delincuencia y a vendedores ilegales de droga y alcohol, estas bandas hacen parte del tinglado que tiene amenazado al alcalde.

Pero los problemas con la autoridad no se quedan en los lugares públicos. Gutiérrez le metió mano a Barrio Triste, en donde se encuentran las ollas más grandes de Medellín y que el anterior alcalde, Aníbal Gaviria, no pudo atender. De hecho, en abril de 2013, el presidente Juan Manuel Santos ordenó demoler las ollas y se generó una situación social más impresionante a la vista: cientos de personas terminaron viviendo a la orilla del río.

Cerca de la Plaza Minorista aparecieron hombres y mujeres que se pasaban las horas consumiendo, y proliferaron atracos y violaciones que no pudieron ser atacados por la Alcaldía. A pesar de las amenazas, Gutiérrez cambió el enfoque y apareció en el sector con una móvil con atención psicosocial que presta servicio las 24 horas.

Gutiérrez se metió de frente con una de las plazas más grandes de la ciudad, donde tres grupos que tienen las ventas de bazuco se distinguen por ofrecerlos en papeles amarillos, azules y rojos y en donde viven buena parte de los 3.250 habitantes de calle que habitan la urbe.

Calculan expertos que las rentas que deja el centro por cuenta del comercio de drogas ilegales pueden ser de más de 1.000 millones de pesos al mes, y que la posibilidad de que esa cifra disminuya es la razón por la cual el crimen ha retomado una actitud amenazante. Mientras tanto, dice Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social y Familia, en la zona ha aparecido una nueva droga que hacen llamar ‘la Azul’, una mezcla entre heroína y bazuco, una bomba que busca más adictos, más rentas y más control.

Con la avanzada, se prevé que el crimen muestre los dientes y repunten los homicidios por venganzas. “No daré mi brazo a torcer”, dice Gutiérrez.